La Comisión Europea ha alertado este lunes del estancamiento económico en las regiones en transición en la Unión Europea como Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia, cuyo Producto Interior Bruto (PIB) se sitúa entre el 75% y el 90% de media europea.
«Las regiones en transición están estancándose y no vemos crecimiento y empleos al margen de las inversiones que hacemos», ha avisado la comisaria de Política Regional, Corina Cretu, en rueda de prensa para presentar el séptimo informe sobre cohesión económica, social y territorial para medir el desarrollo de las regiones europeas y su aproximación a la media europea, que se publica cada tres años.
Cretu ha incidido en que «el resultado más preocupante del informe» pone de relieve que en las regiones en transición «han visto una ralentización del PIB per cápita, el estancamiento en los salarios, su sector industrial sigue siendo reducido y siguen siendo las más vulnerables a los shocks de la globalización y desafíos».
La disparidad entre regiones, según apunta el informe, «ha comenzado a reducirse» a partir de 2015 después de que el proceso de convergencia regional se viera «interrumpido por la crisis económica».
«En 2015, las disparidades han comenzado a reducirse de nuevo, pero todavía es demasiado pronto para saber si será sostenido», ha alertado con todo el Ejecutivo comunitario en su informe, en el que alega que «el proceso de convergencia se ha paralizado en varias de las regiones menos desarrolladas y en transición, que crecen más despacio que la media de la UE».
«España se ha visto afectada por la crisis y se ha desviado, pero no hasta el mismo grado que Grecia» entre 2008 y 2015, precisa el Ejecutivo comunitario en el informe, en el que admite que la reducción del PIB per cápita en las regiones griegas ha implicado perder la convergencia que lograron respecto a la media europea entre el 2000 y el 2008.
El PIB per capital ha caído entre el 2009 y 2015 en el 40% de las regiones europeas, la mayoría en España, Grecia, Portugal e Italia. «Casi todas las regiones portuguesas e italianas también han continuado desviándose», admite en el informe.
«En los últimos años, las regiones europeas pobres han convergido hacia la media de la UE, pero queda mucho camino antes de que estas regiones puedan ofrecer las mismas oportunidades a sus ciudadanos», ha precisado la comisaria, que ha admitido que en «muchas» regiones todavía no se ha recuperado el PIB anterior a la crisis.
Por el contrario, las regiones más ricas en Europa «han crecido más rápido, pero se ven confrontadas por la presión migratoria, la exclusión social y la pobreza, la contaminación o preocupaciones de seguridad».
«Las cosas mejoran, pero queda mucho por hacer en todas los países y regiones», ha resumido Cretu.
LA RECUPERACIÓN DEL EMPLEO, TAMBIÉN DESIGUAL
Por lo que se refiere al empleo, el informe pone de relieve que la tasa de empleo entre la población con edades entre los 20 y 64 años en 2016 se situó en el 71%, un punto más que la tasa registrada antes de la crisis en 2008 en la UE.
«La tasa no se ha recuperado sin embargo en todas las partes de la UE», avisa el Ejecutivo comunitario en su informe en el que alerta por ejemplo que la tasa de empleo en España sigue siendo un 5% inferior a antes de la crisis, un 10% menos en Grecia y 8% menos en Chipre.
En términos generales, el informe apunta a que la tasa de desempleo sigue por encima de los niveles anteriores a la crisis en las regiones más pobres y se situó en el 8,6% de la fuerza laboral de la UE en 2016.
Más del 20% de la fuerza laboral estaba en paro en 2016 en Andalucía, Extremadura, Castilla La Mancha, Valencia y Canarias, mientras que en el caso de Madrid, Cataluña, Murcia, Castilla y León, Asturias, Galicia afectaba a entre el 15 y 20% de su fuerza laboral. Las comunidades españolas con menos paro (entre el 10 y 15% de su fuerza laboral) eran País Vasco, Navarra, Aragón, Baleares, La Rioja y Cantabria.
CAÍDA SUSTANCIAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA
El Ejecutivo comunitario alerta de la reducción «substancial» de la inversión pública en los países de la UE «más afectados» por la crisis, que se situó por debajo del 2% del PIB en España, Portugal e Irlanda en 2016, según recoge el informe, que constata una caída general de la inversión pública en toda la UE, del 3,4% del PIB en 2008 al 2,7% en 2016.
Dado que «la mayoría» de los países donde se ha registrado una reducción «sustancial» del gasto orientado al crecimiento son países «con un PIB por debajo de la media de la UE», ello «podría poner en riesgo la reducción de las disparidades en la UE (entre regiones) en el futuro», avisa en su informe Bruselas.
Los fondos de cohesión, que equivalen al 8,5% de la inversión pública en la UE, en el caso de España representarán el 16,6% de toda la inversión pública entre 2015 y 2017.
Las ayudas europeas representan más del 50% de la inversión pública en Eslovaquia, Hungría, Letonia, Polonia, más del 70% en Lituania y Croacia y más del 80% en el caso de Portugal, mientras que apenas tiene peso en la inversión pública en Luxemburgo, Dinamarca y Países Bajos.
Por lo que se refiere al impacto de las ayudas de cohesión entre 2014 y 2020 para el crecimiento del PIB, el Ejecutivo comunitario admite que será «mayor» en los países de la nueva ampliación y será un 3% más en 2023 de media y «menor» en el resto.
El PIB aumentará más de un 2% del PIB en Canarias, entre un 1% y el 2% en Galicia, Extremadura, Andalucía, Castilla La Mancha en 2023 gracias a las ayudas de cohesión europeas, entre un 0,5% y un 1% del PIB en el caso de Murcia, Valencia, Baleares, Cataluña, Madrid, Cantabria, Asturias, Aragón, Castilla y León y la Rioja, según el informe.
EL FUTURO DE LAS AYUDAS DE COHESIÓN
La comisaria de Política Regional ha defendido que en el futuro la Política de Cohesión debe seguir beneficiando a «todas las regiones». «No abriría la caja de pandora de que fuera para algunas regiones y no para otras», ha avisado, insistiendo en la necesidad de que en el futuro sea «más flexible» para adaptarla a las necesidades de las regiones y que haya «simplificación» y centrar las ayudas en apoyar estrategias de transición industrial, reforzar la innovación y modernizar los sistemas educativos.
«Necesitamos repensar la distribución de los recursos financieros entre países y regiones para responder mejor a los desafíos que queremos atajar», ha dicho no obstante, recordando que se discute introducir «indicadores» para completar el PIB a la hora de distribuir ayudas.
También ha defendido «incentivos mayores para las regiones que llevan a cabo reformas» estructurales clave pero ha rechazado condicionar las ayudas de cohesión a que los países se sumen a la Fiscalía Europea para combatir el fraude, como ha planteado la comisaria de Justicia, Vera Jourova.
«No castiguemos a los ciudadanos por los comportamientos de sus Gobiernos», ha reclamado Cretu, que ha pedido ceñirse a lo que dicen los Tratados, que apuntan a la política de cohesión como instrumento para crear empleo y crecimiento a pesar de admitir que «el Estado de Derecho y respetar los valores europeos es muy importante».
«Si se va a establecer tal vínculo, mi opinión personal es que debe afectar a todo el presupuesto de la UE y no sólo a cohesión», ha subrayado Cretu.
