La denuncia presentada por la periodista Sarah Santaolalla contra Vito Quiles no es un episodio anecdótico ni un exceso puntual atribuible al histrionismo de la ultraderecha mediática. Es un síntoma. Uno más. Una señal clara de que algo profundamente enfermo se ha normalizado en el espacio público español, con la complicidad activa de instituciones que miran hacia otro lado y con la pasividad cobarde de quienes aún se sorprenden cuando el odio deja de ser retórico y se convierte en persecución física.
Los hechos son tan simples como inquietantes. Tras participar en una tertulia en RTVE, Santaolalla fue seguida hasta su domicilio por Quiles, personaje conocido por convertir la provocación, la mentira y el señalamiento personal en método profesional. No se trató de una casualidad ni de una coincidencia urbana. Fue un acto deliberado. Un gesto cargado de intención política. El objetivo era evidente: identificar, exponer, marcar. Decirle a una audiencia fanatizada dónde vive una periodista incómoda, señalarla como diana y dejar que el clima de hostigamiento haga el resto.
¿Objetivo de quién? Esa es la pregunta que debería helarnos la sangre. Porque cuando el señalamiento se produce en un contexto de exaltación reaccionaria, de discursos que legitiman la violencia simbólica y de comunidades digitales que celebran el escarnio, el paso de la palabra al golpe deja de ser improbable. Con ultras envalentonados, convencidos de estar librando una cruzada cultural, cualquier energúmeno con resentimiento acumulado puede sentirse llamado a actuar. Y entonces, como siempre, llegará el ritual hipócrita del lamento.
Cuando ocurra una desgracia, si ocurre, asistiremos al mismo teatro de siempre. Se hablará de un lobo solitario, de un desequilibrado, de un individuo ajeno a toda estructura social organizada. Se repetirá que nadie podía preverlo. Y quizá sea cierto en lo estrictamente penal. Pero ese supuesto loco, no habría sabido a quién odiar, dónde buscar ni contra quién dirigir su violencia si antes no hubiera existido una red de agitadores que señalan, exponen y alimentan el rencor. Eso tiene un nombre en cualquier manual serio: responsabilidad. Incluso autoría intelectual. Aunque en este caso el adjetivo resulte generoso.
La persecución contra periodistas y responsables políticas es más intensa de lo que muchos quieren admitir. No es un fenómeno marginal ni espontáneo. Tiene patrones claros. Suele dirigirse contra mujeres, jóvenes, con visibilidad pública y discurso crítico. Mujeres que, además, han aprendido a resistir en silencio. Durante años, muchas de ellas minimizaron el impacto del acoso, evitaron hablar de ello y se refugiaron en una fortaleza aparente que hoy empieza a resquebrajarse. No porque sean débiles, sino porque nadie debería vivir permanentemente bajo amenaza.
Hace tiempo, en conversaciones privadas, surgió una pregunta incómoda que se repetía como un eco. No formulada desde la curiosidad profesional, sino desde la preocupación humana: cómo afecta todo esto a la vida personal. Qué pasa cuando el trabajo político o periodístico se traduce en miedo cotidiano, en vigilancia constante, en la sensación de no poder volver a casa con tranquilidad. Las respuestas, casi siempre dadas en voz baja, fueron devastadoras. No por exageradas, sino por su normalidad. Cambios de rutinas, miedo por la familia, ansiedad persistente, agotamiento emocional. Un precio demasiado alto por ejercer derechos básicos en una sociedad que se dice democrática.
En el último año, sin necesidad de grandes estudios sociológicos, dos diputadas especialmente brillantes han confesado algo que debería avergonzar a todo el país. No podían más. A pesar de su compromiso, de su vocación y de la convicción profunda de estar haciendo lo correcto, el acoso había cruzado un umbral insoportable. Tenían familias, hijos, padres, amigos. Querían vivir. Querían regresar a casa sin mirar atrás, sin sospechar de cada coche, sin temer que alguien las estuviera grabando o siguiendo para alimentar una cloaca digital.
Ambas tomaron una decisión dolorosa: no volver a presentarse a elecciones. No por falta de ideas ni de energía política, sino por pura supervivencia. Que el hostigamiento organizado consiga expulsar del espacio público a mujeres preparadas, honestas y trabajadoras no es un daño colateral. Es un fracaso estructural. Si el miedo logra condicionar quién puede representar a la ciudadanía y quién no, el problema no es individual. Es del sistema. Y entonces quizá haya que dejar de usar palabras grandilocuentes y empezar a llamar a las cosas por su nombre.
Porque una democracia en la que determinados cuerpos y voces son sistemáticamente expulsados mediante el terror cotidiano no es una democracia plena. Es otra cosa. Un régimen informal donde el poder real sigue teniendo rostro masculino, agresivo y reaccionario. Un ecosistema en el que la testosterona mal entendida y la impunidad institucional se combinan para disciplinar a quienes se salen del guion. Y mientras tanto, se sigue hablando de pluralismo y libertad de expresión con una ligereza insultante.
En este contexto, resulta casi grotesco que el comportamiento de Vito Quiles y otros personajes similares esté siendo debatido con parsimonia en el Congreso de los Diputados. Se estudia, se anuncia, se valora la posibilidad de retirar acreditaciones. Como si estuviéramos ante un exceso administrativo y no ante un problema político de primer orden. Quienes han trabajado en el Congreso saben perfectamente cómo operan estos individuos. No informan. Interrumpen. No preguntan. Provocan. No buscan respuestas. Buscan clips virales, ruido, humillación. Su objetivo no es fiscalizar el poder, sino degradar el espacio público.
Mienten de forma sistemática, gritan para impedir cualquier diálogo y convierten la palabra en arma arrojadiza. Asesinan la confidencia con su estridencia. Enfangar es su oficio. Y cuando terminan la jornada parlamentaria, continúan la faena en la calle. Persiguen, graban, señalan. Especialmente a mujeres. Como a Sarah Santaolalla. Todo ello bajo el paraguas de una acreditación oficial que les otorga un aura de legitimidad que no merecen.
Conceder credenciales de informador en la sede de la soberanía popular a personajes cuya actividad consiste en el acoso y la intimidación es una irresponsabilidad mayúscula. No se trata de censura ni de limitar la crítica. Se trata de establecer límites básicos de convivencia democrática. Equiparar el ejercicio del periodismo con la agitación tóxica es una perversión que acaba teniendo consecuencias muy reales. Cuando las instituciones bendicen el ruido, el odio y la furia, no pueden fingir sorpresa cuando esos elementos se desbordan.
La impunidad es otro factor clave. Cuando estos agitadores son condenados judicialmente y, acto seguido, reciben apoyo económico o político de dirigentes conservadores para pagar multas, el mensaje es claro: adelante, seguid. El sistema os protege. La ley se convierte en un trámite y la sanción en una anécdota. Así se construye un ecosistema donde el acoso no solo es tolerado, sino incentivado.
La España que presume de modernidad y derechos convive con esta realidad sin demasiada incomodidad. Una realidad en la que periodistas son perseguidas hasta su casa y diputadas abandonan la política por miedo. Esa es la fotografía. Y ante ella solo caben dos posiciones. Mirar hacia otro lado o tomar partido. No hay equidistancia posible entre quien señala y quien es señalado, entre quien acosa y quien intenta simplemente hacer su trabajo.
Elegir es inevitable. Y elegir, en este caso, significa estar del lado de quienes defienden la palabra frente al grito, la información frente a la intoxicación y la convivencia frente a la amenaza. Significa decir basta. Significa asumir que no todo vale en nombre de la audiencia o la provocación. Y significa, también, recordar que la libertad de expresión no ampara el señalamiento ni la persecución.
Entre quienes convierten el odio en espectáculo y quienes lo sufren en silencio, la elección es sencilla. Hay nombres propios, pero también hay principios en juego. Y cuando el barro lo invade todo, conviene tener claro con quién caminar. En este paisaje turbio, la dignidad sigue estando del lado de quienes resisten. Y esa elección, al menos, todavía nos pertenece.
