Una madre de una alumna de 6 años del CEIP Pedro Melendo García, en Olías del Rey (Toledo), ha denunciado públicamente reiterados episodios de violencia protagonizados, según su relato, por un alumno incorporado al centro el pasado mes de septiembre. Frente a estas acusaciones, la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha sostiene que ha actuado “de manera inmediata y continuada” desde que tuvo conocimiento de los hechos.
Marta Vázquez, madre de una niña que cursa 1.º de Primaria, asegura que desde el inicio del curso se vienen produciendo situaciones de “extrema gravedad” en el aula, con golpes, empujones, patadas, objetos clavados, mochilas rotas y episodios de pánico colectivo entre los menores. Según relata, algunos incidentes obligaron incluso a desalojar el aula mientras los niños huían pidiendo ayuda.
Ante lo que considera meses de respuestas insuficientes por parte de la administración, decidió acudir a los medios para dar visibilidad a una situación que, afirma, ha generado miedo en varios alumnos, algunos de los cuales han tenido que iniciar atención psicológica. Una familia, según explica, ya ha optado por cambiar a su hijo de centro, algo que ella rechaza hacer. “La pregunta es dónde termina la inclusión y empieza el derecho a la seguridad”, sostiene.
La madre asegura haber trasladado su preocupación a la dirección del centro, a Inspección Educativa, a la Delegación Provincial e incluso al consejero de Educación y al presidente regional. Relata que, tras semanas de insistencia, se incorporó un recurso de Pedagogía Terapéutica, primero a media jornada y después a jornada completa, lo que permitió una contención parcial de la situación. Sin embargo, tras las vacaciones de Navidad, afirma que el refuerzo se redujo y volvieron a producirse nuevas agresiones, algunas de ellas denunciadas formalmente.
Como elemento añadido, denuncia la reciente incorporación de otra alumna con conductas agresivas en la misma clase, lo que, a su juicio, ha agravado el problema. Actualmente, asegura que el alumno protagonista de los episodios pasa gran parte del tiempo fuera del aula y que el centro reconoce estar desbordado.
Desde la Consejería de Educación, Cultura y Deportes niegan de forma tajante que haya existido pasividad institucional. Fuentes del departamento aseguran que, desde que la Inspección tuvo conocimiento de la situación, se han adoptado medidas de manera constante, con seguimiento continuo, asesoramiento al centro y reuniones con las familias.
Educación defiende que se dotó al colegio de un recurso completo de Pedagogía Terapéutica, que permanece activo y no ha sufrido reducción alguna, y que todos los escritos presentados han sido respondidos en tiempo y forma. Subrayan que las actuaciones deben equilibrar la seguridad y el bienestar de todo el alumnado, respetando los principios de inclusión, equidad y confidencialidad.
La Consejería insiste en que el centro no está desbordado y que aplica un plan específico de intervención supervisado por la Inspección y el equipo de orientación, con presencia de apoyos adicionales en el aula cuando es necesario. También aclara que la escolarización de la nueva alumna se ha realizado conforme a la normativa y que su integración está siendo evaluada de forma individualizada.
Mientras tanto, la madre reclama mayor transparencia, comunicación directa y recursos suficientes para garantizar que la inclusión educativa no suponga, a su juicio, un riesgo para la seguridad física y emocional de los menores.
