Fernández ha argumentado que esta decisión "no se ajusta a la legalidad vigente porque es contraria a derecho y resulta lesiva para el desarrollo de Castilla-La Mancha, en particular para los habitantes de la cuenca del Tajo"
La decisión de limitar el trasvase a 7,5 hm3 para abastecimiento urbano se fundamenta en la aplicación del principio de precaución, posibilitando así que se pueda garantizar durante más tiempo el uso para consumo urbano