El 3 de enero de 2026, con América Latina todavía marcada por episodios recientes de violencia política y militar, Donald Trump se dirigió al pueblo venezolano con una promesa que resulta tan reconocible como inquietante: “paz y seguridad” a cambio de alinearse con su poder. Semanas después, el 26 de enero, en el foro de Davos —símbolo del capitalismo global— afirmó que Venezuela ganaría más dinero en seis meses que en las dos décadas anteriores. El 12 de febrero, su secretario de Energía, Wright, reforzó ese discurso desde Miraflores, apelando a la cooperación como vía para mejorar la vida de los venezolanos, en el marco de una supuesta misión destinada a “restaurar la prosperidad” del país. El mensaje es claro: someterse al eje político y económico de Washington traería crecimiento, estabilidad y bienestar. Pero esa promesa, presentada como novedad, tiene una larga historia detrás que obliga a mirarla con escepticismo.
No es la primera vez que Estados Unidos ofrece prosperidad a Venezuela bajo condiciones de subordinación. A comienzos del siglo XX, cuando el Estado venezolano intentaba afirmar su soberanía fiscal, compañías vinculadas a capital estadounidense ya intervenían directamente para impedirlo. Entre 1901 y 1903, la New York & Bermúdez Company apoyó una rebelión armada para evitar el pago de impuestos. La lógica era sencilla: cualquier intento de control nacional sobre los recursos encontraba como respuesta la presión, abierta o encubierta, del capital extranjero. Pocos años después, en 1908, esa presión tomó forma política directa cuando la marina estadounidense facilitó el ascenso de Juan Vicente Gómez, cuya dictadura garantizó durante décadas un marco estable para las concesiones petroleras. No hubo exigencias democráticas ni preocupación por los derechos de la población: el interés central era asegurar el acceso a los recursos.
Ese patrón no fue un episodio aislado. A lo largo del siglo XX se repitió con variaciones, pero con una misma estructura de fondo. Cuando el Estado venezolano intentó introducir reformas que afectaban a las compañías extranjeras, la reacción fue inmediata. Gumersindo Torres fue apartado de su cargo por intentar limitar las concesiones petroleras. Medina Angarita fue derrocado tras impulsar medidas fiscales y agrarias que alteraban los intereses establecidos. La intervención externa no siempre adoptó formas visibles, pero operó de manera constante condicionando las decisiones políticas internas. La soberanía quedaba así subordinada a los intereses económicos de actores externos.
Esa subordinación política tuvo su reflejo en el modelo económico. Venezuela fue integrada en el sistema internacional como exportadora de materias primas, especialmente petróleo, mientras se debilitaban otras áreas productivas. La sobrevaluación del bolívar durante décadas facilitó la importación masiva de productos extranjeros, lo que terminó por erosionar la agricultura nacional. El resultado fue un desplazamiento masivo de población rural hacia las ciudades, sin que el aparato productivo urbano pudiera absorberla en condiciones dignas. El país se urbanizó rápidamente, pero esa urbanización no significó desarrollo equilibrado.
En el ámbito industrial, la dependencia fue igualmente evidente. Gran parte del petróleo se exportaba sin procesar, lo que implicaba renunciar a una parte sustancial del valor añadido. Las grandes compañías controlaban las fases más rentables de la cadena, mientras Venezuela quedaba relegada a la extracción. Este esquema limitó la capacidad del país para construir una base industrial sólida y diversificada. La economía terminó articulándose en torno a un sector altamente rentable, pero poco integrado con el resto del tejido productivo.
Las consecuencias sociales de este modelo fueron profundas. A pesar de los ingresos generados por el petróleo, amplios sectores de la población permanecieron en condiciones de precariedad. Las condiciones laborales en los primeros años de la industria eran duras, con jornadas largas, salarios bajos y escasa protección. La represión de las protestas obreras fue frecuente. Con el paso del tiempo, aunque algunos indicadores macroeconómicos mejoraron, la distribución de la riqueza siguió siendo desigual. La coexistencia de altos ingresos nacionales con amplias bolsas de pobreza se convirtió en una característica estructural.
El destino de los recursos naturales refleja con claridad esta dinámica. Durante décadas, una parte significativa de los beneficios generados por el petróleo y otros minerales fue transferida al exterior. Las compañías obtenían rendimientos elevados, mientras el país retenía una fracción limitada de esa riqueza. Incluso cuando el Estado incrementó su participación, la estructura general de dependencia no desapareció por completo. La relación entre lo que se producía y lo que permanecía en el país siguió siendo desequilibrada.
A esta dimensión económica se sumó una transformación cultural vinculada a los patrones de consumo. La influencia del modelo estadounidense impulsó hábitos que reforzaban la dependencia, desde el consumo de bienes importados hasta la centralidad del automóvil. Venezuela se convirtió en un mercado relevante para productos industriales extranjeros, consolidando un vínculo que iba más allá de lo económico y se extendía al ámbito social y cultural.
Con estos antecedentes, las promesas actuales de prosperidad adquieren otro significado. No se trata simplemente de evaluar si pueden aumentar los ingresos en el corto plazo, sino de analizar qué tipo de relación económica se propone y cuáles son sus efectos a medio y largo plazo. La historia muestra que el crecimiento bajo condiciones de dependencia puede coexistir con desigualdad, fragilidad productiva y pérdida de capacidad de decisión.
Aceptar un modelo basado en la cesión de recursos estratégicos y en la subordinación política implica asumir riesgos evidentes. La experiencia histórica sugiere que los beneficios tienden a concentrarse, mientras los costes se distribuyen de manera desigual. La cuestión no es solo cuánto se produce, sino quién controla esa producción y cómo se reparte.
Por eso, el debate sobre la prosperidad no puede separarse del debate sobre la soberanía. Sin capacidad para decidir sobre sus propios recursos y su modelo de desarrollo, cualquier mejora económica corre el riesgo de ser parcial y transitoria. La construcción de un desarrollo más equilibrado pasa por diversificar la economía, fortalecer las instituciones y garantizar una distribución más equitativa de la riqueza.
En definitiva, las promesas de prosperidad vinculadas a la subordinación externa deben ser examinadas a la luz de la experiencia histórica. Venezuela ya ha recorrido ese camino en el pasado, y los resultados muestran luces y sombras, pero también límites claros. Pensar el futuro exige tener en cuenta esos antecedentes y plantear alternativas que permitan superar las dinámicas de dependencia. Porque la prosperidad, si ha de ser duradera, difícilmente puede construirse sobre la renuncia a la autonomía económica y política
