El número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se situó en Castilla-La Mancha en 294 en el segundo trimestre, según la estadística de ejecuciones hipotecarias publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que indican que las certificaciones por ejecuciones hipotecarias sobre el total de fincas en el mismo periodo fue de 561.
Andalucía fue la comunidad que presentó un mayor número de ejecuciones seguida de la Comunidad Valenciana (1.413) y Cataluña (1.157). País Vasco (27), Comunidad Foral de Navarra (33) y Cantabria (45) son las que presentan menores datos.
Por otro lado, las comunidades con mayor número de certificaciones por ejecuciones hipotecarias sobre el total de fincas en el segundo trimestre son Andalucía (3.012), Comunitat Valenciana (2.663) y Cataluña (2.096). Por su parte, País Vasco (63), Comunidad Foral de Navarra (74) y Cantabria (92) registran el menor número.
A nivel nacional, el número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se situó en 1.762 en el segundo trimestre, cifra un 13% inferior a la del trimestre anterior y un 38% por debajo de la del mismo periodo de 2017.
El objetivo principal de esta estadística es ofrecer trimestralmente el número de certificaciones de ejecuciones hipotecarias iniciadas e inscritas en los Registros de la Propiedad durante el trimestre de referencia. Estadística recuerda que no todas las ejecuciones de hipoteca terminan con el lanzamiento (desahucio) de sus propietarios.
En el segundo trimestre se iniciaron 14.327 ejecuciones hipotecarias, un 1% más que en el trimestre anterior y un 3,2% más en tasa interanual. De ellas, 13.700 afectaron a fincas urbanas (donde se incluyen las viviendas) y 627 a fincas rústicas.
Las ejecuciones hipotecarias sobre fincas urbanas aumentaron un 2% en relación al trimestre anterior y repuntaron un 4,2% respecto al segundo trimestre de 2017.
Dentro de las fincas urbanas, 7.086 ejecuciones correspondieron a viviendas, un 5,8% más en tasa intertrimestral, pero un 2,9% menos en términos interanuales, y de ellas 2.489 eran ejecuciones sobre viviendas de personas físicas, un 5,6% menos que en el trimestre anterior y cifra un 33% inferior a la del segundo trimestre de 2017.
