La aparición de patrullas parapoliciales vinculadas a la extrema derecha no puede leerse como una anécdota local, ni como una extravagancia de unos cuantos nostálgicos del fascismo. Es, más bien, un síntoma político de época: cuando el capitalismo entra en crisis, cuando la precariedad se cronifica, cuando los barrios populares son abandonados por las instituciones y cuando el miedo se convierte en mercancía electoral, siempre aparece alguien dispuesto a ofrecer orden a cambio de derechos. Esta vez llegan con silbatos, con estética de gimnasio, con nostalgia autoritaria y con una obsesión enfermiza: señalar al migrante como enemigo interior.
No se trata solo de España 2000, ni de València, ni de un grupo concreto de ultraderechistas que fantasean con patrullar la noche. El problema es más profundo. La extrema derecha ha entendido que el terreno de la seguridad es uno de los campos centrales de la batalla ideológica contemporánea. Allí donde antes se hablaba de empleo, vivienda, salarios o servicios públicos, ahora se instala la conversación sobre miedo, frontera, delito y castigo. El trabajador empobrecido deja de mirar hacia arriba, hacia quienes concentran la riqueza, y es empujado a mirar hacia abajo o hacia los lados: al migrante, al joven racializado, al pobre, al diferente.
En ese desplazamiento está la clave. El fascismo, ayer y hoy, cumple una función precisa dentro del orden capitalista: organizar el resentimiento de los sectores golpeados por la crisis contra otros todavía más vulnerables. No amenaza al poder económico; lo protege. No cuestiona la explotación; la maquilla con banderas. No combate la inseguridad material que producen los alquileres imposibles, los salarios miserables o la destrucción de lo público; la sustituye por una ficción violenta en la que el enemigo tiene acento extranjero, piel oscura o una vida que no encaja en la moral reaccionaria.
Por eso resulta tan peligroso normalizar a quienes se presentan como auxiliares espontáneos de la Policía. Una democracia no puede tolerar que grupos ideologizados, con vínculos explícitos con tradiciones autoritarias, se atribuyan funciones de vigilancia sobre la población. La seguridad pública no es un terreno neutral: define quién puede ocupar la calle, quién es sospechoso, quién merece protección y quién queda expuesto al castigo. Si esa función empieza a desplazarse hacia escuadras privadas, militantes o parapoliciales, lo que se erosiona no es solo el monopolio legítimo de la fuerza; se erosiona la propia idea de ciudadanía.
Además, conviene no caer en la ingenuidad. Nadie organiza patrullas de este tipo para “ayudar”. Se organizan para intimidar. El silbato es una coartada ridícula, pero la lógica que lo sostiene es gravísima. La extrema derecha sabe que la violencia política no empieza siempre con una agresión física; muchas veces comienza con la ocupación simbólica del espacio público, con la identificación de cuerpos sospechosos, con la construcción de zonas donde determinadas personas entienden que no son bienvenidas. Antes de golpear, el fascismo marca. Antes de prohibir, señala. Antes de expulsar, acostumbra a la sociedad a mirar hacia otro lado.
A partir de ahí, la pregunta no es si estos grupos son grotescos, sino por qué se les permite avanzar. La respuesta exige mirar al Estado sin romanticismo. Desde una perspectiva marxista, el Estado no es una instancia pura situada por encima de los conflictos sociales; es un campo de disputa atravesado por intereses de clase. Puede garantizar derechos, arrancados históricamente por la lucha popular, pero también reproduce jerarquías, protege la propiedad y administra el orden necesario para que la acumulación continúe. En momentos de crisis, esa administración del orden tiende a endurecerse: más vigilancia, más castigo, más frontera y menos justicia social.
De ahí la contradicción evidente: mientras los movimientos vecinales, sindicales, feministas o antirracistas suelen encontrar trabas, identificaciones, sanciones y cargas policiales, los grupos ultra disfrutan con frecuencia de una tolerancia llamativa. No porque todos los aparatos del Estado sean fascistas, ni porque toda persona que vista uniforme comparta esa ideología, sino porque existe una afinidad estructural entre el autoritarismo reaccionario y cierta concepción del orden. Cuando la protesta cuestiona la distribución de la riqueza, molesta; cuando la ultraderecha canaliza la rabia contra los pobres, resulta funcional.
En este punto, también hay que hablar de las fuerzas de seguridad sin simplificaciones, pero sin miedo. Que una parte significativa de sus miembros simpatice electoralmente con opciones conservadoras o ultraderechistas no debería despacharse como un dato anecdótico. La policía y la Guardia Civil no existen fuera de la sociedad: participan de sus conflictos, de sus ideologías y de sus inercias. Precisamente por eso, una democracia avanzada tendría que blindar su formación en derechos humanos, antifascismo institucional, igualdad y control público. No basta con pedir neutralidad; hay que construir condiciones materiales, culturales y políticas para que esa neutralidad no sea una ficción.
Sin embargo, el debate de fondo sigue siendo otro: ¿qué seguridad necesita la clase trabajadora? La derecha responde con más policía, más cámaras, más penas y más frontera. La extrema derecha añade patrullas, odio racial y fantasías de limpieza social. Pero la seguridad real no nace de un silbato en la boca de un matón ni de la testosterona organizada en grupo; nace de un contrato digno, de una vivienda accesible, de una sanidad pública robusta, de una escuela que no segregue, de barrios con vida comunitaria, de transporte, iluminación, cultura, cuidados y derechos. La seguridad, en sentido material, se llama igualdad.
Por el contrario, cuando se destruye esa igualdad, crece el mercado del miedo. Y ese mercado tiene muchos beneficiarios: partidos que recogen votos, empresas privadas de seguridad que obtienen contratos, medios que convierten la alarma en audiencia y élites económicas que prefieren una sociedad dividida antes que una sociedad consciente. No es casual que quienes agitan el fantasma del migrante, rara vez hablen de los fondos buitre, de la especulación inmobiliaria, de la evasión fiscal o de los empresarios que sostienen la precariedad. El racismo es rentable porque desvía la mirada. Mientras el vecino culpa al migrante, el propietario sube el alquiler.
Por tanto, el antifascismo no puede limitarse a la indignación moral, aunque esta sea necesaria. Debe ser también una política concreta de clase. Hay que disputar los barrios con organización, sindicatos, asociaciones vecinales, redes de apoyo mutuo y presencia democrática. Hay que disputar el lenguaje, porque “limpiar las calles” nunca es una expresión inocente: presupone que hay personas convertidas en suciedad. Hay que disputar la seguridad, porque si la izquierda abandona ese terreno, lo ocuparán quienes solo saben traducir el malestar social en castigo contra los débiles.
Asimismo, es imprescindible exigir responsabilidades institucionales. Si un grupo político con simbología, discursos o prácticas incompatibles con los valores democráticos anuncia patrullas para vigilar a población migrante, las autoridades no pueden responder con silencio administrativo. Interior, Justicia, delegaciones del Gobierno, ayuntamientos y fiscalías tienen la obligación de actuar con claridad. La libertad de expresión y de asociación no puede convertirse en una cobertura para la intimidación organizada. Una democracia que permite a sus enemigos ensayar formas de control callejero contra minorías, está incubando su propia degradación.
Conviene recordar, además, que el fascismo nunca se presenta a sí mismo como tal en sus primeras fases de normalización. Se disfraza de sentido común, de patriotismo, de defensa vecinal, de colaboración ciudadana. Dice proteger a “la gente honrada”, pero decide previamente quién no pertenece a esa gente. Habla de orden, pero produce miedo. Habla de comunidad, pero necesita expulsar a una parte de ella. Habla de libertad, pero solo reconoce la libertad de quienes se ajustan a su nación imaginaria, blanca, obediente, heterosexual y jerárquica.
Finalmente, el peligro no está solo en que unos ultras salgan de noche con silbatos. El peligro mayor está en que una parte de la sociedad lo considere normal, incluso razonable. Ahí empieza la derrota democrática: cuando el odio se vuelve costumbre, cuando la violencia se interpreta como folclore, cuando el racismo se convierte en propuesta de seguridad, y cuando los herederos ideológicos de los verdugos, se presentan como guardianes del barrio. Frente a eso, no basta con dormir tranquilos. Hay que despertar políticamente. Porque la noche que quieren patrullar no es solo la que dicen proteger grupos como València o Democracia 2000: es la noche oscura de un sistema de democracia profunda que, si no se defiende desde abajo, puede acostumbrarse demasiado rápido al ruido estridente de los silbatos.
