En medio del ruido político internacional que ha contribuido a intensificar Donald Trump, conviene detenerse un momento en otro espectáculo doméstico que, por grotesco, resulta también revelador. Mientras el presidente estadounidense continúa alimentando un estilo político basado en la confrontación permanente y el desprecio por las instituciones, su eco español —ese laboratorio de la ultraderecha llamado Vox— atraviesa una crisis interna que mezcla farsa, ajuste de cuentas y lucha descarnada por el poder. La paradoja es tan evidente como incómoda: quienes construyeron un partido sobre la obediencia ciega al líder y el desprecio por cualquier forma de pluralismo interno se presentan ahora como víctimas de una supuesta falta de democracia en la organización.
Uno tras otro, varios de los rostros que participaron en la fundación y expansión del partido han ido cayendo del organigrama o desapareciendo de la primera línea. Ahí están; Iván Espinosa de los Monteros, Rocío Monasterio, Macarena Olona y Javier Ortega-Smith, junto a dirigentes territoriales como José Ángel Antelo. Todos ellos han sido, de un modo u otro, damnificados por el proceso de depuración interna que está consolidando el control absoluto de Santiago Abascal sobre la formación de ultraderecha. La lista podría ampliarse en cualquier momento, porque los procesos de este tipo rara vez se detienen en un punto concreto: cuando una organización entra en dinámica de purga, la lógica interna empuja a prolongarla hasta que el liderazgo queda completamente blindado.
Conviene llamar a las cosas por su nombre. No se trata simplemente de discrepancias políticas ni de rivalidades personales. Lo que está ocurriendo dentro de Vox responde a una lógica bastante conocida en organizaciones profundamente jerárquicas: eliminar cualquier foco de autonomía que pueda convertirse en un problema para el líder. En ese tipo de estructuras, la visibilidad pública o la acumulación de influencia no son necesariamente virtudes; pueden convertirse en amenazas.
En ese contexto debe entenderse también el caso de Juan García-Gallardo, quien durante un tiempo encarnó uno de los perfiles más estridentes de la ultraderecha institucional en España. Como vicepresidente de Castilla y León, su paso por la política se caracterizó por una mezcla de provocación ideológica y gesticulación mediática. Sus propuestas —como obligar a las mujeres a escuchar el latido fetal antes de abortar— no eran simples ocurrencias aisladas, sino parte de una agenda cultural diseñada para cuestionar derechos consolidados y alimentar la confrontación política.
García-Gallardo, ocupó un cargo llamativo, pero con escasas competencias reales. La vicepresidencia que ejercía dentro del gobierno autonómico compartido entre el Partido Popular y Vox tenía más valor simbólico que capacidad efectiva de gestión. Sin embargo, la visibilidad pública que le proporcionaba era considerable. Durante un tiempo, eso bastó para convertirlo en una de las caras más reconocibles del partido en el ámbito institucional.
La situación cambió cuando la dirección nacional decidió romper las coaliciones autonómicas con el Partido Popular a raíz de los enfrentamientos con la dirigencia de Alberto Núñez Feijóo, especialmente en materia de inmigración. La orden llegó desde la cúpula del partido y se ejecutó sin matices. En cuestión de días, García-Gallardo pasó de ocupar una vicepresidencia autonómica a abandonar la política activa. El sueldo público de más de cien mil euros anuales desapareció al mismo ritmo que su presencia institucional.
El episodio habría quedado como una anécdota más dentro de la turbulenta vida política española si no fuera porque, tras su retirada, el propio García-Gallardo ha terminado sumándose al coro de críticas contra Abascal. En entrevistas y declaraciones públicas, el exvicepresidente se presenta ahora como uno más de los purgados por el aparato del partido. Su relato coincide con el de otros antiguos dirigentes que hablan de traición, de maniobras internas y de una dirección cada vez más cerrada sobre sí misma.
Lo sorprendente no es tanto el contenido de esas denuncias como el momento en que aparecen. Durante años, ninguno de estos dirigentes pareció especialmente preocupado por la ausencia de mecanismos democráticos dentro de Vox. Tampoco se escucharon críticas relevantes cuando la dirección del partido concentraba cada vez más poder o cuando se reducían al mínimo los espacios de debate interno. Las objeciones han llegado ahora, cuando algunos de los protagonistas han descubierto que el mismo mecanismo que servía para disciplinar a otros, también podía aplicarse contra ellos.
La política ofrece numerosos ejemplos de organizaciones que, cuando se estructuran alrededor de un liderazgo fuerte y muy centralizado, terminan gestionando sus tensiones internas mediante mecanismos de exclusión. En esos contextos, la lealtad personal al líder suele pesar más que cualquier otro criterio político o programático. La discrepancia se interpreta como una amenaza, y la solución consiste en apartar a los que la encarnan.
En el caso de Vox, la purga cumple una función clara: reforzar el control absoluto de Abascal sobre la organización. El partido nació como un proyecto fuertemente personalista y con una estructura diseñada para evitar disputas internas prolongadas. En ese modelo, la lealtad al líder es el principal capital político dentro de la organización.
Por eso sorprende tan poco lo que está ocurriendo ahora. Los movimientos políticos construidos sobre el culto al liderazgo fuerte suelen reaccionar del mismo modo cuando aparecen tensiones internas: cerrando filas alrededor del dirigente principal y apartando a quienes puedan cuestionarlo, incluso de forma indirecta. La estabilidad del liderazgo se convierte en el objetivo prioritario.
Desde ese punto de vista, las quejas de los purgados tienen algo de irónico. Muchos de ellos participaron activamente en la construcción de un partido que nunca se caracterizó precisamente por su pluralismo interno. Durante años defendieron un modelo de organización disciplinado, centralizado y poco dado a los debates públicos. Ahora descubren que ese mismo modelo puede volverse contra ellos.
La política, incluso en sus versiones más moderadas, suele ser una actividad ingrata. Las alianzas se rompen, las lealtades cambian y los proyectos colectivos terminan fracturándose con relativa frecuencia. Por el contrario, en organizaciones de corte autoritario ese proceso adquiere un carácter especialmente abrupto. La disidencia no se gestiona mediante el debate sino más bien con la exclusión.
Resulta entonces difícil empatizar con el dramatismo de algunas declaraciones recientes. Los discursos sobre la traición o la injusticia suenan extraños cuando proceden de dirigentes que, durante años, defendieron una concepción extremadamente rígida del poder político. El mismo mecanismo que ahora denuncian fue durante mucho tiempo una de las señas de identidad del partido fascista.
Lo que sí resulta relevante, es lo que este episodio revela sobre la naturaleza del proyecto político de Vox. La forma en que una organización trata a sus propios dirigentes, suele dar pistas bastante claras sobre cómo entiende el ejercicio del poder. Si el desacuerdo interno se resuelve mediante purgas, expulsiones o marginaciones, resulta legítimo preguntarse cómo se gestionaría el pluralismo en un escenario de gobierno.
La ultraderecha española ha construido su identidad política sobre una combinación de nacionalismo agresivo, reaccionarismo cultural y rechazo frontal a muchos de los consensos democráticos de las últimas décadas. Ese proyecto difícilmente podía dar lugar a una organización abierta al debate interno o a la pluralidad de posiciones.
Por eso lo que está ocurriendo dentro de Vox, no debería sorprender a nadie. Es, en cierto modo, la consecuencia lógica de su propio modelo político. Un partido estructurado alrededor de un liderazgo fuerte, tiende inevitablemente a resolver sus conflictos mediante la exclusión de quienes dejan de ser útiles o leales.
En consecuencia, las lágrimas de los purgados, en ese contexto, resultan poco convincentes. Más que una injusticia inesperada, parecen el desenlace previsible de una dinámica que lleva años desarrollándose. Como la hierba mojada después de la lluvia, una purga dentro de Vox no es un fenómeno extraordinario, sino la consecuencia natural del clima político que el propio partido ha cultivado desde su nacimiento.
Y, sin embargo, el episodio tiene una lectura que va más allá del ajuste de cuentas interno. Si así se comporta la dirección del partido con quienes fueron sus aliados más cercanos, con quienes compartieron proyecto y estrategia durante años, no resulta descabellado preguntarse cómo trataría a una sociedad plural y llena de desacuerdos si alguna vez alcanzara el poder estatal.
Las organizaciones políticas suelen revelar su verdadera naturaleza cuando atraviesan conflictos internos. En esos momentos desaparece la retórica pública y quedan al descubierto las reglas reales de funcionamiento. Lo que estamos viendo en Vox es precisamente eso: un partido que, cuando se enfrenta a tensiones internas, opta por reforzar la autoridad del líder y eliminar cualquier foco de autonomía.
No es un fenómeno nuevo en la historia política. Pero sí constituye un recordatorio bastante claro de qué tipo de cultura política anima a la extrema derecha española. Una cultura que habla constantemente de orden, disciplina y lealtad, y que cuando esas palabras se traducen en prácticas organizativas termina produciendo escenas como las que hoy protagonizan los antiguos dirigentes del partido.
La purga, en definitiva, no es una anomalía. Es la confirmación de cómo funciona realmente el poder dentro de Vox. Y también un anticipo bastante elocuente de lo que podría ocurrir si ese modelo de liderazgo llegara algún día a gobernar algo más que su propia organización.
