El anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez de que las bases militares de Rota y Morón no se utilizarán para asistir a Estados Unidos en su ataque contra Irán parece, a primera vista, un gesto de desafío frente al imperialismo estadounidense. En un contexto internacional marcado por la escalada militar y por la creciente tensión en Oriente Medio, la declaración pretende transmitir una imagen de prudencia, autonomía y compromiso con la paz. Sin embargo, observada con mayor detenimiento, esta decisión encaja en un patrón político ya conocido: la disidencia controlada que el actual gobierno socialista ha perfeccionado y que antes practicaron otros dirigentes del mismo partido como José Luis Rodríguez Zapatero o Felipe González.
La maniobra es sencilla. Se basa en un bipartidismo de antagonismo aparente en el que la parte que se autodefine como “izquierda” emite declaraciones públicas que sugieren independencia frente a Washington, mientras que las decisiones reales terminan alineándose con los intereses estratégicos de Estados Unidos y, por extensión, con los de la OTAN y la Unión Europea. El resultado es una política exterior que aparenta matices soberanos pero que, en la práctica, mantiene intacta la dependencia estructural —económica, militar y geopolítica— de España dentro del bloque atlántico.
Este mecanismo beneficia al imperialismo estadounidense de una forma particularmente eficaz. Permite que España conserve una fachada progresista en el escenario internacional, útil para atraer simpatías entre sectores de la izquierda europea y para sostener la imagen diplomática de un país moderado. Pero, al mismo tiempo, garantiza que nada esencial cambie en la práctica. Las estructuras de subordinación militar permanecen intactas, las bases estadounidenses continúan operando en territorio español y la integración del país en la maquinaria estratégica de la OTAN sigue desarrollándose sin obstáculos reales.
La “rebeldía” se convierte así en un recurso retórico calculado: suficiente para producir titulares y tranquilizar a una parte del electorado, pero completamente inofensivo para el funcionamiento del sistema. Es una forma de administrar el descontento sin poner en riesgo la arquitectura del poder.
La historia reciente ofrece ejemplos claros de este mecanismo. Durante la invasión de Irak en 2003, bajo el gobierno de José María Aznar, España se alineó abiertamente con Washington pese al rechazo masivo expresado en las movilizaciones del “No a la guerra”. Aquellas protestas, entre las mayores de la historia reciente del país, evidenciaron una fractura profunda entre la opinión pública y la política exterior del gobierno.
Años después, el Ejecutivo de Zapatero adoptó una posición pública de distanciamiento, retirando tropas del frente iraquí y proyectando una imagen internacional de pacifismo institucional. Sin embargo, aquel gesto nunca supuso una ruptura real con la lógica atlantista. Las bases estadounidenses continuaron operando con normalidad y España siguió integrada en las operaciones militares de la OTAN, incluida la intervención en Libia en 2011, que dejó tras de sí un país devastado y sumido en el caos.
Hoy ese patrón se repite con una fidelidad casi mecánica. Mientras el gobierno anuncia restricciones o desacuerdos puntuales con Washington, el gasto militar continúa aumentando y las estructuras de cooperación con la OTAN permanecen plenamente activas. El Ejecutivo de Sánchez critica determinadas acciones unilaterales de Estados Unidos, pero al mismo tiempo reafirma su compromiso con la alianza atlántica e incrementa las partidas destinadas a defensa.
El caso de la guerra en Ucrania resulta especialmente revelador. España participa activamente en el apoyo militar a Kiev mediante paquetes de ayuda que alcanzan miles de millones de euros, incluyendo compras conjuntas de armamento estadounidense y el envío de material militar. Esta política se presenta como una defensa de la democracia frente a la agresión rusa, pero también refuerza la dependencia tecnológica, industrial y estratégica respecto a la industria militar estadounidense.
De este modo, el país consolida su papel dentro de la llamada “coalición de voluntarios”, confirmando que, más allá de los gestos simbólicos, sigue actuando como socio disciplinado del bloque atlántico. La política exterior española no se define por decisiones soberanas autónomas, sino por su integración en las prioridades estratégicas de la alianza.
Algo similar ocurre con la guerra en Gaza. El llamado “Gobierno de progreso” aseguró en repetidas ocasiones que España no mantenía comercio armamentístico con Israel. Sin embargo, diversas informaciones obligaron posteriormente al Ejecutivo a matizar esas afirmaciones y a reconocer operaciones realizadas bajo licencias previas.
Incluso las restricciones anunciadas sobre el tránsito de armas estadounidenses hacia Israel a través de territorio español resultan difíciles de verificar debido a la opacidad logística que rodea a las instalaciones militares de Rota y Morón. Estas bases forman parte de la red logística de la OTAN y operan dentro de un sistema en el que la transparencia pública es prácticamente inexistente.
Aunque se anuncien limitaciones para determinadas operaciones concretas, su función estructural dentro del sistema militar occidental permanece intacta. España continúa aportando tropas, infraestructuras y entrenamiento para misiones definidas en Bruselas o Washington, confirmando que la dependencia estratégica no se ha modificado en lo esencial.
Esta dependencia no se limita al ámbito militar. También se expresa en el terreno económico. Mientras se proyecta una imagen diplomática moderadamente crítica con ciertas decisiones de Estados Unidos, la economía española sigue profundamente integrada en los circuitos financieros dominados por grandes fondos de inversión y por las políticas económicas impulsadas desde las instituciones europeas.
Los fondos europeos, presentados como instrumentos de modernización y recuperación económica, funcionan a menudo como mecanismos de transferencia de recursos públicos hacia grandes corporaciones privadas. Bajo el discurso de la transición digital o ecológica se consolidan dinámicas de concentración del capital que refuerzan la dependencia tecnológica y financiera del país.
En este contexto, la narrativa que presenta el llamado “trumpismo” como una anomalía dentro de la política estadounidense desempeña un papel ideológico importante. Al sugerir que figuras como Donald Trump representan una desviación excepcional frente al supuesto consenso democrático de Washington, se refuerza la idea de que el sistema político estadounidense posee mecanismos internos de corrección.
Sin embargo, tanto demócratas como republicanos comparten los fundamentos estratégicos del imperialismo contemporáneo: expansión económica, control de recursos estratégicos y contención de potencias rivales como China, Rusia o Irán. Las diferencias entre ambos partidos son principalmente tácticas o discursivas, pero no alteran la orientación general de la política exterior estadounidense.
Aceptar esta ficción permite a gobiernos aliados criticar episodios concretos sin cuestionar el marco general del sistema. España puede así representar el papel de socio progresista dentro del bloque atlántico, mientras mantiene intactos los compromisos militares y económicos que sostienen ese mismo orden internacional.
Por eso resulta ingenuo elogiar la supuesta astucia estratégica de Pedro Sánchez. Lo que se presenta como habilidad política no es más que la continuidad de una tradición profundamente arraigada en el Partido Socialista Obrero Español: gestionar el descontento social mediante gestos simbólicos que no alteran la estructura del poder.
El oportunismo histórico del socialismo institucional se combina además con la reacción estridente de la extrema derecha, generando una dinámica de retroalimentación que fortalece el monopolio electoral del sistema bipartidista. Ambos polos se necesitan mutuamente para mantener cerrada la arena política y excluir de ella cualquier alternativa verdaderamente soberanista o de izquierda.
En ese teatro político cuidadosamente escenificado, la clase trabajadora queda reducida al papel de espectadora. Mientras los actores intercambian reproches en el escenario, las políticas reales avanzan en la misma dirección: más gasto militar, mayor dependencia financiera y una progresiva privatización de los recursos colectivos.
Mientras tanto, la inflación erosiona salarios, el paro estructural se mantiene, la especulación rentista se expande, la vivienda se vuelve cada vez más inaccesible y los servicios públicos se deterioran. Todo ello ocurre bajo la cómoda ilusión de que existe un gobierno progresista dispuesto a defender los intereses del pueblo.
Pero el problema no se limita a la conducta de un gobierno concreto. Tiene que ver con la propia naturaleza del Estado dentro del capitalismo. El Estado no actúa como un árbitro neutral situado por encima de la sociedad, sino como una estructura que garantiza las condiciones de reproducción del sistema económico existente. Mientras la economía permanezca dominada por el capital financiero y subordinada a los intereses estratégicos del bloque imperialista, cualquier gobierno que administre ese marco terminará actuando dentro de sus límites.
Por eso la cuestión central no es si un gobierno adopta un tono más o menos crítico en determinados conflictos internacionales, sino si existe una fuerza social capaz de disputar el control real de la economía, de la política exterior y de las instituciones del Estado. Sin esa ruptura material, la soberanía seguirá siendo un concepto vacío y la política continuará reducida a la gestión de los intereses del capital.
La tarea histórica de la clase trabajadora no consiste en elegir entre administradores más o menos hábiles del mismo sistema, sino en construir una alternativa capaz de superarlo. Solo una organización política independiente del trabajo, apoyada en la movilización social y en un proyecto de transformación estructural, puede abrir el camino hacia una verdadera soberanía popular.
Hasta que ese proceso no se produzca, la llamada disidencia seguirá siendo lo que siempre ha sido: una máscara útil para el mismo orden que afirma cuestionar. Y mientras esa máscara siga funcionando, el imperialismo no necesitará imponerse únicamente por la fuerza, porque contará con algo todavía más eficaz: gobiernos que, en nombre del progreso, administran obedientemente su dominio.
