(A mí mismo que, gracias a mi madre,
hace hoy 47 años,
aterricé en este mundo lleno de contradicciones
y controversias,
que trato de desfacer en el día a día
cual nudos gordianos,
siendo ateo por la gracia de algún dios despiadado
e inexistente)
La historia política contemporánea de este país no puede entenderse únicamente a través de los grandes acontecimientos institucionales, de los cambios de gobierno o de las reformas legislativas que, en apariencia, marcan el rumbo de la sociedad. Existe un proceso más profundo, más silencioso y, por ello, más eficaz en su capacidad de transformación: la normalización progresiva de aquello que en otro tiempo habría resultado intolerable. Es en ese terreno, el de la conciencia social, donde se dirime hoy una de las batallas fundamentales de nuestro tiempo. Y es también ahí donde la correlación de fuerzas revela, con crudeza, una victoria cultural de las posiciones reaccionarias que no ha sido suficientemente combatida por los que, nos reclamamos herederos de la tradición emancipadora.
Hace apenas una década, determinadas propuestas políticas vinculadas a la exclusión, la jerarquización de derechos en función del origen o la legitimación de pactos con fuerzas abiertamente reaccionarias habrían provocado una respuesta social intensa, articulada y sostenida en el tiempo. Hoy, sin embargo, esas mismas propuestas se integran en el paisaje político como si fueran una consecuencia lógica del devenir histórico, como si no existiera alternativa posible a su despliegue. El electorado de derechas ha asumido con naturalidad la alianza entre el Partido Popular y Vox allí donde las correlaciones institucionales lo permiten; pero lo verdaderamente significativo no es ese fenómeno, sino la extensión de esa aceptación a amplios sectores sociales que, sin identificarse plenamente con esas posiciones, han interiorizado su inevitabilidad como si se tratara de una ley natural.
La noción de “prioridad nacional”, que Vox ha contribuido a situar en el centro del debate político y que el Partido Popular ha asumido en no pocas ocasiones mediante pactos y cesiones programáticas, no es sino un eufemismo destinado a legitimar la discriminación en función del origen. Se ha deslizado desde los márgenes del discurso político hasta ocupar un lugar central en la agenda pública. Ya no escandaliza; apenas incomoda. Se responde a ella con una crítica tibia, desprovista de capacidad movilizadora, acompañada casi siempre de una resignación que actúa como mecanismo de desactivación política. Lo que antes habría sido motivo de conflicto abierto se convierte ahora en objeto de debate técnico, de matización semántica, de gestión administrativa. La lucha de clases, en su dimensión ideológica, no desaparece: se reconfigura, se oculta bajo capas de lenguaje neutro, se desplaza hacia terrenos menos visibles pero igualmente determinantes.
Este proceso de normalización no se limita al campo de la derecha política. Sería un error atribuir la totalidad de esta deriva a un único bloque ideológico, porque hacerlo implicaría ignorar la responsabilidad activa de quienes, desde posiciones supuestamente progresistas, han contribuido a consolidar el estado actual de las cosas. La izquierda institucional, y de manera muy particular el Partido Socialista Obrero Español, ha participado —por acción o por omisión— en la legitimación de estructuras de poder que contradicen frontalmente los principios que dice defender. Y entre todas las renuncias que han jalonado su trayectoria reciente, hay una que destaca por su alcance estructural: la renuncia al laicismo.
El laicismo no es una cuestión secundaria, ni un elemento accesorio dentro del programa histórico de la izquierda. Es, por el contrario, uno de sus fundamentos esenciales, en la medida en que garantiza la igualdad efectiva de la ciudadanía en el ámbito de la conciencia. Defender el laicismo implica afirmar que ninguna creencia, religiosa o de cualquier otra índole, puede situarse en una posición de privilegio respecto a las demás; implica sostener que el Estado no debe actuar como garante de ninguna fe ni como financiador de ninguna estructura ideológica particular. Supone, en definitiva, crear las condiciones materiales para que la libertad de conciencia sea algo más que una formulación abstracta.
Sin embargo, la realidad política desmiente de forma sistemática estos principios. Lejos de avanzar hacia una mayor neutralidad, los sucesivos gobiernos —tanto del PSOE como del PP— han consolidado y ampliado los privilegios de la Iglesia Católica, configurando un modelo de relación que desborda ampliamente los límites de la aconfesionalidad formal recogida en la Constitución. Esta situación no es fruto de la casualidad ni de la inercia histórica; responde a decisiones políticas concretas, sostenidas en el tiempo y legitimadas mediante discursos que apelan a la tradición, a la cultura o a una supuesta identidad nacional que, en realidad, funciona como dispositivo de exclusión.
Mirado con atención desde el marxismo, no basta con describir la existencia de estos privilegios; es necesario comprender su función dentro del conjunto de relaciones sociales. La Iglesia no es únicamente una institución religiosa: es también un actor económico, un agente ideológico y un dispositivo de reproducción de la hegemonía. Su posición privilegiada dentro del Estado no puede entenderse al margen de estas dimensiones. La financiación pública, las exenciones fiscales, la presencia en el sistema educativo o la influencia simbólica en las instituciones no son elementos aislados, sino partes de un entramado coherente que contribuye a la estabilidad del orden existente.
Los datos económicos ilustran con claridad esta realidad. La financiación directa a través del sistema tributario, las exenciones en impuestos como el IBI o el de sociedades, la financiación de personal religioso en instituciones públicas o el sostenimiento de la enseñanza confesional, representan una transferencia constante de recursos públicos hacia una institución privada. Pero más allá de la cuantía, lo relevante es el principio que subyace a estas prácticas: la legitimación de una desigualdad estructural basada en las creencias.
La escuela pública constituye uno de los espacios en los que esta contradicción se manifiesta con mayor claridad. En lugar de configurarse como un espacio neutral, orientado a la formación crítica y al desarrollo de una ciudadanía autónoma, se convierte en un terreno que reproduce una cosmovisión en un subsistema dependiente de la superestructura del Estado. La presencia de la religión en el currículo no responde únicamente a una demanda social, sino a la persistencia de un modelo de poder que se resiste a desaparecer. La educación, lejos de ser un ámbito emancipador, se ve atravesada por dinámicas que refuerzan la subordinación ideológica.
A esta dimensión material se suma una representación simbólica que no puede ser ignorada. La presencia de autoridades religiosas en actos institucionales, la participación de representantes políticos en ceremonias confesionales o la pervivencia de símbolos religiosos en espacios públicos, contribuyen a reforzar la idea de que existe una religión que ocupa un lugar privilegiado en el orden social. Esta normalización simbólica actúa como un mecanismo de legitimación que dificulta la percepción del privilegio como tal.
El marco jurídico que sostiene esta situación se encuentra en los acuerdos firmados entre el Estado español y la Santa Sede a finales de los años setenta. Estos acuerdos, que responden a un contexto histórico muy específico, han sido mantenidos y reforzados por gobiernos de distinto signo político. Lo que en su momento fue presentado como una solución transitoria se ha convertido en un elemento estructural del sistema. La falta de voluntad para revisarlos o derogarlos evidencia hasta qué punto el laicismo ha dejado de ser una prioridad para la izquierda institucional.
Esta renuncia no puede explicarse únicamente en términos de estrategia política. Responde a un proceso más profundo de integración en las estructuras del poder, en el que la izquierda ha asumido como propios los límites del sistema que decía querer transformar. En ese proceso, el laicismo ha sido percibido como un elemento prescindible, como una reivindicación susceptible de ser sacrificada en nombre de la estabilidad o de la gobernabilidad.
Pero esta lógica, tiene un coste: al renunciar a sus principios, la izquierda pierde su capacidad de representar una alternativa real.
La cuestión de las inmatriculaciones constituye un ejemplo paradigmático de esta dinámica. La apropiación de miles de bienes por parte de la Iglesia, amparada en un procedimiento legal cuestionable, ha sido aceptada de facto por los distintos gobiernos. Lejos de revertir esta situación, se ha optado por consolidarla, renunciando a la recuperación de un patrimonio que pertenece al conjunto de la sociedad. Este tipo de decisiones no solo tienen consecuencias materiales, sino que refuerzan la percepción de que determinados privilegios son intocables.
La ciudadanía, expuesta de manera constante a estas prácticas, acaba por interiorizarlas como parte del orden natural de las cosas. Este proceso de interiorización es clave para entender la eficacia de la dominación: no se basa únicamente en la coerción, sino en la construcción de consenso. Cuando el privilegio deja de percibirse como tal, cuando la desigualdad se presenta como algo normal, la posibilidad de cuestionar el sistema se reduce drásticamente.
La intensificación reciente de las relaciones entre el gobierno —actualmente encabezado por el PSOE— y la jerarquía eclesiástica no hace sino profundizar en esta tendencia. Los gestos de acercamiento, las declaraciones de sintonía y la presencia conjunta en actos públicos, junto a las ya citadas reticencias hacia la ruptura del Concordato de 1979, proyectan una imagen de connivencia que resulta difícil de conciliar con el principio de aconfesionalidad. No se trata de cuestionar las creencias individuales, sino de señalar la utilización de las instituciones como herramientas de legitimación de una confesión concreta.
La ausencia de una respuesta social contundente ante esta situación constituye uno de los rasgos más preocupantes del momento actual. La indignación existe, pero se manifiesta de forma fragmentaria, dispersa, incapaz de traducirse en acción colectiva sostenida. La normalización actúa como un mecanismo de desactivación política: al convertir lo excepcional en cotidiano, reduce la capacidad de movilización.
Nos encontramos, por tanto, ante un doble proceso de renuncia. Por un lado, la renuncia de la ciudadanía a cuestionar un orden que percibe como inevitable. Por otro, la renuncia de la izquierda institucional a defender uno de sus principios fundamentales. Ambas dinámicas se retroalimentan, generando un círculo vicioso que refuerza las posiciones dominantes, mientras el bloque conservador —con el PP y Vox como principales exponentes— avanza en la consolidación de su hegemonía.
Romper este círculo exige recuperar la dimensión conflictiva de la política. Implica reconocer que los derechos no son concesiones, sino conquistas. Implica también reconstruir una conciencia crítica capaz de identificar los mecanismos de dominación y de articular una respuesta colectiva. Y, sobre todo, implica volver a situar el laicismo en el centro del proyecto emancipador.
Porque no se trata únicamente de separar Iglesia y Estado en un sentido formal. Se trata de desmontar un entramado de poder que atraviesa lo material y lo simbólico; de cuestionar una jerarquía de valores que sitúa determinadas creencias por encima de otras; de afirmar que la igualdad no puede coexistir con el privilegio.
Mientras esta afirmación no se traduzca en políticas concretas, la normalización seguirá avanzando. Y entonces, cuando queramos reaccionar, puede que ya no quede nada que defender.
