La desaparición de la Unión Soviética no solo cerró un ciclo histórico: inauguró una disputa profunda sobre la arquitectura del poder global. Durante décadas, el planeta había funcionado bajo un esquema de equilibrio forzado entre dos bloques. Su colapso abrió un vacío que nadie sabía con certeza cómo llenar. A comienzos de los años noventa se habló de un “nuevo orden internacional”, de cooperación y reglas comunes. La realidad derivó en otra cosa: una pugna abierta por determinar quién definiría, en adelante, los límites de lo permitido.
Estados Unidos emergió de ese período como potencia indiscutida e indiscutible, pero no sin resistencias. Durante casi una década convivieron tendencias contradictorias. Algunos países aspiraban a un sistema de contrapesos; otros aceptaban la primacía estadounidense como un hecho consumado. Aquella ambigüedad terminó de resolverse tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Washington utilizó el impacto político y emocional de esa tragedia para fijar las bases de un nuevo orden coercitivo.
El mensaje fue directo: no existía neutralidad posible. O se acompañaba la estrategia estadounidense o se pasaba a engrosar el campo de los enemigos. Bajo ese marco se legitimaron invasiones, ocupaciones militares, asesinatos selectivos y operaciones encubiertas. La fuerza pasó a ocupar el lugar de la ley.
Durante los años siguientes, ese esquema funcionó con escasos sobresaltos. Europa asumió un rol subordinado. Las organizaciones internacionales se adaptaron a la lógica de esa misma hegemonía. La legalidad internacional quedó supeditada a decisiones tomadas en Washington. El derecho se volvió selectivo, cuando inactivo.
La crisis financiera de 2008 alteró parcialmente ese escenario. El centro del sistema económico mundial mostró fisuras evidentes. La pérdida de credibilidad del modelo, abrió espacio para que otras potencias reclamaran mayor protagonismo. Rusia inició un proceso de recomposición estatal y militar. China consolidó su expansión económica y tecnológica. Ambas comenzaron a disputar espacios de influencia, aunque sin plantear una confrontación global directa.
Este contexto alimentó la idea de un tránsito hacia la multipolaridad. Sin embargo, los acontecimientos posteriores desmintieron esa expectativa. La masacre sistemática del pueblo palestino, sostenida con apoyo político y militar occidental, evidenció que el poder real continúa concentrado. La imposibilidad de frenar esa matanza expuso la irrelevancia práctica de las instituciones multilaterales.
A ello se suman las agresiones directas contra países que no se alinean con Washington, el uso recurrente de sanciones económicas como arma de guerra y la normalización de operaciones militares sin autorización internacional. Estos hechos no describen un mundo de equilibrios, sino uno en el que, una potencia conserva la capacidad de imponer su voluntad.
No se trata, sin embargo, de un regreso a la bipolaridad. Rusia y China defienden intereses estratégicos concretos, pero no actúan como polos alternativos dispuestos a sostener a terceros países frente al hegemón. Su prioridad es preservar su estabilidad interna y sus zonas de seguridad. El resultado es un sistema asimétrico: una potencia con vocación imperial y otras que buscan limitar daños sin desafiar el núcleo del orden.
Estados Unidos, además, atraviesa una transformación interna que refuerza su perfil autoritario. El discurso político dominante incorpora elementos de supremacismo, militarismo y desprecio por las normas. La idea de que la fuerza es el mecanismo legítimo para resolver conflictos vuelve a ocupar un lugar central. Esta deriva no genera rechazo en las capitales occidentales. Por el contrario, es acompañada con docilidad.
Europa se ha integrado plenamente a esta dinámica. Lejos de ejercer un rol autónomo, actúa como apéndice político y militar. España no es una excepción. El Partido Popular y Vox representan, con estilos distintos, una misma orientación estratégica: alineamiento incondicional con Estados Unidos, respaldo al militarismo y hostilidad hacia cualquier proyecto soberano en América Latina. La diferencia entre ambos reside en el tono, no en el contenido.
Esta convergencia explica por qué se toleran crímenes masivos en determinadas regiones mientras se sobreactúa indignación ante otros conflictos. La vara moral cambia según los intereses en juego. El sufrimiento de millones se convierte en una variable secundaria.
Para América Latina y el Caribe, este escenario implica un desafío existencial. La región sigue siendo considerada zona de influencia directa de Washington. La historia reciente demuestra que cualquier intento de autonomía es castigado mediante desestabilización, bloqueo o intervención.
Frente a esa realidad, la integración regional no es un gesto simbólico, sino una condición de supervivencia. Ningún país aislado puede resistir la presión de EEUU. Sin embargo, el principal obstáculo no proviene del exterior, sino del interior.
Las oligarquías latinoamericanas han construido su poder en asociación con intereses extranjeros. Su riqueza depende de estructuras dependientes. No tienen incentivos para impulsar soberanía ni cooperación regional. Por el contrario, operan activamente para fragmentar.
Mientras esas élites mantengan el control político, la región seguirá atrapada en un círculo de subordinación. No habrá proyecto común posible sin una transformación profunda de las relaciones de poder internas.
El mundo que se perfila no ofrece garantías. No se encamina hacia un orden justo ni hacia una convivencia pacífica. Avanza hacia un equilibrio inestable donde las grandes potencias administran tensiones y descargan los costos sobre los pueblos.
En ese contexto, la lucha por la paz, la autodeterminación y la justicia social adquiere un carácter estratégico. No como consigna, sino como necesidad histórica.
Nada vendrá desde arriba. Ninguna potencia actuará por altruismo. Las únicas fuerzas capaces de modificar este rumbo son las sociedades organizadas.
Para Nuestra América, la tarea es clara y no admite atajos: desplazar a las oligarquías que gobiernan de espaldas a sus pueblos, desmontar las estructuras económicas que sostienen la dependencia y construir Estados al servicio de las mayorías. No se trata de un eslogan ni de una consigna electoral, sino de una disputa de poder real. Sin soberanía política no hay soberanía económica; sin soberanía económica no hay posibilidad de justicia social; sin justicia social no existe democracia que merezca ese nombre. La integración regional deja de ser, en este marco, un deseo abstracto y se convierte en una condición material de existencia. Integrarse no es firmar declaraciones ni posar para fotografías: es coordinar políticas productivas, energéticas, financieras y defensivas; es levantar cadenas de valor propias; es proteger recursos estratégicos; es hablar con una sola voz cuando los centros de poder intentan imponer su agenda. Mientras las élites sigan controlando los Estados, la región continuará funcionando como patio trasero, exportadora de materias primas baratas e importadora de desigualdad. Romper ese destino exige organización popular, conciencia histórica y voluntad política. Nada será concedido. Todo deberá ser conquistado. En un mundo cada vez más violento y jerárquico, la única forma de garantizar futuro es construir fuerza colectiva desde abajo. No hay salvadores externos. No hay atajos diplomáticos. Hay pueblos que deciden ponerse de pie o pueblos condenados a seguir arrodillados. Esa es, sin eufemismos, la disyuntiva de nuestro tiempo.
