El gas pimienta en el Congreso no fue solo una anécdota grotesca, ni una torpeza parlamentaria destinada a alimentar tertulias, memes y titulares. Fue una imagen política de enorme potencia: una diputada del Partido Popular vinculada a un episodio en el que el aire se vuelve irrespirable, la gente llora y los cuerpos reaccionan con asfixia. Separada de su contexto, la escena podría parecer menor; dentro de él, funciona como símbolo de una época. En una sociedad atravesada por la precariedad, el miedo, la violencia institucional y la degradación del debate público, el gas pimienta no solo representa el ambiente social: lo encarna.
Ahora bien, conviene no quedarse en la superficie del escándalo. El gas pimienta no aparece de la nada, ni circula por casualidad entre el Congreso, las fronteras, los desahucios y las conversaciones mediáticas. Su presencia expresa una tendencia más profunda: la normalización de la violencia como respuesta a los conflictos que el propio sistema capitalista produce. Allí donde hay pobreza, migración, vivienda inaccesible o protesta popular, el Estado no ofrece soluciones estructurales; ofrece policía, frontera, porra, desalojo y gas. La sustancia que irrita los ojos es, en realidad, el complemento químico de una política de clase.
En Ceuta, la crisis fronteriza volvió a mostrar hasta qué punto el capitalismo europeo necesita convertir a los migrantes en amenaza para ocultar su propia responsabilidad histórica. Primero se saquean territorios, se sostienen relaciones económicas desiguales y se alimentan guerras, dependencias y miserias; después, cuando quienes huyen de ese orden llaman a la puerta, se les recibe como si fueran invasores. El discurso del odio cumple aquí una función precisa: desplazar la rabia de los trabajadores empobrecidos hacia otros trabajadores todavía más desposeídos. Así, mientras se fabrican enemigos en la frontera, quienes se benefician de la explotación quedan intactos, protegidos por leyes, gobiernos y medios.
De igual modo, el uso de gas irritante contra menores migrantes o personas vulnerables no puede entenderse como un exceso aislado. Forma parte de una pedagogía de la intimidación. El poder enseña quién puede respirar tranquilo y quién debe vivir bajo sospecha; quién merece protección y quién puede ser rociado, empujado o expulsado sin que tiemblen los cimientos del orden establecido. La frontera, en este sentido, no es solo una línea geográfica: es una tecnología política. Divide a los explotados, jerarquiza vidas y permite que la violencia parezca defensa, cuando en realidad es administración brutal de la desigualdad.
Por otro lado, el desahucio de Maricarmen revela con una claridad insoportable la esencia del problema de la vivienda. No estamos ante un fallo puntual del mercado, sino ante una consecuencia lógica de un sistema que convierte una necesidad básica en mercancía. Una mujer mayor, con una vida entera detrás y una salud frágil, puede ser expulsada de su casa porque el derecho a la propiedad pesa más que el derecho a vivir con dignidad. La escena duele porque condensa lo que miles de personas padecen lejos de las cámaras: alquileres imposibles, salarios insuficientes, habitaciones convertidas en destino vital, familias rotas por la especulación y trabajadores condenados a sobrevivir sin estabilidad.
Además, la violencia del desahucio no termina cuando se cierra la puerta o se dispersa la concentración vecinal. Continúa en las tertulias, en los editoriales, en las frases crueles que convierten a la víctima en culpable y al propietario en sujeto sagrado. Se dice que Maricarmen quería vivir demasiado bien, que pagaba poco, que otros están peor, que la izquierda instrumentaliza el dolor o que la propiedad privada debe prevalecer. Ese lenguaje no es inocente: es ideología de clase en estado puro. Sirve para justificar lo injustificable, para convencer a los de abajo de que no deben solidarizarse entre sí y para presentar la defensa de una anciana como amenaza al orden jurídico.
Sin embargo, la pregunta fundamental no es cuánto pagaba Maricarmen, sino por qué una sociedad con capacidad productiva suficiente acepta que una persona mayor sea arrojada de su vivienda. El marxismo-leninismo enseña que el Estado no es un árbitro neutral situado por encima de las clases, sino un instrumento de dominación de la clase que posee el poder económico. Cuando una empresa, una jueza y un dispositivo policial actúan coordinadamente para ejecutar un desahucio, no vemos una simple aplicación técnica de la ley: vemos cómo la ley protege una relación social concreta, la propiedad privada capitalista, incluso cuando esa protección destruye vidas.
Asimismo, el espectáculo mediático posterior cumple una función disciplinaria. No basta con desalojar: hay que aleccionar. Hay que decirle al resto de inquilinos, pensionistas, jóvenes precarios y familias trabajadoras que cualquier resistencia será presentada como manipulación, sentimentalismo o ataque a la propiedad. Hay que transformar la compasión en sospecha y la solidaridad en delito moral. Por eso se repiten con tanta insistencia los mismos argumentos: si una víctima logra despertar empatía, el aparato ideológico se moviliza para neutralizarla. La humanidad resulta peligrosa cuando señala al capital.
En consecuencia, el gas pimienta ambiental no es solo una imagen literaria. Es la atmósfera política de un país donde los conflictos materiales se tapan con ruido, criminalización y miedo. Nos arden los ojos porque vemos demasiada injusticia presentada como normalidad; nos falta el aire porque cada vez más espacios de vida quedan ocupados por la lógica del beneficio. La vivienda, la frontera, el Congreso y los medios forman parte de un mismo circuito: el de una democracia formal que proclama derechos mientras garantiza, en la práctica, la reproducción del poder económico.
Frente a ello, la respuesta no puede limitarse a la indignación momentánea. La indignación es necesaria, pero insuficiente si no se organiza. Desde una perspectiva marxista-leninista, el problema no se resuelve apelando a la bondad de quienes se benefician del sistema, ni esperando que el mercado corrija sus abusos. Hace falta organización popular, conciencia de clase y lucha sostenida. La vivienda debe dejar de ser un activo especulativo para convertirse en un derecho efectivo; las fronteras deben denunciarse como mecanismos de violencia imperialista; y la represión contra quienes protestan debe enfrentarse mediante solidaridad organizada.
No obstante, esa organización exige claridad política. No se trata de oponer una compasión abstracta a una legalidad concreta, sino de comprender que muchas veces la legalidad vigente expresa una injusticia estructural. Las leyes que permiten desahuciar a una anciana, gasear a migrantes o golpear a vecinos que defienden una vivienda no son neutrales: responden a intereses. Por eso, cuando los defensores del orden preguntan por la propiedad privada, conviene responder con otra pregunta: ¿qué valor tiene una propiedad que necesita antidisturbios para imponerse sobre la vida?
Finalmente, el episodio del gas pimienta en el Congreso quedará quizá como una escena absurda en la memoria inmediata. Pero sería un error reducirlo a una charlotada. Su fuerza está en haber condensado, involuntariamente, el clima de nuestro tiempo: un poder que contamina el aire común, una derecha que juega con fuego mientras acusa a otros del incendio, unos medios que convierten la crueldad en opinión respetable y una población trabajadora obligada a respirar cada día entre precariedad, miedo y rabia. Si el país se vuelve irrespirable, no será por un aerosol mal usado en un lavabo parlamentario, sino por un régimen que protege antes la ganancia que la vida. Ante ese aire viciado, la tarea no es acostumbrarse a respirar peor, sino abrir ventanas, organizarse y disputar el poder a quienes llevan demasiado tiempo envenenándolo todo.
