Hubo un tiempo, no demasiado lejano, en el que pronunciar ciertas palabras equivalía a cruzar una frontera invisible: una línea que separaba lo decible de lo prohibido, lo tolerable de lo escandaloso. Cuando Pablo Iglesias introdujo en el debate público el término lawfare, la reacción fue inmediata y desproporcionada: no se discutía el concepto, se perseguía al mensajero; no se analizaba la realidad que señalaba, se negaba su mera existencia. El aparato mediático dominante, esa maquinaria perfectamente engrasada que combina intereses empresariales, políticos y judiciales, activó todos sus resortes para ridiculizar, deslegitimar y aislar a quien osaba poner en cuestión la supuesta neutralidad de la justicia.
En aquel momento, Iglesias ya había abandonado la primera línea institucional, pero su figura seguía siendo objeto de una obsesión casi patológica. Desde tertulias televisivas hasta columnas de opinión, la narrativa se repetía con una insistencia mecánica: seguía moviendo los hilos, seguía dirigiendo en la sombra, seguía siendo el titiritero de Ione Belarra e Irene Montero. Todo ello acompañado de un tono que mezclaba el desprecio político con la vulgaridad personal, como si la descalificación estética y el insulto fueran argumentos suficientes para desactivar una crítica estructural.
Sin embargo, lo verdaderamente revelador no fue la reacción de la derecha mediática y política, cuyo comportamiento era previsible dentro de su lógica de defensa del orden establecido. Lo significativo fue la actitud de la llamada izquierda moderada, representada fundamentalmente por el Partido Socialista Obrero Español y su constelación de apoyos. En lugar de abrir un debate serio sobre el uso instrumental de la justicia, optaron por alinearse con el discurso hegemónico: defensa cerrada de las instituciones, apelaciones abstractas al Estado de derecho, confianza ciega en la imparcialidad judicial. Se produjo así una escena casi litúrgica: quienes se reivindican como progresistas se despojaban de cualquier atisbo de crítica y se arrodillaban simbólicamente ante el poder judicial, reafirmando su fe en un sistema que, en la práctica, reproducía desigualdades y sesgos.
Las declaraciones de entonces son elocuentes: cuestionar a los jueces era poco menos que un ataque a la democracia; poner en duda sus decisiones equivalía a erosionar los pilares del sistema; denunciar irregularidades se convertía en un acto de irresponsabilidad política. Mientras tanto, episodios como el mensaje del entonces portavoz del Partido Popular en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que presumía de “controlar por detrás” una de las salas más importantes del Tribunal Supremo, eran minimizados como simples bromas de mal gusto. La contradicción era evidente: se defendía una independencia judicial abstracta mientras se ignoraban pruebas concretas de su vulneración.
A este silencio se sumó, con matices, una parte del propio estamento judicial que se autodefine como progresista. Su reacción osciló entre la indiferencia y el corporativismo: se evitaba confrontar el problema de fondo, se relativizaban las denuncias y, en algunos casos, se recurría a una forma de paternalismo condescendiente. La idea subyacente era clara: quienes venían de fuera del campo jurídico no estaban capacitados para entender sus complejidades; las críticas eran fruto de la ignorancia, no de la experiencia vivida. Este cierre de filas no hacía sino reforzar la percepción de que la justicia funcionaba como un cuerpo autónomo, impermeable a la crítica social.
Con el paso del tiempo, sin embargo, el escenario ha ido cambiando. Lo que antes era impensable se ha vuelto progresivamente aceptable: hoy, sectores del propio PSOE y algunos jueces reconocen abiertamente la existencia del lawfare. Este giro no se debe a una repentina toma de conciencia, sino a un cambio en la correlación de fuerzas: cuando las dinámicas que antes afectaban a determinados colectivos comienzan a impactar en figuras centrales del sistema político, la percepción del problema se transforma. La línea que separaba a los “objetivos legítimos” de los “intocables” se ha difuminado.
En este contexto, resultan especialmente significativas las declaraciones de figuras como José Antonio Martín Pallín, quien ha señalado recientemente que la independencia judicial, lejos de estar amenazada, podría incluso haberse convertido en un problema por exceso. Su reflexión apunta a una cuestión clave: la ausencia de mecanismos efectivos de control y responsabilidad. Según Pallín, existen jueces que actúan con una libertad tal que roza la arbitrariedad, sin que ello conlleve consecuencias reales. Esta situación genera una paradoja inquietante: una institución diseñada para garantizar derechos puede, en determinadas circunstancias, convertirse en un instrumento de poder sin contrapesos.
No obstante, la forma en que se expresan estas críticas revela también sus límites. Hablar de “golpes de Estado en miniatura” introduce una ambigüedad que diluye la gravedad del fenómeno. La historia enseña que los procesos de erosión democrática no siempre adoptan formas espectaculares: a menudo se producen mediante acumulaciones de decisiones aparentemente aisladas, pequeñas desviaciones que, sumadas, alteran profundamente el equilibrio institucional. Minimizar estos procesos, incluso con la intención de hacerlos más digeribles, puede contribuir a su normalización.
Desde una perspectiva materialista, la cuestión de fondo no es meramente jurídica, sino política: ¿a quién sirve la justicia en una sociedad de clases? ¿qué intereses se ven protegidos y cuáles son sistemáticamente vulnerados? Las respuestas a estas preguntas no pueden encontrarse únicamente en los textos legales, sino en la práctica concreta de las instituciones. Cuando se observa quiénes son perseguidos con mayor intensidad —militantes de izquierdas, activistas, artistas críticos— y quiénes parecen beneficiarse de una notable indulgencia, se dibuja un patrón difícil de ignorar.
Es en este punto donde resulta útil introducir una noción complementaria al lawfare: lo que podríamos denominar lawlove. Si el primero hace referencia al uso de la justicia como herramienta de persecución política, el segundo alude a su utilización selectiva en sentido inverso: la protección, consciente o inconsciente, de determinados actores. No se trata de afirmar una conspiración monolítica, sino de identificar dinámicas estructurales: redes de poder, afinidades ideológicas, inercias institucionales que favorecen a unos y perjudican a otros.
Los ejemplos abundan en la memoria reciente. Mientras figuras vinculadas a la izquierda eran objeto de investigaciones basadas en indicios débiles o incluso inexistentes, casos que implicaban a dirigentes conservadores avanzaban con una lentitud exasperante o quedaban directamente archivados. La desigualdad en el tratamiento no siempre es evidente en un primer vistazo, pero se hace patente al analizar el conjunto. La justicia, lejos de ser un árbitro neutral, aparece como un campo de disputa atravesado por relaciones de poder.
Así, nombres como José Luis Rodríguez Zapatero, Pedro Sánchez o miembros de su entorno han sido objeto de acusaciones que, en muchos casos, se sostienen sobre bases frágiles. Al mismo tiempo, figuras como Mariano Rajoy, cuya relación con prácticas de financiación irregular fue señalada en documentos verificados, han logrado eludir investigaciones exhaustivas. Lo mismo puede decirse de María Dolores de Cospedal, vinculada en conversaciones grabadas a maniobras de carácter dudoso, sin que ello haya derivado en consecuencias judiciales proporcionales.
No se trata aquí de determinar la culpabilidad o inocencia de unos u otros, tarea que corresponde, en teoría, a los tribunales. La cuestión es otra: la asimetría en el acceso a la presunción de inocencia, en la intensidad de las investigaciones, en la rapidez de los procedimientos. Cuando estas diferencias se repiten de manera sistemática, dejan de ser anomalías para convertirse en síntomas de un problema estructural.
Desde esta perspectiva, la defensa acrítica del poder judicial resulta no solo ingenua, sino funcional a la reproducción de las desigualdades existentes. La verdadera fortaleza de una democracia no reside en la sacralización de sus instituciones, sino en su capacidad para someterlas a escrutinio y reforma. Sin mecanismos efectivos de control, la independencia puede degenerar en impunidad; sin responsabilidad, la autoridad se vacía de legitimidad.
La pregunta, entonces, no es si debemos confiar o no en la justicia, sino cómo transformarla para que responda realmente al interés general. Esto implica, entre otras cosas, revisar los procesos de selección y promoción dentro de la carrera judicial; garantizar la transparencia en la toma de decisiones; establecer sistemas de rendición de cuentas que vayan más allá de la mera retórica. Implica también reconocer que el derecho no es un terreno neutral, sino un campo atravesado por conflictos sociales.
En última instancia, lo que está en juego es la propia noción de democracia. Una sociedad en la que la justicia se percibe como parcial, como instrumento al servicio de determinados intereses, ve erosionada su cohesión y su legitimidad. La desconfianza no surge de la crítica, sino de la experiencia acumulada: de los casos que no se investigan, de las decisiones que parecen arbitrarias, de las desigualdades que se perpetúan.
Frente a esta realidad, el silencio o la moderación excesiva no son opciones neutrales. Como ha demostrado la historia, las transformaciones profundas requieren de una voluntad política clara, de una disposición a nombrar los problemas sin eufemismos. Llamar a las cosas por su nombre no es un gesto retórico, sino un primer paso necesario para su transformación.
Porque, en efecto, quien tiene capacidad de actuar y decide no hacerlo, se convierte en parte del problema. La inacción, en contextos de injusticia estructural, no es una forma de prudencia, sino de complicidad. Y en ese sentido, la crítica al lawfare y al lawlove no puede quedarse en el ámbito discursivo: debe traducirse en iniciativas concretas, en reformas institucionales, en prácticas que rompan con la lógica de privilegio.
Solo así será posible avanzar hacia una justicia que no sea un instrumento de dominación, sino una herramienta al servicio de la mayoría social. Una justicia que no distinga entre ciudadanos de primera y de segunda; que no actúe con severidad selectiva ni con indulgencia interesada; que no se limite a reproducir el orden existente, sino que contribuya a transformarlo. En definitiva, una justicia que esté a la altura de una democracia que aspire a ser algo más que una palabra vacía
