En la madrugada del 3 de enero de 2026, una operación planificada durante meses por Estados Unidos culminó en un acto que vulnera de forma flagrante el Derecho Internacional: el secuestro del presidente de la República Bolivariana de Venezuela y de la primera dama, acompañado de una violencia letal que dejó cerca de ochenta personas asesinadas. Entre ellas, treinta y dos internacionalistas cubanos cayeron en combate mientras cumplían una misión de protección. La noticia sacudió a dos pueblos unidos por una historia de cooperación y dignidad compartida; pero también golpeó a algo más amplio y profundo: la idea misma de que la solidaridad entre naciones puede ser una herramienta legítima para defender la soberanía y la vida.
No se trata solo de cifras ni de balances militares. Es un golpe durísimo para dos países que, durante décadas, han estrechado lazos para ensayar caminos propios en un continente marcado por la dependencia. Iniciativas como el ALBA-TCP o Petrocaribe mostraron que era posible romper con modelos de dominación enquistados, articular políticas públicas con sentido social y pensar la integración desde la complementariedad, no desde la imposición. Aquellos proyectos no nacieron para competir en el mercado global, sino para garantizar derechos básicos, intercambiar recursos y saberes, y construir una cooperación Sur-Sur que pusiera la vida en el centro.
La creación de un bloque político autónomo, con mecanismos propios de financiación y comercio, fue —y sigue siendo— un acto de insumisión. No porque negara el diálogo con el mundo, sino porque rechazaba la subordinación como condición de existencia. Durante décadas, esa audacia fue contenida gracias a una resistencia que se convirtió en referente para múltiples luchas emancipadoras en América Latina y más allá. No es casual que el objetivo haya sido, una y otra vez, desarticular esa resistencia mediante sanciones, bloqueos, campañas de desinformación y, ahora, una operación militar encubierta que pretende normalizar lo inaceptable.
La llamada Operación Resolución Absoluta, amparada por la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de 2025 de Estados Unidos, no es un episodio aislado. Ese documento proporcionó el marco doctrinal, político y geoestratégico que hizo posible la acción y la cubrió de impunidad. Lo ocurrido no es solo un golpe a Venezuela por el secuestro de su presidente Nicolás Maduro, de Cilia Flores y el asesinato de decenas de compatriotas, incluidos civiles; tampoco es únicamente un golpe a Cuba por la muerte de treinta y dos combatientes que actuaban en representación de sus Fuerzas Armadas. Es un ataque directo al internacionalismo, al Derecho Internacional y a la seguridad jurídica mundial, pilares que se invocan cuando conviene y se pisotean cuando estorban.
La reacción de los grandes medios occidentales resulta tan previsible como reveladora. Se habla de la “brillantez” de la operación, de su precisión quirúrgica, casi como si se tratara de una superproducción cinematográfica. Algunos, con un gesto de falsa ecuanimidad, reconocen que se vulneraron la Carta de las Naciones Unidas y normas básicas del orden internacional; pero el foco se desvía rápidamente hacia la narrativa del éxito táctico. De los cerca de ochenta asesinados apenas se dice nada. Sus nombres, sus historias, sus vidas, quedan reducidas a la categoría de daños colaterales, una fórmula vieja y eficaz para deshumanizar al enemigo y anestesiar conciencias.
Frente a ese silencio, el internacionalismo enseña otra forma de mirar. Ninguna vida es prescindible; ninguna muerte puede pasar inadvertida. Entre las víctimas hay nacionales de otros países que perdieron la vida desempeñando tareas de apoyo solicitadas por el propio Estado venezolano. Los treinta y dos cubanos caídos tenían una misión clara: proteger la vida del presidente y de la primera dama. Su probada profesionalidad, la experiencia acumulada en décadas de resistencia y un compromiso político forjado en condiciones adversas los llevaron a asumir esa tarea como parte de un intercambio entre dos pueblos que entendieron que la solidaridad no es caridad, sino reciprocidad.
Cuando el internacionalismo se abre paso en las relaciones entre Estados, cada cual aporta lo que tiene y recibe lo que puede ofrecer el otro. Venezuela ha contribuido con energía, recursos naturales y la apertura de nuevos espacios económicos y políticos. Cuba, por su parte, ha enviado médicos, educadores, apoyo militar, formación en seguridad e inteligencia, y experiencias de organización social y política. Sin embargo, reducir esa relación a un simple trueque sería no comprender su profundidad. Cuba ha demostrado en innumerables ocasiones que su vocación solidaria no se agota en lo bilateral ni excluye a quienes nada tienen. Al contrario: integra a los más vulnerables en un horizonte universal, algo inconcebible para una lógica que mide todo en términos de rentabilidad.
Los treinta y dos cubanos caídos forman parte de ese entramado de apoyo mutuo. Su misión no era ofensiva, sino defensiva; no buscaba imponer, sino proteger. El hecho de que fueran militares no los saca de ese marco que apuesta por entrelazar países en lugar de enfrentarlos en una competencia feroz que siempre termina aplastando al más débil. Cumplieron el servicio que se les pidió hasta el final, conscientes de los riesgos, fieles a una ética que entiende la seguridad como cuidado de la vida y no como dominio sobre otros.
No se puede olvidar, tampoco, al resto de las víctimas de la agresión estadounidense: civiles y militares que cayeron junto a los combatientes cubanos, compartiendo un ideal, una vida y una muerte en resistencia frente al invasor. Invisibilizarlos es una forma más de violencia. Recordarlos es un acto de justicia y de memoria, necesario para contrarrestar el relato que pretende reducirlo todo a una operación “exitosa” y borrar las consecuencias humanas de decisiones tomadas lejos del terreno, en despachos blindados.
Lo ocurrido el 3 de enero nos interpela más allá de la coyuntura. Nos recuerda que las resistencias anticoloniales, anticapitalistas y contrarias al belicismo —entendido este como una forma de gobierno que antepone la violencia y la guerra como principios organizadores de la vida política— enfrentan un desafío urgente. La fragmentación de las luchas, el aislamiento y la competencia entre causas debilitan la capacidad de respuesta frente a un poder que actúa de manera coordinada y sin escrúpulos. Reconstruir un internacionalismo capaz de arropar las resistencias y articular respuestas comunes no es una consigna nostálgica, sino una exigencia práctica para la supervivencia de esas luchas.
Ese internacionalismo no puede limitarse a declaraciones solemnes ni a gestos simbólicos. Debe traducirse en redes de apoyo reales, en defensa del Derecho Internacional cuando protege a los pueblos y en denuncia firme cuando se viola. Debe ser capaz de interpelar a sociedades enteras, no solo a militancias convencidas, con un lenguaje accesible y una ética clara: la vida vale más que cualquier cálculo geopolítico. En un mundo atravesado por guerras, sanciones y crisis múltiples, esa tarea es tan urgente como difícil.
Pero también es necesario decirlo sin rodeos: aceptar este tipo de operaciones como hechos consumados equivale a normalizar un orden mundial basado en la ley del más fuerte. Si no se señala con claridad al agresor, si no se denuncia la impunidad con la que actúa y si no se asume que el silencio es una forma de complicidad, el precedente que se consolida es devastador. Hoy es Venezuela, ayer fue Irak, Libia o Afganistán; mañana puede ser cualquier país que decida no someterse. Defender el internacionalismo no es un gesto moral abstracto, es una posición política concreta frente a un sistema que convierte la guerra en método de gobierno y la violencia en lenguaje diplomático.
Las muertes del 3 de enero no pueden quedar sepultadas bajo la retórica de la seguridad nacional ni bajo el ruido mediático de la espectacularización de la violencia. Son un recordatorio de que la soberanía no es una abstracción y de que la solidaridad tiene costos, a veces irreparables. También son una llamada a no renunciar a la idea de que otro orden internacional es posible, uno en el que la cooperación prime sobre la coerción y en el que la fuerza no sea el argumento final.
Fidel nos recordaba que “Ser internacionalistas es saldar nuestra propia deuda con la humanidad. Quien no sea capaz de luchar por otros, no será nunca suficientemente capaz de luchar por sí mismo”.
