El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, ha informado este jueves que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado crear un grupo de trabajo para determinar el impacto presupuestario de cada una de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que tienen que entrar en vigor a partir de diciembre.
Según ha explicado en una rueda de prensa al término de la Conferencia Sectorial de Igualdad, el Gobierno dispone hasta finales de noviembre para cerrar un acuerdo con las administraciones públicas comunidades autónomas, entidades locales entidades locales y agentes sociales -sindicatos, organizaciones empresariales y entidades del tercer sector vinculadas a la igualdad– para poner en marcha el acuerdo en materia de violencia de género aprobado por el Congreso de los Diputados.
«Estamos trabajando desde hace dos semanas con los ministerios y hoy iniciamos el proceso de diálogo con las comunidades autónomas», ha indicado Garcés sobre la reunión mantenida con los consejeros autonómicos del ramo, a la que no ha asistido Cataluña.
Asimismo, ha señalado que «en los próximos días» el ministerio convocará a este grupo de trabajo y a finales de noviembre una Conferencia Sectorial de Igualdad «para hacer un balance y análisis definitivo de estas medidas» para las que destinarán 1.000 millones de euros en cinco años.
«La voluntad de las comunidades autónomas es colaborar activamente con el Gobierno con el objetivo de implantar el Pacto», ha subrayado, para añadir que el Ejecutivo trabajará a partir del 1 de diciembre en la «materialización» de las medidas acordadas para luchas contra la violencia de género.
El secretario de Estado ha hecho un «balance satisfactorio» de la reunión de este jueves y ha recordado que se han repartido 2,7 millones de euros, de los que 700.000 son para programas de atención a menores víctimas de violencia de género y los dos millones restantes para un programa específico de agresiones sexuales. Estos fondos se integran en los Presupuestos Generales del Estado y son fruto de una enmienda del PSOE.
Asimismo, ha señalado que la distribución de los fondos para programas de apoyo a víctimas de agresiones sexuales se ha hecho conforme a los «criterios tradicionales» en temas de igualdad –población y dispersión territorial, entre otras– y ha subrayado que los proyectos serán aquellos que determinen las comunidades autónomas dentro de su ámbito de actuación. «Tendremos la flexibilidad adecuada para que a lo largo de estos dos meses se puedan ejecutar estos proyectos», ha concluido.
