jueves, 21 noviembre, 2024

Quedan 20 días para que entre en vigor el nuevo Consejo Regional de Consumo

En concreto, se adecúa la participación de las organizaciones representativas de los consumidores y usuarios, se actualizan las representaciones de la Administración Regional y se añaden otras vocalías representativas

El Decreto que regula Consejo Regional de Consumo, aprobado la pasada semana por el Consejo de Gobierno, entrará en vigor en 20 días tras su publicación este miércoles en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

En dicho Decreto, que deroga el del Consejo Regional de Consumo del 2008, la Consejería de Sanidad considera necesaria una actualización de este órgano que se configura como un órgano colegiado de carácter consultivo para hacer efectivo el derecho de participación, representación y consulta en el marco de las políticas de consumo previsto en la normativa vigente.

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Para cumplir con dicho objetivo considera preciso contar con una representación adecuada de los distintos protagonistas de las relaciones de consumo, este decreto actualiza la representación incorporando determinadas entidades no contempladas anteriormente, como es el caso de las asociaciones de comercio justo.

En concreto, se adecúa la participación de las organizaciones representativas de los consumidores y usuarios, se actualizan las representaciones de la Administración Regional y se añaden otras vocalías representativas de distintos ámbitos relacionados con el mundo del consumo.

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Con ello, junto a la Administración regional, participarán como vocales organizaciones de consumidores y usuarios, de la asociación regional de cooperativas de consumo, de la organización empresarial de Castilla-La Mancha, el Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio de Castilla-La Mancha, organizaciones sindicales, un vocal por parte de las asociaciones de vecinos, otro por la Federación de Municipios y Provincias, de las oficinas municipales de información al consumidor, y de las organizaciones de Comercio Justo, así como colectivos que requieran especial protección, como personas con discapacidad, mayores, niños, o personas en riesgo de exclusión social.

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