La condena se elevó globalmente a 112,5 años de cárcel, junto con distintas medidas de seguridad y prohibición de aproximación y comunicación con sus víctimas y la pérdida de la patria potestad
Todo empezó cuando dos furgonetas estaban persiguiéndose en dirección Ciudad Real y un hombre de etnia gitana disparando a otros sin aminorar la marcha