Vivimos con la mirada puesta en lo que todavía no ha ocurrido. Queremos conocer las notas antes de que terminen los exámenes, saber el tiempo de la semana próxima cuando apenas ha empezado la actual y anticipar el resultado de un partido antes de que ruede el balón. Hemos convertido la espera en una molestia y la incertidumbre en un enemigo. Todo debe llegar antes de tiempo, como si la vida fuera una bandeja de comida rápida que pierde valor en cuanto obliga a sentarse.
Esa ansiedad por adelantarnos a los acontecimientos también ha contaminado nuestra manera de disfrutar. Hay turistas que visitan la Alhambra con la única misión de fotografiarla, como si el monumento fuera una prueba que entregar a las redes sociales. Llegan, disparan la cámara y se marchan. No escuchan el agua, no se detienen ante la geometría de los patios ni contemplan la luz que se desliza por las paredes. Algo parecido sucede con ciertos montañeros que, después de horas de ascenso, alcanzan la cumbre y apenas permanecen allí el tiempo necesario para aliviar la vejiga. Han conquistado la cima, pero no han estado en ella.
La prisa no solo nos roba el paisaje: también nos arrebata la experiencia. Todo se mide por la velocidad, la productividad y la capacidad de anticipación. Incluso el ocio se ha convertido en una carrera. Viajamos para poder decir que hemos viajado, leemos para acumular títulos, acudimos a conciertos con el teléfono levantado y conversamos mientras pensamos en la respuesta o en la próxima cita. La existencia queda reducida a una sucesión de trámites y demostraciones. Lo importante no es vivir las cosas, sino acreditar que han sucedido.
En política, esa fiebre por el futuro adquiere una dimensión especialmente reveladora. Alberto Núñez Feijóo parece haber dado por concluida la legislatura antes de que termine y se comporta como si la presidencia del Gobierno fuera una propiedad pendiente de escriturar. Habla como quien ya ha recibido el resultado de las urnas, aunque todavía falten por celebrarse la campaña, la votación, el recuento y las negociaciones parlamentarias. En su relato, todos esos pasos democráticos parecen simples trámites destinados a confirmar una victoria que considera prácticamente asegurada.
El problema no es que Feijóo aspire a gobernar. Todo dirigente de la oposición tiene derecho a presentar ese objetivo. La dificultad aparece cuando una expectativa electoral se transforma en una certeza personal y se pretende que la ciudadanía contemple como inevitable a quien todavía necesita convencerla. Las elecciones no son una ceremonia destinada a confirmar las previsiones de un partido, ni la democracia funciona como una herencia que pasa de unas manos a otras sin resistencia.
Ese modo de hacer política no es una muestra de confianza, sino una forma de desprecio hacia la ciudadanía. Hay votantes, debates, conflictos, programas, alianzas y decisiones colectivas. Existe, sobre todo, una sociedad que no tiene por qué aceptar el guion escrito en los despachos de quienes se consideran vencedores antes de comparecer ante las urnas. La política de las victorias imaginarias consiste precisamente en presentar como inevitable aquello que todavía depende de la voluntad popular.
Desde la izquierda transformadora conviene mirar con atención esa actitud, porque no se trata únicamente de una cuestión de estilo. La derecha suele presentarse como sinónimo de orden, sensatez y responsabilidad, pero esa imagen convive con una impaciencia evidente por ocupar las instituciones. Se promete llegar a la Moncloa como si el poder fuera el punto de partida de la regeneración, cuando antes habría que explicar qué se entiende por regeneración y qué responsabilidades se está dispuesto a asumir por la trayectoria propia.
La imagen de una fregona para limpiar la corrupción resulta eficaz como recurso propagandístico, pero insuficiente como programa político. La corrupción no es una mancha superficial que pueda eliminarse pasando un paño por los pasillos de la Administración. Es el resultado de estructuras opacas, puertas giratorias, contratos adjudicados a medida, controles debilitados y una cultura política que protege antes al partido que al interés público. Gürtel, Púnica y Kitchen no son episodios que puedan borrarse con una consigna electoral: forman parte de una historia que exige explicaciones, transparencia y reformas profundas.
Por eso resulta tan significativo que algunos dirigentes conservadores se entreguen a la profecía mientras eluden el examen del presente. Es más cómodo anunciar una futura limpieza que responder por la suciedad acumulada. También es más rentable señalar los problemas ajenos que explicar qué medidas concretas se aplicarían para impedir que los intereses privados condicionen las decisiones públicas. La promesa de una futura rectitud puede convertirse así en una coartada para no rendir cuentas sobre el pasado.
Además, anticipar una victoria puede ser una manera muy eficaz de perderla. La política está llena de certezas que se deshacen en contacto con la realidad. Quien da por ganadas unas elecciones antes de celebrarlas puede acabar descubriendo que los votos no obedecen a sus previsiones. Quien se ve ya instalado en la Moncloa corre el riesgo de olvidar que una democracia plural no entrega mayorías por entusiasmo mediático. Y quien interpreta cualquier revés como una conspiración ajena termina encerrado en una burbuja donde nadie se atreve a comunicarle las malas noticias.
La experiencia demuestra que una elección aparentemente sencilla puede complicarse, que una mayoría anunciada como inevitable puede no llegar y que una investidura presentada como un trámite puede terminar bloqueada. El futuro que algunos dirigentes dan por escrito todavía tiene que pasar por las urnas y por una sociedad que no está obligada a cumplir los pronósticos de ninguna formación política.
La tentación de pronunciarse antes de tiempo alcanza también al periodismo y al comentario público. La necesidad de opinar inmediatamente, incluso sobre hechos que todavía no se han asentado, produce textos precipitados, diagnósticos huecos y análisis que envejecen en cuestión de horas. La derrota o la victoria de una selección, el resultado de unas elecciones o el desenlace de un proceso judicial se convierten en excusas para lanzar sentencias solemnes antes de que exista una perspectiva mínima.
El problema no es equivocarse. Equivocarse forma parte del trabajo intelectual y de la conversación democrática. El problema aparece cuando la seguridad sustituye a la argumentación y el espectáculo de la predicción desplaza a la obligación de comprender. Hay columnistas y dirigentes que parecen escribir o hablar para demostrar que ya lo sabían todo antes de que ocurriera, aunque después deban retorcer las palabras para ocultar el desmentido de los hechos. La opinión se convierte entonces en una competición de vanidades, no en una herramienta para interpretar el mundo.
Más grave todavía es la costumbre de adelantar decisiones judiciales. En España se ha instalado una preocupante afición a anunciar sentencias, condenas y grandes operaciones antes de que los tribunales hayan concluido su trabajo. Cuando se presentan determinados procesos como el desenlace inevitable de una trama política, la justicia se convierte en una pieza más de la disputa partidista. La presunción de inocencia no puede depender del interés electoral de quien habla más alto.
La independencia judicial no puede consistir en que los partidos respeten las resoluciones que les benefician y descalifiquen las que les perjudican. Tampoco puede aceptarse que ningún dirigente ofrezca veredictos informales desde una tribuna política antes de que los jueces expliquen sus argumentos. Anticipar una sentencia no es una muestra de perspicacia ni una demostración de responsabilidad. La justicia necesita tiempo, garantías y procedimientos; la propaganda, en cambio, necesita titulares inmediatos y culpables previamente seleccionados.
Frente a esa cultura de la prisa, conviene reivindicar el valor político de la pausa. Esperar no significa resignarse ni renunciar a transformar la realidad. Significa observar, contrastar, deliberar y no entregar el criterio a quienes convierten cada acontecimiento en una oportunidad para fabricar certezas. Una sociedad democrática no debe vivir pendiente de la próxima elección, del próximo escándalo o de la próxima profecía. Tiene derecho a atender sus problemas presentes: la vivienda, los salarios, la sanidad, la educación, la dependencia, la ciencia, la cultura y la emergencia climática.
La izquierda transformadora debería hacer de esa mirada sobre el presente una estrategia y no solo una crítica moral. Mientras algunos dirigentes se reparten cargos futuros, hay personas que no pueden pagar el alquiler, trabajadores que encadenan contratos precarios y jóvenes obligados a aplazar sus proyectos vitales. La política no puede reducirse a esperar el próximo ciclo electoral ni a discutir quién ocupará la Moncloa. Debe intervenir ahora, ampliar derechos y construir mayorías sociales capaces de disputar el poder sin aceptar el calendario impuesto por quienes ya se consideran vencedores.
La vida no ocurre en el futuro imperfecto de los discursos electorales, sino en el presente concreto de quienes la sostienen cada día. Quien pretende gobernar antes de ser elegido, sentenciar antes de juzgar y disfrutar antes de mirar acaba convertido en espectador de su propia existencia. Frente a esa carrera absurda, la respuesta no es quedarse quietos, sino avanzar con los ojos abiertos: escuchar las fuentes, contemplar el paisaje, cuidar lo común y exigir cuentas a quienes confunden el país con su finca. La democracia no se conquista por adelantado: se construye, se vigila y se defiende todos los días, precisamente para que ninguna victoria imaginaria pueda presentarse como la voluntad de todo un país.
