Noventa años después de la victoria electoral del Frente Popular, el debate político español vuelve a llenarse de llamadas solemnes a la “unidad de la izquierda”. La consigna reaparece con una regularidad casi mecánica, como si se tratara de un reflejo condicionado ante cada ciclo de crisis, desgaste institucional o proximidad electoral. En esta ocasión, el impulso procede de Gabriel Rufián, convertido en altavoz de una propuesta que, bajo una apariencia de audacia, carece de su elemento esencial: una definición clara de objetivos, contenidos y horizonte histórico. Porque la cuestión no es si la izquierda debe unirse —esa pregunta está mal formulada—, sino sobre qué bases, para qué fines y al servicio de qué clase social.
La historia del movimiento obrero enseña que la unidad no es un valor en sí mismo. La unidad es un instrumento, y como todo instrumento depende del uso que se haga de él. Puede servir para avanzar en la emancipación de la clase trabajadora o para administrar su derrota. Puede ser palanca de transformación o cadena de sujeción. Lo que se presenta hoy como “unidad” es, en realidad, una suma de aparatos debilitados, formaciones sin proyecto propio que buscan cobijo mutuo para prolongar su presencia institucional. No se trata de articular una alternativa de poder popular, sino de recomponer un espacio parlamentario que se desmorona.
Frente a este panorama, resuena con fuerza una vieja advertencia de Julio Anguita: “programa, programa, programa”. No como eslogan, sino como síntesis de una concepción materialista de la política. Sin programa no hay estrategia, sin estrategia no hay dirección, y sin dirección sólo queda la deriva. Un programa no es una lista de promesas electorales, sino la expresión concreta de un análisis de clase, de una lectura de la realidad económica, social e internacional, y de una voluntad de confrontación con el poder existente. Nada de eso aparece en las actuales apelaciones a la confluencia.
Resulta revelador que, el que encabeza el llamamiento, provenga de un espacio político cuya razón de ser ha sido históricamente la negociación de ventajas para su propia burguesía territorial. El independentismo burgués no es una anomalía dentro del capitalismo; es una de sus formas. Defiende mercados, cuotas de poder, control de recursos y capacidad de interlocución directa con el capital transnacional. Su discurso puede revestirse de gestos progresistas, pero su práctica se inscribe dentro del mismo marco de dominación. Pretender que ese espacio lidere una recomposición de la izquierda supone aceptar, de partida, un desplazamiento del eje desde la lucha de clases hacia la gestión de identidades.
Durante décadas, el nacionalismo ha sido presentado como una causa emancipadora. Sin embargo, desde una perspectiva marxista, su función principal ha sido fragmentar al sujeto histórico de la transformación: la clase trabajadora. Allí donde antes se reconocía una condición común basada en la explotación, hoy se promueven pertenencias múltiples que compiten entre sí. La consecuencia es una dispersión de fuerzas que beneficia, de manera directa, a la burguesía en todas sus variantes. Divididos por banderas, lenguas o territorios, los trabajadores pierden capacidad de reconocerse como parte de un mismo conflicto.
Este desplazamiento del conflicto social hacia el conflicto identitario ha ido acompañado de una transformación profunda del discurso de las organizaciones que se reclaman de izquierda. La centralidad del trabajo, de la propiedad de los medios de producción, de la distribución de la riqueza y del poder económico ha sido sustituida por una retórica que prioriza lo simbólico sobre lo material. No porque lo simbólico carezca de importancia, sino porque, desligado de una base económica, se convierte en una coartada perfecta para no cuestionar las estructuras.
La posible composición de la alianza propuesta refuerza estas dudas. Yolanda Díaz ha construido una imagen pública asociada a la moderación, al diálogo y al consenso. Su perfil es presentado como una superación de los conflictos del pasado. Pero la política no avanza por simpatías personales, sino por correlaciones de fuerza. Y durante su etapa de gestión no se ha producido ningún cuestionamiento real del poder del capital. Las mejoras parciales en salarios o condiciones laborales, aunque necesarias, no alteran el hecho fundamental de que la riqueza sigue concentrándose en las mismas manos.
El ciclo político impulsado por Pablo Iglesias prometió una ruptura con el bipartidismo y una impugnación del régimen surgido de la Transición. Años después, el balance es evidente: integración plena en el sistema, aceptación de sus límites y abandono de cualquier horizonte de transformación estructural. La épica inicial dio paso a la rutina institucional. La indignación fue sustituida por la gestión.
Por su parte, Irene Montero y Ione Belarra han situado el centro de su acción política en una agenda identitaria que, lejos de fortalecer al conjunto de la clase trabajadora, ha contribuido a fragmentarla aún más. La sustitución de la categoría de clase por una constelación de identidades no ha debilitado al capital, pero sí ha erosionado la posibilidad de articular un sujeto colectivo capaz de enfrentarlo.
Otro de los grandes silencios de este espacio político es el que rodea al modelo de Estado. La monarquía, institución heredada directamente del franquismo, permanece fuera de toda discusión real. No existe una apuesta decidida por la República como forma de Estado basada en la soberanía popular. Se habla de regeneración, de transparencia, de modernización, pero no se cuestiona el origen ni la naturaleza de un régimen diseñado precisamente para impedir una ruptura democrática.
En política internacional, las contradicciones alcanzan un nivel aún más grave. La pertenencia a la OTAN se acepta como un hecho incuestionable. No se plantea la salida, ni siquiera se abre un debate serio al respecto. Se asume el aumento constante del gasto militar como si fuera una obligación natural.
Mientras tanto, hospitales, escuelas y servicios sociales se deterioran. La ministra Margarita Robles defiende sin rubor inversiones multimillonarias en armamento, incluidas compras a Israel, sin que los socios del Gobierno establezcan una línea roja efectiva.
Hablar de izquierda mientras se acepta este marco es una contradicción en términos. La izquierda, si merece ese nombre, debe ser antiimperialista. Debe oponerse a las guerras, a las alianzas militares y a la subordinación geopolítica. Debe defender el derecho de los pueblos a decidir su propio destino sin injerencias externas. Todo lo demás es retórica vacía.
España arrastra, además, un problema estructural de dependencia económica. La desindustrialización, acelerada tras la entrada en la Unión Europea, ha convertido al país en una economía basada en servicios de bajo valor añadido. El turismo se ha consolidado como sector hegemónico, generando empleo precario y estacional, mientras se importa la mayor parte de los bienes industriales. Esta situación no es accidental; es el resultado de decisiones políticas concretas orientadas a integrar a España en una división internacional del trabajo que beneficia a las grandes potencias económicas.
Sin un proyecto de reindustrialización, de planificación económica y de control público de sectores estratégicos, no hay posibilidad de soberanía real. Y sin soberanía económica, cualquier discurso sobre democracia es una ficción.
La realidad cotidiana de millones de personas es conocida: salarios que no cubren las necesidades básicas, alquileres inasumibles, listas de espera en la sanidad pública, precariedad juvenil, pensiones amenazadas. Frente a esto, la llamada a la unidad aparece desconectada de la experiencia material de la clase trabajadora. No interpela a su vida concreta, sino a un tablero político que le resulta cada vez más ajeno.
En lugar de un programa de ruptura, se ofrece una constelación de siglas —Izquierda Unida, Partido Comunista de España, Podemos, Sumar, Más Madrid— que orbitan alrededor del PSOE y aceptan su marco, no aspiran a derrotarlo. Cambian los matices, no el fondo. Cambian los discursos, no la práctica.
El Frente Popular de 1936 fue una alianza con un objetivo histórico concreto: frenar al fascismo y abrir paso a transformaciones profundas. No fue una operación de marketing ni un acuerdo de conveniencia. Fue la expresión de una correlación de fuerzas que reconocía la existencia de un enemigo claro y la necesidad de enfrentarlo. Invocar su memoria sin asumir ese espíritu es una banalización.
La historia es clara: toda izquierda que renuncia a nombrar al enemigo de clase, deja de ser izquierda. No hay neutralidad posible en una sociedad dividida entre explotadores y explotados. No hay tercera vía entre capital y trabajo. El capitalismo no es un sistema reformable en beneficio de las mayorías; es un sistema basado estructuralmente en la explotación.
Unidad sin ruptura con el capital es colaboración. Unidad sin cuestionar la propiedad privada de los grandes medios de producción es sumisión. Unidad sin antiimperialismo es vasallaje. Unidad sin República, sin soberanía popular y sin poder obrero es simple gestión del orden burgués.
La tarea histórica no es recomponer una izquierda domesticada, sino reconstruir un movimiento comunista que devuelva a la clase trabajadora la conciencia de sí misma como sujeto político. Un movimiento que entienda que la emancipación no vendrá de los despachos, sino de la organización y la lucha. Un movimiento que asuma que el objetivo no es humanizar el capitalismo, sino superarlo.
No necesitamos una nueva sopa de siglas. Necesitamos un proyecto revolucionario. Porque sin socialismo no hay futuro, sin marxismo no hay izquierda. Y en definitiva, sin ruptura con el capitalismo, todo lo demás es engaño.
