PREÁMBULO
Diez años después de que se aprobara en España la prisión permanente revisable, las historias detrás de cada una de las cadenas perpetuas que se han dictado en Castilla-La Mancha siguen teniendo eco de dolor. Cuatro condenados en una década en nuestra región, todos hombres. El último de ellos, Andrés Gómez, a quien el Tribunal Superior de Justicia sito en Albacete le dictó su pena el pasado mes de febrero por asesinar a María Isabel, una vendedora de cupones de quien era cliente habitual.
José del Carmen, un año antes, violó, estranguló y atropelló a Teodora, la mujer que quería separarse de él y abandonar el domicilio familiar que compartían en Mascaraque junto a sus hijos. La Audiencia de Toledo sentenció a permanente revisable. Poco antes, en 2021, el TSJ escribió en su sentencia la misma suerte para José Rafael García al considerar probado que asesinó en Mora y con dos puñaladas a su mujer, Cristina, quien padecía la enfermedad de Ménière desde la adolescencia. Le quitó la vida antes de soplar las velas por su 39 cumpleaños. Pero la primera sentencia de por vida que se dictó en Castilla-La Mancha fue para Patrick Nogueira y valió por tres. Porque fueron tres condenas a permanente revisable por aquella tarde en la que asesinó a Marcos y Janaina, su dos tíos; y a David y María, los dos hijos de ambos, empaquetando los cuatro cadáveres en seis bolsas de basura, descuartizando los cuerpos de los dos adultos. Y fueron tres revisables porque el Supremo corrigió la primera sentencia de la Audiencia de Guadalajara para dictaminar que de las cuatro muertes, solo mató porque no tuvo más remedio a su tía política.
HECHOS
Fue en la última semana del mes de octubre de 2018 cuando decenas de periodistas acreditados nos dimos cita en los antiguos juzgados de Guadalajara, con un sabor de boca aún recordaba al anterior gran juicio que había acogido nuestra tierra, en Cuenca para más datos. Aquel que se saldó con 48 años de cárcel para Sergio Morate por asesinar a Marina y a Laura, expareja y examiga respectivamente.
Diez testigos, casi treinta agentes, ocho peritos, forenses y distintos facultativos pasaron ante un jurado popular que tendría que dirimir el grado de culpabilidad de un joven veinteañero de buena familia. Patrick llegó a España en marzo de 2016, y durante un par de meses residió en Torrejón de Ardoz con la familia que acabó asesinando meses después. Llegó a nuestro país ya con delito de sangre no computable, cometido en su menoría de edad al acuchillar en el cuello a un profesor que le puso una mala nota. Si salió del país sin cumplir condena fue porque sus padres lo pudieron pagar.
Y así se instaló en el modesto piso madrileño donde fue acogido por su tío y su familia. Y así, la vida pasó mientras el recién llegado empezaba a demostrar un ligero odio hacia sus primos pequeños.
Ya en julio, y con una situación enrarecida, la familia decidió trasladarse a un chalet de la Urbanización La Arboleda de Pioz, donde apenas 40 días después recibirían la visita por sorpresa de su asesino, el mismo familiar al que dejaron atrás en la mudanza. Patrick se acomodó en un piso compartido en Alcalá de Henares, pero ya entonces tenía claro qué final quería planear para su tío carnal y el resto de la familia.
Cinco semanas después, y con las ideas claras tal y como quedó demostrado en el juicio, Patrick se desplazó en autobús hasta la morada de Pioz, y lo hizo en poder de unas pizzas y de dos armas blancas, última cena y armas homicidas que acabarían con cuatro vidas antes de que amaneciera.
Fue su tía, Janaina, quien abrió la puerta al invitado sorpresa mientras sus dos pequeños jugaban en el interior de la vivienda. Cuando ya solo quedaban los bordes de las pizzas y mientras Janaina fregaba los platos, le dio muerte cortándole el cuello en presencia de sus hijos. De ellos se encargó justo después, también apuntando al cuello.
Tras seccionar el cuerpo de Janaina con unas tijeras de podar, la embolsó en dos partes, usando dos bolsas más para cada uno de sus primos. Ya solo tocaba esperar la llegada del tío mientras limpiaba los rastros del estropicio.
Cuando por fin llegó a casa el último de sus asesinados, al que ejecutó a razón de 14 puñaladas, se cercioró de aumentar su sufrimiento todo lo posible haciéndole saber el trágico final de toda su familia.
Cuatro asesinatos que cometió solo en cuerpo y acompañado en alma, porque Patrick iba recibiendo ánimos y consejos vía mensaje instantáneo de Marvin, íntimo amigo, a quien le reportajeó a base de fotos todo lo que iba sucediendo en el chalet de Pioz.
No fue hasta un mes después cuando el olor de cuatro cuerpos a medio descompoenr en seis bolsas de basura alertó a un empleado de mantenimiento de la urbanización.
Con las noticias ya en los periódicos, Patrick huyó a Brasil, donde tardó un mes en convencerse con consejo de su hermana, abogada de oficio, de que la mejor decisión era rendir cuentas ante la justicia española. Ya en suelo español y tras dos años de instrucción, la condena fue firme y el resto es historia.
«SOY UN ENFERMO DE VERDAD»
El juicio de octubre de 2018 fue un punto de inflexión para el oficio del periodismo de tribunales, porque más allá de luces y certezas, dejó dudas y sombras. Las primeras, por qué el sistema judicial brasileño permitió a un joven adinerado sortear un intento de homicidio con 45 días de trabajos forzados pese a una evaluación psicológica que apuntaba a psicopatía. Las últimas, si la condena de prisión permanente revisable es rendirse a la premisa de que la privación de libertad ha de tener un espíritu de reinserción.
Y, entre medias, caben todas las demás. Cabe, por ejemplo, preguntarse cuánto de enferma está una sociedad en la que circularon los mensajes de WhatsApp que atestiguaban la retransmisión en directo de los crímenes que Patrick compartió con Marvin. De las miles de personas que consumieron y compartieron los mensajes, solo Jordana, una joven brasileña, fue capaz de dar un paso al frente y llevar las capturas a la policía.
Patrick, que aún no ha cumplido los 30, lleva ocho años en prisión y le restan catorce para optar a una revisión que le conceda el tercer grado. Llevará, para entonces, 22 años en prisión, justo la mitad de lo que llevará de vida. Como todos los delitos con varias penas de permanente revisable, tendrá que esperar a 30 años de cumplimiento para ver suspendida alguna de sus condenas.
Todo lo que falló hasta contar esta historia una década después empieza a carecer de importancia con el paso de los años. Todo se diluye, pero los debates siempre pueden resurgir. Mientras tanto, 5.000 pioceros siguen recordando el olor de cuatro vecinos descomponiéndose.
