Mientras se desarrollan movilizaciones en distintas ciudades andaluzas convocadas por las Mareas Blancas bajo el lema “Negocio en Sanidad, más mortalidad”, con el añadido de “no a la guerra”, se vuelve a poner sobre la mesa una contradicción que ya no es nueva, pero sí cada vez más evidente. Desde aquí lo primero es reconocer lo obvio: hay profesionales sanitarios sosteniendo la sanidad pública en condiciones cada vez más difíciles, y su labor cotidiana impide que el sistema colapse mucho antes de lo que ya lo hace de forma silenciosa. Pero precisamente por eso resulta imposible mirar hacia otro lado ante lo que está ocurriendo.
Porque lo que se presenta como protesta social contra el deterioro sanitario convive, al mismo tiempo, con el apoyo explícito o implícito de partidos que se reclaman progresistas dentro del marco institucional. Y ahí aparece la paradoja: fuerzas políticas que firman manifiestos contra la guerra mientras sostienen el aumento del gasto militar; partidos que denuncian la privatización mientras gobiernan dentro de los mismos marcos legales que la hicieron posible; formaciones que hablan de defensa de lo público mientras administran, sin ruptura real, su progresiva degradación. No es un accidente ni una incoherencia puntual. Es parte del funcionamiento normal del sistema político actual, que integra la contradicción como forma estable de legitimación.
El reciente escándalo de los errores en los cribados de cáncer de mama en Andalucía tampoco puede entenderse como una simple negligencia técnica o un fallo aislado. Sería demasiado cómodo reducirlo a eso, porque permitiría mantener intacta la estructura general del debate. Lo que revela es otra cosa: un sistema sanitario sometido a una presión constante, donde los errores no son excepciones, sino consecuencias previsibles de un modelo que lleva años tensándose hasta el límite. Cuando lo público se recorta, se fragmenta, se externaliza y se somete a criterios de gestión empresarial, lo que aparece no es eficiencia, sino fragilidad estructural.
El sistema sanitario andaluz, como el del resto del Estado, arrastra una herencia clara de la etapa posterior a la crisis de 2008. Los recortes no fueron solo ajustes temporales, sino una forma de reordenar prioridades sociales en profundidad. Menos personal, más temporalidad, más rotación, más carga asistencial por trabajador, menos inversión en prevención y planificación a largo plazo. Todo ello fue normalizándose con el paso del tiempo, hasta convertirse en un paisaje administrativo que se acepta como inevitable, aunque sus consecuencias sean visibles en cada lista de espera, en cada centro de salud saturado, en cada servicio que funciona al límite.
En ese proceso no hay una única decisión central, sino una acumulación de pequeñas decisiones que apuntan siempre en la misma dirección. La sanidad deja de ser pensada como infraestructura estratégica de bienestar colectivo y pasa a ser tratada como un sistema de gasto que debe ser optimizado. Y cuando un servicio esencial se redefine como coste, su deterioro deja de ser una anomalía para convertirse en una consecuencia lógica.
A esto se suma un proceso más amplio que ha ido ganando terreno de manera constante: la entrada de empresas privadas en la gestión de servicios sanitarios. No se trata solo de conciertos puntuales o de apoyos coyunturales en momentos de saturación, sino de una transformación progresiva del modelo. Grupos hospitalarios, aseguradoras y fondos de inversión han ido ocupando espacios crecientes dentro de lo que antes se entendía como sistema público. La sanidad deja de ser un derecho garantizado en sentido pleno y empieza a funcionar como un espacio híbrido, donde lo público financia y lo privado gestiona, intermedia o extrae rentabilidad.
Este movimiento suele justificarse con una palabra que aparece una y otra vez: eficiencia. Pero esa eficiencia, en la práctica, se traduce en otra cosa más concreta y menos abstracta. Menos tiempo por paciente, menos personal por servicio, más rotación laboral, más externalización de funciones, más dependencia de contratos con terceros. Es decir, una reorganización del sistema que puede mejorar determinados indicadores contables, pero que empeora de forma directa la experiencia real de quienes trabajan en él y de quienes dependen de él. La lógica de fondo no es sanitaria, es económica, aunque se presente con lenguaje técnico.
En este punto aparece otra dimensión que suele quedar fuera del debate público, y que sin embargo condiciona todo lo demás: la política institucional. Los gobiernos que se presentan como alternativa dentro del marco existente se encuentran con límites muy claros una vez acceden al poder. Promesas de reversión de privatizaciones, de derogación de leyes que facilitaron la entrada del capital privado o de refuerzo estructural de lo público terminan diluyéndose en medidas parciales, frenadas o directamente abandonadas. No necesariamente por falta de voluntad individual, sino por la presión combinada de marcos legales, compromisos presupuestarios, equilibrios parlamentarios y estructuras económicas ya consolidadas.
Uno de esos marcos es el europeo, con sus reglas fiscales y sus mecanismos de control del gasto. La austeridad no aparece ya como una decisión política discutible entre opciones distintas, sino como una especie de sentido común institucionalizado. El margen de maniobra se reduce no solo por imposición externa directa, sino por la interiorización de esas restricciones como inevitables. El gasto sanitario, en este contexto, se convierte en un punto de tensión permanente, porque es una de las partidas más grandes y visibles, y por tanto una de las más susceptibles de ajuste cuando se prioriza el equilibrio presupuestario.
Junto a eso, el discurso de la eficiencia refuerza la idea de que lo privado siempre gestiona mejor. Es una narrativa muy asentada, que no necesita demostrarse continuamente porque ya funciona como supuesto de partida. Bajo esa lógica, cualquier intento de recuperar servicios públicos aparece como un retroceso, como una carga o incluso como una irresponsabilidad económica. El debate queda así desplazado desde el terreno de los derechos al terreno de la contabilidad.
A esto se suma una dimensión menos visible pero igual de decisiva: la reorientación del gasto hacia otras prioridades estratégicas, especialmente el gasto militar. Mientras se recortan, contienen o condicionan partidas sociales, se justifican incrementos en defensa en nombre de la seguridad internacional, la estabilidad geopolítica o la adaptación a un entorno global incierto. No es un fenómeno aislado, sino parte de una estructura de prioridades donde lo social compite siempre en desventaja con aquello que se considera estratégico desde el punto de vista del poder estatal y sus alianzas.
El resultado de todo esto es un sistema sanitario tensionado, cada vez más fragmentado y progresivamente dependiente de decisiones tomadas fuera del propio ámbito sanitario. Cuando ocurren fallos graves, como los que han motivado las recientes movilizaciones, no se trata únicamente de errores puntuales, sino de la manifestación visible de un deterioro acumulado durante años. La excepción no es el fallo, sino el funcionamiento estable del sistema sin fisuras.
La política institucional, sin embargo, tiende a encuadrar estos problemas dentro de una narrativa de diferencias gestionables entre partidos. Se presenta la idea de que basta con cambiar gobiernos para corregir el rumbo, cuando en realidad las estructuras que producen estos problemas permanecen intactas. Esa distancia entre discurso y realidad alimenta una forma de desafección que no es simplemente apatía, sino una percepción creciente de que las decisiones relevantes se toman en otro nivel, fuera del alcance efectivo de la deliberación democrática formal.
Mientras tanto, las movilizaciones sociales siguen siendo uno de los pocos espacios donde se expresa de forma directa el conflicto entre necesidades sociales y organización institucional. Pero incluso esas protestas acaban muchas veces absorbidas por el sistema político, traducidas a demandas parciales, fragmentadas o incorporadas al ciclo institucional sin alterar sus fundamentos. La capacidad de integración del sistema es alta, siempre que la crítica no cuestione sus bases materiales.
En este punto, el problema deja de ser únicamente sanitario o incluso político en sentido estrecho. Tiene que ver con un modelo social donde las decisiones económicas estructurales se imponen sobre las necesidades colectivas, y donde lo público se gestiona cada vez más como un coste que debe ser contenido antes que como una inversión social. En ese marco, la sanidad deja de ser un derecho garantizado plenamente y pasa a ser un terreno de disputa constante entre su función social y su progresiva subordinación a la lógica de la rentabilidad.
Y quizá ahí reside lo esencial: lo que se está jugando no es solo la calidad de un servicio concreto ni la eficacia de una administración autonómica, sino el tipo de sociedad que se está consolidando a través de decisiones acumuladas, aparentemente técnicas, pero profundamente políticas. Una sociedad donde lo esencial depende de equilibrios presupuestarios y prioridades externas, o una donde ciertas necesidades básicas se sitúan fuera de esa lógica de mercado y de cálculo. Esa tensión no está resuelta, pero se hace cada vez más visible, y en esa visibilidad empieza también su dimensión política más incómoda.
