El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha está investigando al presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero, por un presunto delito de prevaricación tras firmar el decreto por el que se nombró jefe de Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de la Institución provincial, Sepei, a José Ferrer Cuesta.
Según la providencia del TSJCM, la «atribución temporal de funciones» mediante un Decreto que ha sido anulado «supone un nombramiento para el puesto de jefe de Servicio del Sepei «sin ajustarse al concursillo previo entre funcionarios exigido por el artículo 12.4 del Acuerdo Marco» de la Diputación.
ILEGALIDAD ADMINISTATIVA
«Esto, que constituye una ilegalidad administrativa que motiva las sentencias dictadas, puede constituir prevaricación a la vista de los antecedentes que advertían al autor del acto -desde muy variadas fuentes y siempre de manera muy expresa, inequívoca y autorizada- que no debía dictarse el mismo sin el citado concursillo previo», señala el Alto Tribunal.
Con todo, el TSJCM ha cordado la deducción de testimonio de particulares, que comprenderán todas las actuaciones judiciales, así como el expediente administrativo, y su subsiguiente remisión al Ministerio Fiscal y al juez de Instrucción de Albacete que por turno corresponda, a fin de que se proceda a la depuración de posibles responsabilidades penales en relación al Decreto firmado por el presidente de la Institución provincial.
Ante la citada providencia, citada el pasado 10 de octubre, cabía interponer un recurso de reposición en el plazo de cinco días a contar desde el siguiente al de su notificación, que deberá ser interpuesto ante este mismo órgano judicial.
«DECLARAR CUANTO ANTES»
Fuentes de la Diputación de Albacete consultadas señalan que desde la Institución provincial no se ha recurrido esa providencia porque la intención es «declarar cuanto antes ante el juez y que no se dilate el procedimiento». «Evidentemente, el presidente declarará si se le cita para ello dentro de las actuaciones de las que habla la Sala», añade.
Por otro lado, apunta que los servicios correspondientes de la Institución provincial están trabajando para la ejecución de la sentencia que hace referencia a la plaza del jefe de Servicio del Sepei. «Hay un plazo de dos meses para proceder a su ejecución y fue comunicada a principios de este mes», añaden.
«Se entiende desde Diputación que no existe delito alguno en las actuaciones realizadas y así esperan comunicárselo al juez correspondiente en el caso de que el procedimiento continúe», concluyen las fuentes consultadas.
