La extrema derecha contemporánea ha decidido acelerar. Ya no disimula su proyecto bajo la retórica de la nación, la libertad o la seguridad: lo exhibe con una crudeza cada vez más obscena. Allí donde gobierna, o donde aspira a gobernar, convierte la patria en mercancía, la democracia en obstáculo y al pueblo en una masa disciplinable mediante el miedo. No estamos ante excesos aislados ni ante salidas de tono de dirigentes extravagantes; estamos ante una estrategia internacional, organizada y coherente, que pretende sustituir la soberanía popular por el mandato de las oligarquías.
En Argentina, Javier Milei ha mostrado con nitidez esa pulsión privatizadora que se presenta como modernización, pero que en realidad reproduce una vieja receta colonial: entregar los bienes comunes al capital extranjero, desregular la vida social y reducir el Estado a una oficina de negocios para los poderosos. Cuando se intenta poner en venta la tierra, el agua, los minerales o los recursos estratégicos de un país, no se está defendiendo la libertad; se está liquidando la base material de la soberanía. La propiedad privada, elevada a dogma absoluto, deja de ser una institución jurídica para convertirse en religión política.
Asimismo, lo que ocurre en otros territorios confirma que esta corriente reaccionaria no gobierna para los pueblos, sino contra ellos. Cuando una tragedia golpea a las clases populares y la respuesta del poder consiste en seleccionar la ayuda según afinidades ideológicas, queda al descubierto una verdad elemental: la vida humana pesa menos que la obediencia geopolítica. La solidaridad, que debería ser el primer reflejo de cualquier sociedad decente, se sustituye por la lógica del bloque, del aliado y del amo. En esa escena se reconoce perfectamente la moral de la nueva derecha global: desprecio hacia los de abajo y sumisión hacia los de arriba.
Por eso conviene hablar de vendepatrias sin rodeos. No porque la patria sea una esencia sagrada, cerrada y excluyente, como pretende el nacionalismo reaccionario, sino porque una comunidad política no puede sobrevivir si sus condiciones materiales de existencia son entregadas al mejor postor. Desde una mirada marxista contemporánea, la nación no es un mito sentimental, sino un campo de disputa: en ella se enfrentan clases, intereses, proyectos históricos y formas antagónicas de entender la vida común. La extrema derecha invoca la patria para vaciarla; nombra al pueblo para disciplinarlo; agita la bandera para tapar la caja registradora.
En consecuencia, su patriotismo es una impostura. Se golpean el pecho ante los símbolos, pero callan cuando los poderes económicos saquean lo que pertenece a todos. Se declaran defensores de la soberanía, pero obedecen sin rubor a las agendas de Estados Unidos, de Israel, de las grandes corporaciones y de los fondos que no conocen bandera alguna salvo la del beneficio. Su nación termina allí donde empieza el balance contable de sus patrocinadores. El trabajador, el campesino, la migrante, el joven precarizado o la pensionista no forman parte de su patria real; apenas son figurantes útiles para campañas electorales y guerras culturales.
Ahora bien, esta ofensiva no se sostiene solo mediante privatizaciones y alianzas internacionales. Necesita fabricar enemigos internos. Ahí aparecen los migrantes, las minorías poscoloniales, los pobres racializados y todos aquellos cuerpos que el orden dominante presenta como amenaza. La extrema derecha dirige el malestar social hacia quienes menos poder tienen, mientras protege a quienes concentran la riqueza. Es la vieja operación ideológica del capitalismo en crisis: impedir que la rabia mire hacia arriba. Donde debería haber conciencia de clase, instalan resentimiento; donde debería haber organización popular, siembran sospecha; donde debería haber solidaridad, levantan alambradas.
De igual modo, la Europa derechizada ha encontrado en la frontera su gran teatro político. Muros, concertinas, discursos de invasión y llamadas al orden funcionan como dispositivos de gobierno. No buscan resolver ningún problema estructural, porque no les interesa hacerlo; buscan administrar el miedo. El migrante se convierte en pantalla sobre la que proyectar las frustraciones producidas por salarios bajos, alquileres imposibles, servicios públicos deteriorados y vidas cada vez más inseguras. Sin embargo, el origen de esa precariedad no está en quien cruza una frontera, sino en quienes han convertido la vivienda, la sanidad, el trabajo y la tierra en activos financieros.
Mientras tanto, sus voceros mediáticos e influencers actúan como capataces de la conversación pública. Gritan para que no se piense, insultan para que no se organice y provocan para que no se hable de lo importante. Cada exabrupto cumple una función: desplazar la agenda, excitar a la base propia y obligar al adversario a discutir en el terreno elegido por ellos. Pero esa táctica empieza a mostrar síntomas de agotamiento. Cuando todo es escándalo, nada sorprende; cuando todo es amenaza, la amenaza pierde eficacia; cuando la mentira se repite demasiado, aparece la posibilidad de nombrarla como lo que es.
Sin embargo, no basta con denunciar su hipocresía. La izquierda, si quiere estar a la altura del momento histórico, debe reconstruir una idea material de patria democrática: una patria de hospitales públicos, escuelas dignas, derechos laborales, vivienda accesible, soberanía alimentaria, transición ecológica justa y control social de los sectores estratégicos. Frente a la patria de los propietarios, hay que levantar la patria de quienes trabajan, cuidan, producen y sostienen la vida. Frente al nacionalismo de frontera, una comunidad política basada en derechos; frente al individualismo feroz, una libertad que solo existe cuando las condiciones materiales permiten ejercerla.
Por consiguiente, la solidaridad no puede ser un adorno moral ni una consigna de ocasión. Es una herramienta política de primer orden. La solidaridad rompe la fantasía neoliberal de que cada cual se salva solo; revela que la vida está hecha de interdependencia, cuidados y vínculos colectivos. También desarma el miedo, porque permite reconocer en el otro no una amenaza, sino un compañero posible de lucha. Allí donde la extrema derecha ofrece “sálvese quien pueda”, la política emancipadora debe responder con organización, comunidad y conflicto democrático contra quienes acumulan privilegios a costa de las mayorías.
Finalmente, la cuestión de fondo es sencilla: la extrema derecha no quiere corregir la democracia, quiere sustituirla por una oligarquía. Su horizonte es un mundo donde el capital mande sin mediaciones, donde los derechos sean privilegios condicionados y donde las mayorías acepten su empobrecimiento a cambio de una identidad herida y un enemigo al que odiar. Por eso hay que decirlo con claridad: quienes venden la tierra, privatizan la vida, obedecen al poder extranjero y enfrentan a los pobres entre sí no son patriotas. Son vendepatrias. Y frente a ellos, la tarea sigue siendo la misma: organizar la esperanza, defender lo común y convertir la solidaridad en poder popular.
