La crisis política que atraviesa España no puede comprenderse si se reduce a un problema de fronteras, de seguridad o de gestión migratoria. Ese marco, repetido hasta la saciedad por la derecha política y mediática, oculta lo esencial: la verdadera amenaza no procede de quienes llegan empujados por la pobreza, la guerra, el saqueo imperialista o la falta de futuro, sino de quienes convierten ese sufrimiento en mercancía electoral. La llamada “invasión” no es la de los migrantes; es la de una reacción organizada que avanza sobre las instituciones, intoxica el debate público y utiliza el miedo como instrumento de dominación.
Desde una perspectiva marxista-leninista, resulta imprescindible mirar más allá de la superficie. La migración no nace de una voluntad abstracta de desplazamiento, sino de condiciones materiales concretas: desigualdad internacional, expolio de recursos, dependencia económica, guerras, dictaduras sostenidas por intereses geopolíticos y mercados laborales diseñados para producir mano de obra vulnerable. Quien huye no invade; quien invade es el capital cuando arrasa territorios, privatiza bienes comunes, destruye soberanías y después criminaliza a las víctimas de ese mismo proceso histórico.
Por tanto, el drama de Ceuta no puede separarse de la lucha de clases. La derecha pretende presentar la llegada de migrantes como una agresión contra el pueblo trabajador, cuando en realidad el enemigo principal de ese pueblo se encuentra en quienes deterioran la sanidad pública, precarizan el empleo, especulan con la vivienda, abandonan a los mayores y entregan los servicios esenciales al negocio privado. El migrante pobre no roba hospitales ni residencias; no redacta reformas laborales contra la clase obrera; no compra medios de comunicación para fabricar odio. Quienes lo hacen suelen envolverse en banderas mientras protegen sus privilegios de clase.
Asimismo, la reacción española actúa con una lógica perfectamente reconocible: convertir cada crisis en una oportunidad para desgastar al Gobierno, aunque el precio sea incendiar la convivencia social. PP y Vox no han buscado una respuesta de Estado, sino una demostración de fuerza. Bajo la apariencia de apoyo a Ceuta, han desplegado una operación política dirigida a agitar el miedo, reforzar el bloque reaccionario y presentar la solidaridad como traición. No les interesa proteger a España; les interesa apropiarse simbólicamente de ella.
En ese sentido, el nacionalismo que exhiben es profundamente fraudulento. Hablan de patria, pero su patria real es la propiedad privada de los poderosos, la cuenta de resultados, el ático, la concesión pública, el contrato sanitario, la residencia privatizada y el favor judicial. Para ellos, España no es el pueblo que trabaja, cuida, produce y sostiene la vida cotidiana; España es un botín. Por eso pueden invocar la unidad nacional mientras erosionan los servicios públicos, enfrentan a los pobres entre sí y se subordinan a intereses extranjeros cuando estos sirven a su estrategia interna.
Además, la ofensiva reaccionaria no se limita al terreno parlamentario. Necesita un ecosistema mediático que fabrique sentido común, señale enemigos y convierta la mentira en clima social. Los medios de extorsión ideológica, presentados como prensa libre, funcionan muchas veces como aparatos de combate de clase: seleccionan víctimas, absuelven a los poderosos, demonizan a la izquierda y convierten cualquier información pública en sospecha si no sirve al relato conservador. Así, una parte de la ciudadanía acaba odiando a quienes tienen menos que ella, mientras disculpa a quienes la despojan.
De ahí que las agresiones a periodistas y el señalamiento de medios públicos no sean hechos aislados. Forman parte de una pedagogía autoritaria: desacreditar toda fuente que no obedezca, intimidar a quien informe y sustituir la realidad por consignas. El fascismo no empieza necesariamente con tanques en las calles; empieza cuando una masa social aprende a desconfiar de la verdad, a obedecer al líder, a despreciar al débil y a celebrar la violencia contra el adversario. Cuando ese proceso se normaliza, la democracia queda reducida a un decorado.
Por otra parte, la dimensión internacional de esta deriva resulta evidente. Trump, Milei y otras figuras de la extrema derecha global representan una misma tendencia histórica: la reorganización agresiva del capitalismo en su fase más depredadora. Bajo discursos de libertad, patria o cruzada moral, impulsan políticas de saqueo, disciplina social y destrucción de derechos. No combaten al “socialismo” porque teman una caricatura autoritaria; lo combaten porque cualquier proyecto de justicia social, planificación democrática y poder popular amenaza la acumulación ilimitada de las élites.
En consecuencia, los vínculos entre la derecha española y esas corrientes internacionales no son anecdóticos. Revelan una comunidad de intereses: privatizar, reprimir, desregular, dividir y despolitizar a las masas trabajadoras. La medalla concedida a Milei, los elogios cruzados y la importación de marcos discursivos reaccionarios muestran que existe una internacional de la reacción, tan coordinada como brutal. Frente a ella, la izquierda no puede limitarse a la indignación moral; debe reconstruir organización, conciencia de clase y capacidad de intervención en todos los frentes.
Sin embargo, también hay que señalar las debilidades del bloque progresista e institucional. La Unión Europea ha demostrado, una vez más, que su humanismo es selectivo y que su solidaridad depende de cálculos políticos. Cuando el sufrimiento ocurre en un territorio gobernado por aliados convenientes, se despliegan gestos solemnes; cuando la crisis puede desgastar a un gobierno incómodo, aparecen la distancia, la frialdad o el silencio. Esa doble vara de medir confirma que la Europa realmente existente no es una comunidad de pueblos, sino una arquitectura atravesada por intereses de clase, jerarquías estatales y equilibrios partidistas.
Igualmente preocupante, es el papel de determinados sectores judiciales. Cuando una parte de la judicatura actúa como poder político encubierto, bloquea, filtra, protege o interviene en el calendario público, la separación de poderes queda herida. Criticar esas conductas no significa atacar la justicia; significa defenderla de su captura por redes conservadoras. Ningún poder del Estado debe quedar fuera del escrutinio democrático, y menos aún cuando sus decisiones inciden directamente en la disputa política y en la voluntad popular expresada en las urnas.
Ahora bien, el problema más profundo no es solo la existencia de dirigentes reaccionarios, sino la base social que los sostiene. Ninguna ofensiva autoritaria triunfa únicamente por la fuerza de sus élites; necesita sectores populares confundidos, resentidos o desesperados, dispuestos a dirigir su rabia contra objetivos falsos. El capitalismo produce precariedad y miedo; la extrema derecha ofrece culpables sencillos. Ahí reside su eficacia: no resuelve ninguna contradicción material, pero canaliza el malestar hacia migrantes, feministas, sindicalistas, periodistas, funcionarios o gobiernos progresistas.
Frente a ello, la respuesta no puede ser tibieza. Hace falta una política de clase que nombre al enemigo real: la oligarquía económica, sus aparatos mediáticos, sus terminales judiciales, sus partidos orgánicos y sus aliados internacionales. Hace falta defender a los migrantes no como objeto de caridad, sino como parte potencial de la misma clase trabajadora explotada. Hace falta explicar que la división entre nacionales y extranjeros beneficia al patrón, no al obrero; que el racismo abarata salarios, rompe solidaridad y fortalece la dominación capitalista.
En consiguiente, la defensa de la democracia exige ir más allá del formalismo institucional. Votar es necesario, pero no basta. También son necesarias organización sindical, movilización popular, educación política, medios públicos fuertes, control democrático de los sectores estratégicos y una batalla cultural sostenida contra el fascismo. La reacción avanza porque ocupa espacios, simplifica mensajes y convierte el odio en identidad. La izquierda debe responder con claridad, disciplina, pedagogía y arraigo social.
En resumen, lo que está en juego no es solo la estabilidad de un gobierno, sino el tipo de sociedad que se está construyendo. O se impone una comunidad política basada en la igualdad, la solidaridad y la soberanía popular, o avanzará una sociedad de propietarios contra desposeídos, de patriotas de cartera contra trabajadores enfrentados, de jueces intocables, medios incendiarios y líderes que invocan a Dios mientras sirven al dinero. La invasión reaccionaria ya está aquí; detenerla exige conciencia, organización y lucha. No contra los pobres que llegan, sino contra los poderosos que mandan, saquean y señalan a otros para seguir intactos.
