El anuncio de una huelga general por la vivienda el 11 de noviembre ha vuelto a colocar en el centro del debate una vieja cuestión del movimiento obrero: qué sindicalismo necesita la clase trabajadora para conquistar derechos, sostenerlos en el tiempo y ampliar su fuerza frente al capital. La irrupción del Sindicato de Inquilinas, acompañado por organizaciones como CGT, CO.BAS y Solidaridad Obrera, expresa una realidad que no debe despreciarse: existe malestar social, existe capacidad de politización y existe una voluntad de organizar conflictos que el sindicalismo mayoritario no siempre ha sabido encabezar. Sin embargo, reconocer ese mérito no obliga a aceptar sin crítica el relato según el cual lo pequeño, lo asambleario y lo alternativo representa por sí mismo una superación histórica del sindicalismo confederal.
Con una perspectiva marxista-leninista, la cuestión sindical no puede analizarse desde la estética de la protesta, sino desde la correlación real de fuerzas entre clases. La clase trabajadora no se organiza en abstracto: lo hace en sectores, empresas, territorios y ramas productivas atravesadas por desigualdades internas. No tiene la misma capacidad de presión un maquinista que puede detener un tren que una camarera aislada en un bar de cuatro trabajadores; no posee la misma fuerza un piloto que puede dejar en tierra un avión que una limpiadora subcontratada, sin comité, sin delegado y sin margen material para asumir una huelga indefinida. Por eso, el debate no consiste en saber quién habla con más pureza en nombre de la base, sino quién es capaz de convertir la fuerza parcial de unos en derechos colectivos para todos.
Asimismo, conviene distinguir entre sindicalismo de clase y sindicalismo corporativo. Bajo la etiqueta de sindicalismo de base conviven realidades muy distintas: organizaciones alternativas que aspiran a disputar una orientación general al sindicalismo confederal, y sindicatos de oficio cuya acción suele limitarse a la defensa inmediata de su propio colectivo. Estos últimos pueden obtener conquistas relevantes, pero su horizonte político queda con frecuencia encerrado en la posición privilegiada que ocupan dentro del proceso productivo. La fuerza del maquinista o del piloto no nace únicamente de la asamblea; nace, sobre todo, de su lugar estratégico en la circulación de mercancías, personas y servicios. Confundir esa ventaja objetiva con una superioridad moral del modelo organizativo conduce a una lectura parcial, cuando no idealista, de la lucha sindical.
Ahora bien, el sindicalismo de clase no puede reducirse a la suma de intereses particulares. Su tarea histórica consiste en elevar la conciencia inmediata de los trabajadores hacia una conciencia colectiva; es decir, pasar de la defensa del turno, del oficio o de la categoría profesional a la defensa del conjunto de la clase. Ahí reside la importancia del sindicalismo confederal. La conquista no fue que cada grupo pudiera encerrarse en su propia mesa de negociación, sino que el maquinista, la taquillera y la limpiadora formaran parte de una misma organización; que la fuerza del primero sirviera también para proteger a quienes no podían paralizar por sí solos el funcionamiento de la empresa. Esa es una lección elemental del movimiento obrero: sin organización común, la fragmentación favorece al capital.
La negociación colectiva sectorial, aunque carezca de épica, constituye una de las mayores conquistas materiales de la clase trabajadora. Un convenio no llena titulares como una barricada ni produce la emoción inmediata de una asamblea multitudinaria, pero fija salarios, jornadas, descansos, permisos, categorías y garantías para millones de personas que nunca aparecerán en una rueda de prensa. Según los datos citados, en 2023 el 91,8% de los trabajadores con derecho a negociación colectiva estaba cubierto por un convenio. Esa red no se sostiene únicamente con voluntad militante: exige implantación, cuadros sindicales, asesoría jurídica, presencia en centros de trabajo, memoria organizativa y capacidad para resistir durante años la presión patronal e institucional.
Presentar a CCOO y UGT como actores secundarios de una huelga general resulta políticamente poco serio. Con todos sus límites, contradicciones y momentos de burocratización, siguen concentrando una fuerza organizada que ningún proyecto transformador puede ignorar. Sus más de doscientos mil delegados, sumados, y una afiliación que ronda los dos millones de trabajadores, no son una anécdota: son expresión de una implantación real en la estructura productiva. Desde una óptica leninista, la crítica a las direcciones sindicales no debe confundirse con la negación de las organizaciones de masas. Al contrario: el problema estratégico consiste en disputar su orientación, reforzar su democracia interna y vincularlas a un programa de clase, no en abandonarlas al reformismo mientras se proclama desde fuera una pureza impotente.
No obstante, sería un error simétrico despreciar el papel del Sindicato de Inquilinas y de los movimientos que han situado la vivienda en el centro del conflicto social. Han logrado politizar el alquiler, señalar a rentistas, fondos y propietarios especulativos, y mostrar que la reproducción de la vida también es un terreno de lucha de clases. La vivienda no es un problema privado ni una simple cuestión de mercado: es una forma concreta de extracción de renta sobre el salario. En ese sentido, organizar a los inquilinos significa ampliar el campo de intervención del movimiento obrero, porque el trabajador no deja de ser explotado cuando sale de la fábrica, de la oficina o del hospital; también lo es cuando una parte creciente de su salario vuelve al capital inmobiliario.
Sin embargo, una huelga general no se decreta únicamente desde la legitimidad de una causa justa. Parar un país exige presencia organizada en miles de centros de trabajo, capacidad logística, cajas de resistencia, comités, piquetes, cobertura jurídica, comunicación política y confianza acumulada entre compañeros. La voluntad es imprescindible, pero no sustituye a la organización. La espontaneidad puede abrir un ciclo de movilización; solo la organización sostenida puede convertirlo en poder social. Por eso, la huelga por la vivienda necesita al sindicalismo confederal tanto como el sindicalismo confederal necesita incorporar la cuestión de la vivienda a su programa de clase.
La asamblea no puede presentarse como una innovación exclusiva del sindicalismo alternativo. La asamblea ha sido, durante más de un siglo, una forma central de deliberación del sindicalismo obrero. La cuestión decisiva no es invocarla, sino articularla con una estrategia capaz de unir lo inmediato y lo general, lo local y lo estatal, la reivindicación concreta y el horizonte político. Sin dirección, la asamblea puede convertirse en dispersión; sin base, la dirección degenera en aparato. La tarea revolucionaria consiste en unir ambas dimensiones: democracia obrera y centralización estratégica.
En definitiva, el debate de fondo no es entre elefantes y hormigas, ni entre lo viejo y lo nuevo. El dilema real es si la clase trabajadora será capaz de organizarse como sujeto común frente a un capital cada vez más concentrado, financiarizado y agresivo. Para ello hacen falta sindicatos arraigados, movimientos sociales combativos y una orientación política que no confunda fragmentación con radicalidad. Ser de base no significa hablar solo por los más fuertes de cada oficio; significa construir una fuerza común para que quienes tienen más capacidad de presión la pongan al servicio de quienes tienen menos. Eso, en última instancia, es ser confederal. Y eso, también, es hacer sindicalismo de clase.
