El enésimo intento de venta del aeropuerto de Ciudad Real tampoco ha fructificado después de que Rafael Gómez Arribas, responsable de la empresa adjudicataria –Ciudad Real International Airport SL- haya abandonado una notaría ubicada en el centro de la capital asegurando a los periodistas que «no se ha podido firmar».
Gómez Arribas, visiblemente serio, no se ha detenido a dar más explicaciones a los periodistas, a quienes ha remitido a una rueda de prensa que, previsiblemente, ofrecerá en la tarde de este jueves y servirá para aclarar qué ha sucedido para que no se haya completado el proceso de compra en el último día de la segunda ampliación de plazo que les concedió el juez a comienzos de abril.
A la espera de conocer esos detalles y de la respuesta que pudiera ofrecer el juzgado mañana o a comienzos de la próxima semana, lo que es cierto es que en el último auto el juez Carmelo Ordóñez, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ciudad Real y de lo Mercantil, ya alertaba de que si no se pagaban los 58 millones de euros que quedaban por abonar y se firmaban las escrituras, CRIA perdería lo aportado hasta el momento –unos 7 millones de euros del aval y de los gastos de mantenimiento de la infraestructura durante dos años–.
En el caso de que no haya pago, o al menos la verificación debidamente constatada de la transferencia del precio y la firma de la escritura, «se dará por finalizado el proceso de venta actual con la pérdida de todas las cantidades entregadas por la compradora y la consiguiente obligación de pago de las cantidades que se adeudan a esa fecha la compradora», indicó el juez en su último auto.
En su momento, la empresa aseguró que el retraso se había debido a «cuestiones relacionadas con el cumplimiento normativo en las transacciones internacionales y la coincidencia de las fechas festivas», lo que les llevó, de común acuerdo con la administración concursal del aeropuerto, a pedir al juez esa segunda ampliación el pasado 18 de marzo.
