(A mi amiga, Carmen Caminero Pardo,
siempre preocupada por el avance individual
y colectivo de sus alumnos)
«Caminante, no hay camino, se hace camino al andar». El verso de Antonio Machado permite expresar una idea profundamente política: el futuro no está escrito, porque la historia no avanza por fatalidad, sino por la acción organizada de los pueblos. Ninguna conquista social nace de la casualidad; se construye mediante lucha, conciencia, instituciones públicas y voluntad colectiva. Entre todas esas conquistas, la educación ocupa un lugar central, porque forma a las generaciones que habrán de interpretar la realidad, intervenir en ella y transformarla.
Cada septiembre, miles de estudiantes vuelven a las aulas. Para algunos será el primer contacto con la escuela; para otros, el inicio de una etapa nueva; también habrá quienes afronten el último curso antes de incorporarse al trabajo o continuar estudios superiores. A primera vista, parece una escena cotidiana. Sin embargo, desde una perspectiva marxista-leninista, cada inicio de curso expresa una cuestión decisiva: qué clase de sociedad se está formando, al servicio de qué intereses y con qué horizonte de justicia social.
En efecto, la educación nunca es neutral. Puede servir para reproducir las desigualdades de clase, naturalizar la competencia individualista y preparar mano de obra adaptada a las necesidades del capital; pero también puede convertirse en una herramienta de conciencia, igualdad y emancipación. La diferencia depende de la orientación política del sistema educativo. Una escuela pública fuerte no debe limitarse a instruir; debe formar sujetos críticos, solidarios y capaces de comprender las contradicciones de la sociedad en la que viven.
Ahora bien, hablar de educación exige hablar de las condiciones materiales que la hacen posible. No basta con proclamar derechos si después se deja a las familias trabajadoras solas ante los costes, las distancias, las dificultades de conciliación o las desigualdades de origen. La libertad formal, sin igualdad real, termina siendo una promesa incompleta. Por eso, defender la educación pública significa disputar la raíz misma de la desigualdad: quién accede al conocimiento, en qué condiciones y con qué posibilidades de futuro.
Asimismo, el curso comienza para miles de docentes, equipos directivos, profesionales de orientación, personal de apoyo y familias. Son ellos quienes sostienen, día a día, el funcionamiento real del sistema educativo. Las leyes, los presupuestos y los programas solo adquieren sentido cuando llegan al aula, cuando se convierten en una explicación, una tutoría, una adaptación, una conversación o una oportunidad. La educación, antes que una estadística, es trabajo humano organizado al servicio de una función social.
Por tanto, reconocer al profesorado no puede reducirse a palabras amables al inicio del curso. Reconocerlo significa reforzar plantillas, mejorar condiciones laborales, reducir ratios, garantizar formación permanente y proteger el tiempo necesario para enseñar. Desde una mirada de clase, estas medidas no son simples mejoras administrativas; son instrumentos para democratizar el aprendizaje. Una clase menos masificada permite atender mejor al alumnado, detectar dificultades antes y evitar que las desigualdades sociales se conviertan en fracaso escolar.
De igual modo, las familias desempeñan una tarea insustituible, aunque profundamente condicionada por su posición social. No todas cuentan con los mismos horarios, recursos, estabilidad laboral, capital cultural o redes de apoyo. Por eso, una política educativa transformadora no puede limitarse a pedir esfuerzo individual. Debe intervenir sobre las condiciones materiales que determinan ese esfuerzo. La igualdad no consiste en exigir lo mismo a quienes parten de lugares distintos, sino en garantizar que nadie quede condenado por su origen.
De ahí que la educación infantil deba considerarse una prioridad política. Cuando una familia trabajadora puede acceder a una plaza cercana, pública y gratuita, no solo resuelve una necesidad de conciliación; también se reduce una desigualdad de partida. La infancia no puede depender del salario de sus padres ni de la capacidad económica de cada hogar. Socializar el derecho a la educación desde los primeros años significa reconocer que el cuidado, el aprendizaje y el desarrollo temprano son responsabilidades colectivas.
Igualmente, avanzar en la gratuidad educativa, ampliar becas y reducir los costes vinculados al estudio es una forma concreta de redistribución. Matrículas, transporte, comedor, material escolar, actividades complementarias o alojamiento pueden convertirse en barreras invisibles para las clases populares. Allí donde el mercado selecciona, lo público debe garantizar. Allí donde la renta excluye, la política debe abrir camino. La educación solo es verdaderamente universal cuando el acceso no depende del bolsillo familiar.
Por otra parte, los centros educativos necesitan recursos suficientes para cumplir su función emancipadora. Aulas dignas, bibliotecas, laboratorios, comedores, transporte, conectividad, orientación y atención a la diversidad no son elementos accesorios. Son condiciones objetivas para que el derecho a aprender sea real. Una escuela pública sin recursos termina ofreciendo igualdad en el discurso y desigualdad en la práctica. Por eso, la inversión educativa no debe entenderse como gasto, sino como construcción de poder social para la mayoría.
Además, la digitalización educativa debe analizarse con una mirada crítica. La tecnología puede ampliar posibilidades, mejorar metodologías y facilitar el acceso al conocimiento; sin embargo, también puede convertirse en una nueva vía de dependencia, desigualdad o penetración de intereses privados en la escuela. Desde una perspectiva marxista-leninista, la pregunta no es solo qué tecnología se introduce, sino quién la controla, a qué fines sirve y si fortalece o debilita el carácter público de la educación.
En consecuencia, la innovación no debe confundirse con modernización superficial. Innovar no significa sustituir el pensamiento por pantallas ni la pedagogía por plataformas, sino mejorar las condiciones para que todo el alumnado aprenda más y mejor. Una educación verdaderamente avanzada combina ciencia, cultura, memoria, trabajo colectivo y espíritu crítico. Su objetivo no es formar individuos aislados que compitan entre sí, sino ciudadanos conscientes de su papel en la sociedad y capaces de participar en su transformación.
También la Formación Profesional ocupa un lugar estratégico. Durante demasiado tiempo fue tratada como una vía secundaria, marcada por prejuicios de clase y por una falsa jerarquía entre saber intelectual y saber técnico. Sin embargo, una sociedad que aspire a organizar su desarrollo de manera justa necesita trabajadores cualificados, conocimiento aplicado y dignificación del trabajo. La FP puede ser una herramienta fundamental para unir formación, producción y necesidades sociales, siempre que no se subordine únicamente a los intereses empresariales.
Por ello, reforzar la Formación Profesional exige planificación pública, ampliación de plazas, equipamientos adecuados, orientación rigurosa y prácticas formativas con garantías. No se trata solo de cubrir vacantes en el mercado laboral; se trata de formar personas con capacidad técnica, conciencia social y derechos. La educación no puede quedar reducida a una fábrica de empleabilidad. Debe contribuir a construir un modelo productivo más justo, más sostenible y más vinculado a las necesidades reales de la comunidad.
Del mismo modo, facilitar el acceso a la Universidad constituye una cuestión de justicia de clase. Durante siglos, la educación superior estuvo reservada en gran medida a quienes podían pagarla o sostener sus costes indirectos. Democratizarla supone romper esa herencia desigual. El talento existe en todos los barrios, pueblos y hogares; lo que no siempre existe son las condiciones para desarrollarlo. Por eso, reducir barreras económicas y reconocer el esfuerzo académico fortalece la igualdad real.
Sin embargo, la igualdad educativa no puede confundirse con una meritocracia abstracta. El mérito no nace en el vacío: se construye sobre tiempo, estabilidad, apoyos, expectativas y recursos. Una sociedad justa no se limita a premiar a quienes llegan más lejos; organiza las condiciones para que muchos más puedan llegar. Esa es la diferencia entre una política educativa liberal, centrada en el individuo aislado, y una política transformadora, centrada en las condiciones colectivas de posibilidad.
Así pues, cada inicio de curso debe ser entendido como la renovación de una tarea política. En cada aula se decide una parte del futuro común: si la educación servirá para reproducir resignación o para despertar conciencia; si preparará sujetos obedientes o ciudadanos críticos; si consolidará privilegios o abrirá caminos de igualdad. La escuela pública es uno de los espacios donde se disputa el sentido de la sociedad.
Finalmente, cuando el curso termine, será necesario evaluar resultados, aprendizajes y objetivos cumplidos. Pero el balance más importante no será únicamente académico. Habrá que preguntarse si el alumnado es más autónomo, más solidario, más capaz de pensar, más preparado para convivir y más consciente de sus derechos y responsabilidades. Una educación emancipadora no solo enseña contenidos; ayuda a comprender el mundo para no aceptarlo pasivamente.
Porque el futuro no se espera: se organiza. Se construye defendiendo lo público, ampliando derechos, reforzando a quienes educan y garantizando que ninguna niña, ningún niño y ningún joven quede atrás por razones de clase, renta o territorio. Si el camino se hace al andar, la educación pública es una de las formas más poderosas de caminar colectivamente hacia una sociedad más justa, más consciente y más libre.
