Lizán ha explicado que con Ley de Agricultura Familiar el objetivo que se marcó el Gobierno autonómico fue beneficiar a unos 100.000 agricultores y ganaderos que hay Castilla-La Mancha
Por permitir la expropiación de la tierra, quitándosela a su propietario durante 25 años, lo que supone “manejar e imponer a la fuerza a agricultores, ganaderos y, en general, legítimos propietarios de terrenos adquiridos por herencia de sus antepasados o por el esfuerzo fruto de su trabajo y ahorro”
Esta ley es "una apuesta estratégica de futuro" y "un punto de inflexión" desde el punto de vista de la sostenibilidad y la fijación de población en el medio rural