La indignación que ha llenado las calles de Madrid no es un estallido pasajero ni una reacción sentimental ante un caso aislado. Es la expresión política de una contradicción profunda: la vivienda, que debería ser un derecho social garantizado, ha sido convertida por el capitalismo inmobiliario en mercancía, activo financiero y mecanismo de extracción de renta. El caso de Maricarmen, una mujer de 87 años amenazada con ser expulsada de su hogar después de toda una vida, concentra en un solo rostro la violencia estructural de un sistema que subordina la existencia de la clase trabajadora al beneficio de propietarios, fondos buitre y empresas especuladoras. Ante esta crisis, debe exigirse la dimisión de Isabel Rodríguez García, ministra de Vivienda, por una gestión tardía, insuficiente e incapaz de responder al sufrimiento social acumulado.
En efecto, el desahucio de Maricarmen no puede analizarse como un conflicto privado entre una inquilina y una empresa. Esa lectura sería limitada y funcional a quienes pretenden ocultar la raíz del problema. Lo que está en juego es el poder de una clase propietaria para decidir quién permanece en la ciudad y quién es expulsado de ella; quién puede vivir con estabilidad y quién queda condenado a la precariedad permanente. Cuando una persona mayor, enferma y arraigada en su barrio desde 1956 puede ser desalojada porque una sociedad mercantil considera agotado un contrato, queda al descubierto la verdadera naturaleza del orden vigente: la propiedad privada capitalista pesa más que la vida humana.
Por eso, la movilización popular en la Puerta del Sol tiene un significado que desborda el calendario parlamentario. El eco del 15M no aparece por nostalgia, sino porque vuelve a manifestarse una verdad elemental: cuando las instituciones no resuelven las necesidades materiales de las mayorías, la calle se convierte en el terreno decisivo de la política. El Congreso negocia, el Gobierno calcula, los partidos miden sus costes; mientras tanto, miles de familias viven pendientes de una subida del alquiler, de una finalización de contrato, de una notificación judicial o de la decisión opaca de una empresa que ni siquiera muestra un rostro reconocible.
Ahora bien, conviene no confundir el síntoma con la enfermedad. Los alquileres insoportables, las habitaciones a precios abusivos, los contratos de temporada utilizados para esquivar la ley, la imposibilidad de comprar una vivienda y la expulsión de los barrios populares no son excesos accidentales del mercado. Son consecuencias previsibles de un modelo económico construido sobre la acumulación privada. Bajo el capitalismo, la vivienda no se organiza en función de la necesidad social, sino de la rentabilidad; por tanto, allí donde existe una demanda básica y permanente, el capital encuentra una fuente segura de ganancia.
Asimismo, los datos retratan una ofensiva de clase. Más de 3.000 desahucios en un trimestre, la mayoría por impago del alquiler, no son una estadística neutra: son miles de vidas fracturadas. Un alquiler medio de 1.176 euros, frente a los 870 de 2020, expresa una transferencia constante de salario desde quienes trabajan hacia quienes poseen. En Madrid, donde los precios alcanzan cifras prohibitivas, la ciudad se convierte en una máquina de selección social. Quien no puede pagar queda fuera; quien resiste debe sacrificar sueldo, salud, tiempo y futuro.
De ahí que el problema no sea únicamente la falta de vivienda, sino la propiedad concentrada y el poder político que la protege. Fondos, inmobiliarias, grandes tenedores y rentistas actúan como una burguesía urbana que parasita la necesidad de techo. No producen valor social equivalente al beneficio que obtienen; se apropian de una parte creciente del salario colectivo mediante la renta. Esta realidad confirma una tesis clásica del marxismo: la explotación no se limita al centro de trabajo. También opera en la reproducción cotidiana de la vida, en el alquiler, en la hipoteca, en el transporte y en cada gasto indispensable para sobrevivir.
Sin embargo, la respuesta institucional ha sido lenta, insuficiente y llena de cálculos. La Ley de Vivienda de 2023 nació limitada y, además, ha quedado bloqueada allí donde las comunidades autónomas se niegan a aplicarla. Los topes al alquiler, aplicados solo en algunos territorios, han mostrado un alcance parcial; los propietarios encuentran vías de escape mediante contratos de temporada o alquileres de habitaciones. El resultado es claro: cuando la regulación no ataca la estructura de poder del mercado inmobiliario, el capital se adapta, burla la norma y conserva su posición dominante.
Por consiguiente, el llamado “decreto Maricarmen” no debe entenderse como una concesión generosa, sino como una exigencia mínima arrancada por la presión popular. Prohibir los desahucios sin alternativa habitacional, prorrogar automáticamente los contratos, congelar alquileres y regular de forma estricta los alquileres de temporada y de habitaciones son medidas urgentes. No resuelven por sí solas la contradicción de fondo, pero pueden frenar la ofensiva inmediata contra miles de hogares. En política, las reformas tienen valor cuando fortalecen la organización de la clase trabajadora y reducen el margen de maniobra del capital.
No obstante, sería ingenuo pensar que bastará con un decreto para garantizar el derecho a la vivienda. La experiencia demuestra que cada avance social encuentra la resistencia feroz de quienes ven amenazada su tasa de ganancia. Junts, Podemos, Sumar, PSOE y el resto de actores parlamentarios se mueven entre presiones cruzadas, cálculos electorales y límites del propio Estado. Pero el problema esencial permanece: un Estado que protege la propiedad privada de los medios fundamentales de vida difícilmente puede garantizar plenamente el derecho universal a habitar. Puede regular, contener y corregir; pero, si no cambia la correlación de fuerzas, acabará administrando la crisis en lugar de resolverla.
A su vez, esa incapacidad política tiene responsables concretos. Isabel Rodríguez García no puede presentarse como mera espectadora de una crisis que atraviesa a millones de personas. Como ministra de Vivienda, su deber era anticiparse, legislar con firmeza, presionar para aplicar la ley, cerrar las vías de fraude y proteger de forma inmediata a quienes viven bajo amenaza de expulsión. No lo ha hecho con la contundencia necesaria. La demora del decreto, la dependencia de equilibrios parlamentarios interminables y la falta de una ofensiva real contra los grandes tenedores revelan una gestión inepta. Por ello, pedir su dimisión no es un gesto personalista: es una exigencia democrática ante el fracaso de una política pública esencial.
En cambio, la calle introduce un elemento distinto: organización, conflicto y poder popular. El Sindicato de Inquilinas ha logrado situar la vivienda en el centro de la lucha de clases contemporánea. Su fuerza no procede solo de sus propuestas, sino de su capacidad para señalar al adversario con claridad: fondos buitre, rentistas, gobiernos que no actúan y administraciones que se subordinan al negocio inmobiliario. Frente al discurso liberal que reduce todo a oferta, demanda y seguridad jurídica, el movimiento plantea una pregunta material: ¿seguridad para quién?, ¿para quien especula con edificios enteros o para quien necesita una casa donde vivir?
Además, la crisis de la vivienda revela una fractura generacional que no puede separarse de la clase social. Jóvenes obligados a pagar 750 euros por una habitación, trabajadores de más de 40 años compartiendo piso, personas con empleos estables incapaces de comprar una vivienda y mayores amenazados con ser expulsados conforman un mismo bloque social agredido. La precariedad habitacional ya no afecta solo a los sectores más empobrecidos; avanza sobre capas cada vez más amplias del pueblo trabajador. Por eso la consigna “nadie está a salvo” no es una exageración: es el diagnóstico político de una sociedad donde el hogar depende de decisiones ajenas y de precios incontrolables.
Mientras tanto, las derechas autonómicas y municipales exhiben una complicidad abierta con los intereses inmobiliarios. La negativa a aplicar la ley, la exaltación de los grandes fondos y la promoción de la inversión especulativa muestran una orientación de clase inequívoca. No gobiernan para garantizar derechos, sino para asegurar las condiciones de acumulación del capital. En ese sentido, la vivienda se ha convertido en una línea divisoria: de un lado, quienes defienden la ciudad como espacio de vida; del otro, quienes la conciben como plataforma de negocio.
Por último, la lucha por la vivienda exige una perspectiva más profunda que la emergencia inmediata. Hace falta ampliar masivamente el parque público, blindar su carácter permanente, expropiar vivienda vacía en manos de grandes tenedores, controlar los precios de forma efectiva y reconocer la organización de los inquilinos como sujeto político. Pero, sobre todo, hace falta disputar la idea central del régimen: que la propiedad privada puede estar por encima de la necesidad colectiva. Ninguna sociedad que expulsa a sus mayores, endeuda a sus jóvenes y condena a sus trabajadores a vivir para pagar alquileres puede llamarse democrática en sentido pleno.
En definitiva, Maricarmen no es una excepción: es un símbolo. Su caso ha encendido una rabia acumulada durante años de abusos, promesas incumplidas y resignación impuesta. La acampada en Sol, las consignas contra los rentistas y la exigencia de medidas urgentes señalan un camino: solo la movilización sostenida puede obligar al poder político a actuar. Desde una perspectiva marxista-leninista, la conclusión es nítida: la vivienda no será conquistada como derecho si permanece sometida a la dictadura del mercado. O manda la necesidad del pueblo trabajador, o manda la ganancia de quienes viven de explotarla.
