Hay mitos políticos que no sobreviven por su veracidad sino por el poder material de quienes los producen y difunden. Uno de los más persistentes del orden ideológico contemporáneo es el que presenta a Estados Unidos como la encarnación histórica de la libertad, la democracia y los derechos humanos. Desde los grandes conglomerados mediáticos hasta los opinnadores de tertulia, desde los manuales escolares hasta los comentaristas que pululan por las redes sociales, la maquinaria cultural del capitalismo global reproduce sin descanso esa narrativa. El relato es simple y eficaz: Estados Unidos sería el gran faro moral de la humanidad, una república excepcional destinada a irradiar democracia sobre el resto del planeta.
Sin embargo, basta apartar por un instante esa espesa niebla de propaganda para descubrir una realidad muy distinta. La historia real de Estados Unidos no es la de una nación pacífica dedicada a expandir la libertad, sino la de una potencia cuya trayectoria política, económica y militar ha estado marcada por la expansión territorial, la violencia sistemática y la subordinación de otros pueblos. La idealización de la llamada “gran democracia del Norte” se sostiene, en buena medida, sobre un meticuloso proceso de amnesia histórica que borra de la memoria pública los innumerables crímenes cometidos en nombre del progreso, la seguridad o la civilización.
El mito fundacional de la democracia estadounidense oculta deliberadamente que el nacimiento de esa nación estuvo ligado al exterminio sistemático de los pueblos indígenas y a la explotación brutal de millones de esclavos africanos. La república que proclamaba solemnemente que todos los hombres nacen iguales construía simultáneamente un orden económico basado en la esclavitud, el racismo estructural y el despojo territorial. La expansión hacia el oeste, celebrada durante décadas como una epopeya civilizadora, fue en realidad un proceso de limpieza étnica que arrasó con culturas enteras y desplazó a las poblaciones originarias mediante guerras, tratados fraudulentos y deportaciones masivas.
Aquella lógica expansionista no fue un accidente histórico sino un componente estructural del desarrollo del capitalismo estadounidense. La doctrina del llamado “Destino Manifiesto”, formulada en el siglo XIX, legitimó la conquista del continente como una misión providencial. Bajo esa cobertura ideológica se anexaron territorios, se libraron guerras de conquista y se consolidó una estructura imperial que, más tarde, se proyectaría hacia otras regiones del planeta. Desde entonces, la expansión del poder estadounidense ha estado inseparablemente ligada al uso sistemático de la fuerza.
El salto hacia el imperialismo global se produjo con claridad a finales del siglo XIX, cuando la guerra contra España en 1898 permitió a Washington hacerse con el control de Puerto Rico, Filipinas y Guam, inaugurando una nueva etapa de intervenciones militares más allá del continente americano. Aquella guerra fue presentada ante la opinión pública como una cruzada por la libertad de los pueblos coloniales, pero en realidad marcó el nacimiento de Estados Unidos como potencia imperial en sentido moderno.
A partir de ese momento, el recurso a la intervención militar se convirtió en un instrumento habitual de su política exterior. América Latina fue uno de los principales escenarios de esa estrategia. Golpes de Estado, invasiones, bloqueos económicos y operaciones encubiertas se sucedieron durante décadas para garantizar la subordinación política y económica de la región. Guatemala en 1954, República Dominicana en 1965, Chile en 1973, Granada en 1983 o Panamá en 1989 son apenas algunos episodios de una historia mucho más extensa en la que Washington actuó sistemáticamente para impedir cualquier proyecto político que amenazara sus intereses geopolíticos o los de las grandes corporaciones estadounidenses.
Pero si hay un acontecimiento que simboliza de forma brutal el desprecio imperial por la vida humana, ese fue el bombardeo nuclear de las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945. Hasta hoy, Estados Unidos sigue siendo el único país que ha utilizado armas atómicas contra población civil. La devastación producida por aquellas explosiones supera cualquier intento de descripción. En Hiroshima la temperatura alcanzó cerca de 7.700 grados centígrados; en Nagasaki se situó alrededor de los 4.000. El efecto fue instantáneo y apocalíptico. En cuestión de segundos murieron aproximadamente 210.000 personas. Muchas de ellas, ni siquiera dejaron restos físicos: quienes se encontraban en un radio de unos 600 metros del punto de impacto fueron literalmente vaporizados por el calor extremo. No quedaron cuerpos ni huesos ni rastros reconocibles de su existencia. Solo sombras grabadas en muros y escalones, siluetas humanas congeladas por la violencia absoluta de la explosión.
A pesar de la magnitud de aquel crimen histórico, ningún presidente estadounidense posterior a Harry S. Truman, quien ordenó el bombardeo, ha considerado necesario pedir perdón por aquel acto. Ni siquiera Barack Obama, el único mandatario que visitó el Parque Conmemorativo de la Paz en Hiroshima, se atrevió a pronunciar una disculpa formal. Ese silencio no es casual: reconocer el crimen implicaría cuestionar la narrativa moral que legitima la hegemonía global de Estados Unidos.
Por eso resulta particularmente cínico que Washington continúe presentándose como juez supremo del comportamiento de otras naciones, acusándolas de ser “Estados patrocinadores del terrorismo” o “amenazas para la seguridad internacional”. En ese contexto, se inscribe la permanente demonización de países como Cuba o Venezuela, convertidos en objetivos de sanciones económicas, campañas de desinformación y presiones diplomáticas e invasiones ilegales. El problema no es moral sino político: cualquier gobierno que desafíe la estructura de poder construida por Estados Unidos se convierte automáticamente en un enemigo que debe ser aislado, castigado o eventualmente derrocado. Este patrón de conducta revela la verdadera naturaleza del orden internacional contemporáneo, en el que el discurso sobre la democracia funciona muchas veces como una cobertura ideológica para la defensa de intereses geopolíticos y económicos.
Un episodio revelador de esta realidad fue relatado en 2019 por el ex presidente Jimmy Carter durante una de sus clases dominicales en la iglesia bautista Maranatha, en Plains, Georgia. Carter recordó entonces una conversación que había mantenido con Donald Trump acerca del crecimiento económico de China. Trump se mostraba preocupado porque el gigante asiático parecía estar adelantando a Estados Unidos en diversos indicadores económicos y tecnológicos. La respuesta de Carter fue tan simple como contundente. Desde 1979, año en que Washington normalizó relaciones diplomáticas con Pekín, ¿cuántas guerras había librado China? Ninguna. Estados Unidos, en cambio, había estado involucrado casi permanentemente en conflictos armados en distintos puntos del planeta.
Carter añadió un dato todavía más revelador: a lo largo de su historia como nación independiente, Estados Unidos apenas ha disfrutado de unos pocos años de paz real. La conclusión era inevitable. Según sus propias palabras, Estados Unidos se había convertido en la nación más belicosa de la historia moderna.
Desde una perspectiva marxista, esta inclinación permanente hacia la guerra, no puede interpretarse simplemente como el resultado de decisiones individuales o del carácter de determinados líderes políticos. Se trata de un fenómeno estructural vinculado al funcionamiento del capitalismo en su fase imperialista. Tal como explicó Vladimir Lenin, el imperialismo representa la etapa en la que el capital financiero y los monopolios buscan expandirse más allá de sus fronteras nacionales para garantizar nuevas fuentes de acumulación.
En ese contexto, la competencia entre potencias se vuelve cada vez más intensa y la guerra aparece como un instrumento para asegurar mercados, recursos naturales y zonas de influencia. La política exterior estadounidense constituye uno de los ejemplos más claros de esa dinámica histórica. El complejo militar-industrial, formado por gigantescas corporaciones armamentísticas y una extensa red de intereses políticos y burocráticos, depende en gran medida de la existencia de conflictos que justifiquen la producción constante de armamento. Para ese sector del capital, la guerra no es una tragedia sino un negocio extraordinariamente rentable.
Las guerras de las últimas décadas confirman esa lógica. Irak, Afganistán, Libia, Yugoslavia o Siria fueron escenarios donde se combinaron intereses geopolíticos, estrategias de dominación regional y gigantescos contratos para la industria militar. En todos esos casos, la retórica oficial habló de democracia, seguridad o lucha contra el terrorismo.
Pero detrás de esas palabras se encontraba una estructura de poder que necesitaba mantener su hegemonía global. Algo similar ocurre hoy en Oriente Medio, donde las tensiones con Irán y el apoyo incondicional de Washington al gobierno de Benjamin Netanyahu han contribuido a generar una de las guerras más graves de las últimas décadas. Las operaciones militares, las sanciones económicas y las presiones diplomáticas se desarrollan incluso cuando existen procesos de negociación abiertos, lo que revela hasta qué punto el derecho internacional puede ser ignorado cuando entra en conflicto con los intereses estratégicos de las grandes potencias.
En este contexto adquiere especial interés la reflexión formulada por el teórico de las relaciones internacionales Kenneth N. Waltz, quien en 2012 publicó un ensayo provocador titulado “Por qué Irán debería tener la bomba”. Su argumento central era que el equilibrio nuclear ha demostrado históricamente ser un factor de estabilidad. Durante la Guerra Fría, por ejemplo, la existencia de arsenales atómicos tanto en Estados Unidos como en la Unión Soviética generó una situación de disuasión mutua que impidió un enfrentamiento directo entre ambas potencias.
Algo parecido puede observarse en el caso de India y Pakistán. La posesión de armas nucleares por parte de ambos países ha reducido considerablemente la posibilidad de una guerra total, precisamente porque las consecuencias serían devastadoras para ambos. Waltz sostenía que el verdadero riesgo para la estabilidad internacional no radica en la existencia de armas nucleares en varios países, sino en la concentración de ese poder destructivo en manos de unas pocas potencias que pueden utilizar su superioridad para imponer su voluntad sobre otras.
Sin embargo, estas reflexiones han sido sistemáticamente ignoradas por los centros de poder de Washington, donde prevalece una visión estratégica basada en la preservación del dominio global.
El resultado de esta política es un mundo cada vez más inestable, atravesado por conflictos regionales que pueden escalar rápidamente hacia crisis de alcance global. La amenaza de una nueva guerra mundial, que durante décadas parecía relegada a los temores de la Guerra Fría, vuelve a insinuarse en el horizonte de la política internacional. Y ante este panorama, desmontar el mito de la excepcionalidad moral estadounidense se convierte en una tarea política imprescindible. Ninguna nación con un historial tan prolongado de intervenciones militares, bombardeos masivos y golpes de Estado puede presentarse seriamente como árbitro moral del planeta. Reconocer esta realidad no significa justificar las acciones de otros Estados ni negar la complejidad de la política internacional.
Significa simplemente asumir que el sistema mundial contemporáneo está profundamente marcado por la lógica del imperialismo y por la violencia estructural que este genera.
Mientras el orden económico global continúe organizado en torno a la acumulación ilimitada de capital y a la competencia entre potencias, la guerra seguirá siendo una herramienta disponible para quienes controlan los resortes del poder. La paz duradera no podrá construirse sobre la base de arsenales nucleares ni de hegemonías militares, sino sobre un orden internacional verdaderamente democrático en el que los pueblos puedan decidir su destino sin la amenaza permanente de la intervención extranjera.
Recordar Hiroshima y Nagasaki no es un simple ejercicio de memoria histórica: es una advertencia sobre lo que ocurre cuando el poder militar se coloca por encima de la humanidad. Y tal vez por eso, frente al ruido interminable de los cañones y al negocio obsceno de la guerra, la aspiración más elemental de los pueblos sigue siendo la misma: que llegue la noche sobre los arsenales, que se apaguen los fusiles, que se silencien los bombarderos y que, finalmente, a todas las balas se les haga de noche.
