La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo juzgará el próximo martes 15 de septiembre a J.L.N.R., acusado de un delito continuado de agresión sexual a una menor de 16 años. La Fiscalía solicita para él seis años de prisión.
Los hechos que sostiene la acusación se remontan a julio de 2017, cuando el procesado compartía domicilio con su pareja sentimental. La víctima, sobrina de esta última y que entonces tenía 14 años, se encontraba pasando unos días de vacaciones en la vivienda.
Según el escrito de la Fiscalía, en una fecha no determinada de aquel mes y aprovechando que su pareja se había ausentado, el acusado se situó frente a la menor y presuntamente le tocó uno de los pechos por encima de la ropa.
La acusación sostiene que pocos días después se produjo un segundo episodio. De nuevo durante una ausencia de su pareja, el hombre se habría sentado junto a la menor mientras esta veía la televisión en el sofá y presuntamente le habría realizado tocamientos en los pechos y en la zona vaginal, por encima de la ropa.
Por estos hechos, la Fiscalía considera al procesado responsable de un delito continuado de agresión sexual y solicita seis años de cárcel. Además, pide que no pueda acercarse a menos de 500 metros de la víctima, su domicilio, su lugar de estudios o cualquier otro espacio frecuentado por ella durante siete años, así como que tenga prohibido comunicarse con la joven durante el mismo periodo.
El Ministerio Fiscal reclama igualmente siete años de libertad vigilada y once años de inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión, oficio o actividad, remunerada o no, que implique un contacto regular y directo con menores.
La acusación solicita que, en caso de condena, el hombre cumpla efectivamente tres años de prisión en España y que el resto de la pena sea sustituido por su expulsión del territorio nacional, con prohibición de regresar a España durante seis años.
En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía pide que el acusado indemnice a la víctima con 4.000 euros por los perjuicios morales sufridos, más los intereses correspondientes.
Para proteger a la víctima durante el proceso, el Ministerio Fiscal interesa que el juicio se celebre a puerta cerrada y que se adopten medidas para impedir el contacto directo y la confrontación visual entre ella y el acusado.
