El 23 de febrero de 1981 no terminó cuando los guardias civiles abandonaron el Congreso. No terminó con los disparos al techo ni con el mensaje televisado del rey. Tampoco acabó cuando el relato oficial lo consagró como la gran prueba superada por la democracia española. Aquel día no fue solo un intento de golpe fallido. Fue también una delimitación. Un marcaje de territorio. Un recordatorio de que el poder real no desaparece porque cambie la escenografía institucional.
Durante décadas se ha repetido que el 23-F fue el último coletazo del franquismo. Una sacudida traumática que, paradójicamente, terminó fortaleciendo el sistema democrático. Esa interpretación, cómoda y tranquilizadora, ha servido para cerrar el episodio en el pasado y convertirlo en ceremonia anual. Pero conviene preguntarse qué tipo de democracia salió reforzada de aquella crisis. No en términos formales —elecciones, pluralismo partidista, libertades civiles— sino en términos materiales y estructurales.
La Transición española fue presentada como un modelo de consenso ejemplar. Sin embargo, todo consenso responde a una correlación de fuerzas concreta. No se negocia desde el vacío. Se negocia desde la presión. El aparato militar intacto, los grandes grupos económicos consolidados durante el desarrollismo franquista, la tutela internacional interesada en la estabilidad del flanco sur europeo, el desgaste acumulado de una oposición que salía de décadas de clandestinidad. En ese contexto, la reforma pactada sustituyó a la ruptura. Y el 23-F funcionó como aviso de que los márgenes estaban fijados.
A partir de aquel momento, la joven democracia interiorizó una lógica: avanzar sí, pero sin alterar los equilibrios profundos. Hablar de pluralismo político era aceptable; cuestionar la arquitectura del poder económico y militar resultaba mucho más delicado. La estabilidad se convirtió en el principio rector. Y bajo esa bandera se consolidó un régimen que combinaba libertades políticas con continuidades estructurales significativas.
El 23-F no triunfó en su objetivo inmediato —no hubo junta militar ni suspensión de la Constitución—, pero sí logró algo más sutil: reforzar la idea de que el sistema tenía guardianes. Que existían límites no escritos. Que ciertos debates debían gestionarse con prudencia extrema. La pedagogía del miedo operó como cemento invisible del nuevo edificio institucional.
Con el paso de los años, el ruido de sables fue sustituido por otras formas de disciplina social. Las crisis financieras desempeñaron un papel equivalente. Cuando la política amagó con medidas que afectaban a intereses estructurales, la reacción no vino de los cuarteles, sino de los mercados. La prima de riesgo, los informes de agencias internacionales, las advertencias de instituciones económicas se convirtieron en recordatorios de hasta dónde se podía llegar. El lenguaje cambió, pero la lógica de los límites permaneció.
En este marco debe analizarse la reciente desclasificación de 153 documentos oficiales relacionados con el 23-F impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Presentada como un ejercicio de transparencia y compromiso con la memoria democrática, la medida ha sido celebrada como avance institucional. Sin embargo, conviene examinarla con mirada crítica. No para negar el valor de abrir archivos, sino para preguntarse por el contexto y el alcance real de esa apertura.
La desclasificación llega más de cuatro décadas después de los hechos. Llega en un momento político marcado por tensiones territoriales, por el auge de la extrema derecha y por una fuerte polarización parlamentaria. Llega cuando el Ejecutivo necesita reforzar su perfil reformista y reivindicar su agenda de memoria frente a una oposición que lo acusa de debilitar las instituciones. No es ilegítimo que un gobierno impulse políticas de transparencia. Lo problemático es cuando la transparencia aparece fragmentada, administrada y vinculada a cálculos coyunturales.
Abrir 153 documentos no equivale necesariamente a abrir la verdad completa. La pregunta central no es solo qué contienen esos papeles, sino qué queda fuera. ¿Se ha producido una revisión integral de todos los fondos relacionados con el golpe? ¿Se ha reformado de manera estructural la normativa que permite mantener archivos clasificados durante décadas? ¿Existe un compromiso estable que garantice acceso pleno a investigadores sin depender del gobierno de turno?
La Ley de Secretos Oficiales, heredada de la etapa franquista y reformada parcialmente sin alterar su lógica profunda, sigue siendo el marco que regula estas decisiones. Mientras ese andamiaje permanezca prácticamente intacto, la desclasificación dependerá siempre de la voluntad política del momento. Y cuando la voluntad política se mezcla con necesidades de legitimación, la transparencia corre el riesgo de convertirse en instrumento narrativo.
El Gobierno ha sabido presentar la medida como prueba de madurez democrática. Y es cierto que cualquier avance en acceso a documentación histórica es preferible al silencio. Pero también es legítimo señalar que la administración selectiva del pasado forma parte del ejercicio del poder. Controlar el ritmo y el alcance de lo que se revela permite influir en el marco interpretativo. La memoria no es neutra; es un campo de disputa.
En paralelo, la extrema derecha ha intensificado su ofensiva simbólica contra las políticas de memoria. Esa confrontación ofrece al Ejecutivo un terreno favorable para posicionarse como garante de valores democráticos. En ese contexto, la desclasificación adquiere un valor político adicional: refuerza un relato de compromiso institucional frente a quienes minimizan o relativizan el golpe. El problema no es el posicionamiento en sí, sino el riesgo de convertir la memoria en pieza táctica.
El 23-F debería ser objeto de estudio exhaustivo, sin zonas vedadas. No solo para aclarar responsabilidades individuales, sino para comprender la estructura de poder que lo hizo posible. ¿Qué conexiones políticas y económicas rodearon la intentona? ¿Qué redes de complicidad o pasividad existieron? ¿Qué reformas quedaron pendientes tras su fracaso? Sin una apertura integral y permanente, esas preguntas seguirán condicionadas por la administración selectiva del archivo.
Más allá del episodio concreto, la cuestión de fondo es qué entendemos por democracia madura. Una democracia segura de sí misma no teme revisar críticamente su pasado. No teme abrir todos sus fondos documentales una vez superados plazos razonables de seguridad. No teme admitir ambigüedades ni contradicciones en su proceso de consolidación. Cuando la apertura depende de la oportunidad política, la sospecha de cálculo es inevitable.
El legado más persistente del 23-F no es la imagen de un teniente coronel pistola en mano, sino la consolidación de una cultura política marcada por la cautela estructural. La idea de que ciertos equilibrios no deben alterarse en exceso. Esa cultura se ha proyectado sobre múltiples ámbitos: la estructura territorial del Estado, la relación entre poder político y poder económico, la reforma profunda del aparato judicial y policial.
En las últimas décadas, España ha experimentado avances innegables en derechos civiles y libertades. Pero también ha sufrido una intensificación de desigualdades materiales. El acceso a la vivienda se ha convertido en problema estructural. La precariedad laboral afecta especialmente a jóvenes y mujeres. Los servicios públicos han soportado recortes y tensiones. En este contexto, la defensa retórica de la democracia resulta insuficiente si no va acompañada de transformaciones que amplíen la justicia social.
El auge de fuerzas reaccionarias no puede entenderse solo como fenómeno cultural. Tiene raíces materiales. Cuando amplias capas sociales perciben que el sistema no mejora sus condiciones de vida, la frustración puede canalizarse hacia proyectos que prometen orden y certezas identitarias. Si el espacio progresista limita su horizonte a la gestión prudente de lo existente, deja terreno libre para narrativas simplificadoras.
Por eso la memoria del 23-F no debería servir únicamente para reafirmar la estabilidad institucional, sino para cuestionar sus límites. ¿Hasta qué punto el régimen surgido en 1978 ha democratizado realmente el poder económico? ¿Qué reformas estructurales siguen pendientes? ¿Qué mecanismos de control ciudadano sobre instituciones clave permanecen insuficientes?
Hablar de poder de clase no es retórica ideológica, sino análisis de distribución de recursos y capacidad de influencia. Las decisiones económicas benefician de forma desigual a distintos grupos sociales. Las políticas fiscales, laborales y financieras configuran un mapa de ganadores y perdedores. Si sectores estratégicos —energía, banca, grandes infraestructuras— mantienen una posición de influencia determinante sobre la agenda pública, la soberanía popular se ve condicionada.
La desclasificación de documentos del 23-F, por relevante que sea, no altera por sí misma esa estructura. Puede aportar información histórica valiosa, pero no modifica las correlaciones actuales de poder. De ahí la importancia de no confundir gestos simbólicos con transformaciones estructurales. La transparencia es condición necesaria, pero no suficiente.
El Gobierno de Pedro Sánchez se mueve en una tensión constante: por un lado, reivindica una agenda de memoria y derechos; por otro, gestiona un sistema económico integrado en dinámicas globales que limitan el margen de maniobra. Esa tensión se refleja en decisiones como la apertura parcial de archivos: avances reales, pero contenidos dentro de un marco que no se cuestiona de raíz.
El 23-F quiso demostrar que había límites infranqueables. Cuatro décadas después, la pregunta sigue siendo quién define esos límites. ¿Los define el temor a la inestabilidad? ¿Los define el poder económico consolidado? ¿O los define una ciudadanía organizada que exige mayor participación y justicia material?
La democracia no es un estado permanente garantizado por inercia. Es un proceso dinámico, atravesado por conflictos. Recordar el 23-F como episodio cerrado puede resultar tranquilizador, pero asumirlo como advertencia permanente obliga a una reflexión incómoda. No basta con afirmar que el golpe fracasó. Hay que preguntarse qué modelo quedó consolidado y qué reformas quedaron aplazadas.
Una democracia fuerte no teme la verdad completa ni la participación amplia. No necesita administrar la memoria según conveniencia. Se sostiene en reglas transparentes y en una distribución equitativa de oportunidades. Mientras la desigualdad estructural persista y mientras la apertura del pasado dependa del cálculo político, el 23-F seguirá vivo como símbolo de los límites no superados.
Superar definitivamente aquel episodio no significa borrar su recuerdo, sino aprender de él sin convertirlo en instrumento coyuntural. Significa asumir que la estabilidad auténtica se construye con igualdad, con control democrático efectivo y con transparencia estructural. Solo cuando esos pilares estén firmemente asentados podremos afirmar que el 23-F pertenece por completo al pasado y no al presente latente de nuestra cultura política.
