La conversión de personajes moralmente desacreditados en voces autorizadas de la conversación pública no es un accidente ni una simple extravagancia televisiva. Responde a una lógica política concreta: cualquier figura puede ser rehabilitada si resulta útil para atacar al progresismo, al feminismo, a la memoria democrática o a las organizaciones populares. La gravedad de sus actos, sus contradicciones o su pasado quedan en segundo plano cuando su discurso encaja en la ofensiva reaccionaria. En ese momento, el sistema mediático deja de preguntar por la verdad y empieza a medir su rentabilidad ideológica.
En primer lugar, conviene recordar que los grandes medios no funcionan como espacios neutrales donde las ideas compiten en igualdad de condiciones. Desde una perspectiva marxista-leninista, forman parte de los aparatos ideológicos que sostienen la dominación de clase. Su tarea no consiste únicamente en informar, sino en organizar el sentido común, fijar los límites de lo aceptable y presentar los intereses de la burguesía como si fueran intereses generales. Por eso, determinadas voces reciben indulgencia, promoción y micrófono, mientras otras son expulsadas del debate antes siquiera de poder explicarse.
Asimismo, la reacción ha perfeccionado una operación discursiva muy eficaz: transformar al victimario en víctima. Quien ha ejercido violencia aparece como perseguido por la corrección política; quien ha sido señalado por hechos graves se presenta como mártir de la libertad de expresión; quien representa el desprecio hacia los sectores más vulnerables se reviste de valentía frente a una supuesta censura progresista. Esta inversión no es inocente. Sirve para desplazar el foco desde las víctimas reales hacia el malestar fabricado de quienes temen perder privilegios sociales, económicos o simbólicos.
Por otra parte, el anticomunismo, el antifeminismo y el racismo funcionan como credenciales de respetabilidad en determinados circuitos de opinión. Basta con pronunciar las consignas adecuadas contra el Gobierno, contra las personas migrantes, contra las mujeres organizadas o contra la memoria antifascista para recibir una absolución que jamás se concede a quienes luchan por vivienda, salario o servicios públicos. Al trabajador que protesta se le llama radical; al reaccionario que justifica el odio se le presenta como polemista. La diferencia de trato revela qué intereses protege cada tribuna.
En consecuencia, el problema no se reduce a la presencia de determinados tertulianos o dirigentes en espacios de máxima audiencia. El problema es más profundo: existe una industria de blanqueamiento político que convierte la degradación moral en espectáculo. El escándalo produce audiencia, la audiencia genera beneficio y el beneficio consolida un modelo comunicativo donde la verdad pesa menos que la agitación permanente. En ese mercado, la extrema derecha no aparece como una anomalía, sino como un producto rentable; y el capitalismo mediático, lejos de contenerla, la amplifica porque extrae valor de su ruido.
Además, esta maquinaria se protege tras la coartada de la falsa pluralidad. Se afirma que hay que escuchar todas las voces en nombre de la libertad, incluso aquellas que niegan derechos o relativizan violencias. Sin embargo, esa libertad se aplica de forma selectiva. Las voces comunistas, sindicales, anticoloniales o verdaderamente rupturistas apenas encuentran espacio estable en los grandes medios; en cambio, los discursos reaccionarios son invitados una y otra vez como si representaran una rebeldía popular. Lo que se vende como pluralismo es, en realidad, una selección de opciones compatibles con el orden burgués.
Igualmente, la manipulación de la memoria cumple una función central en esta ofensiva. Cuando se sustituyen homenajes concretos a víctimas del franquismo por fórmulas abstractas que hablan de «todas las víctimas», no se está ampliando la justicia; se está borrando la responsabilidad histórica. La memoria democrática no puede disolverse en una niebla sentimental donde verdugos y asesinados ocupen el mismo plano. Nombrar a quienes fueron fusilados, perseguidos o silenciados por el fascismo no divide a la sociedad: impide que la clase dominante vuelva a escribir el pasado desde la impunidad.
Del mismo modo, el negacionismo de la violencia machista y la criminalización racista de los menores migrantes cumplen una función política precisa. No buscan resolver problemas sociales, sino fabricar enemigos internos. Mientras se señala al migrante, se oculta al empresario que precariza; mientras se culpa al feminismo, se oculta la estructura patriarcal que atraviesa la familia, el trabajo y el Estado; mientras se agita el miedo al otro, se desactiva la conciencia de clase. La reacción necesita que el pueblo trabajador mire hacia abajo o hacia los lados, nunca hacia arriba.
Sin embargo, esta ofensiva no prosperaría sin una crisis de legitimidad del régimen y sin el agotamiento de las promesas reformistas. Cuando amplios sectores populares viven atrapados entre alquileres imposibles, salarios insuficientes y servicios públicos deteriorados, la derecha radical ofrece una explicación simple y venenosa: la culpa es del extranjero, de la feminista, del comunista, del funcionario o del pobre que recibe una ayuda. Frente a ello, el progresismo institucional suele responder con gestos morales y apelaciones abstractas a la convivencia. Pero el fascismo social no se combate solo con buenos modales; se combate organizando poder popular.
Por tanto, la crítica al circo mediático debe ir unida a una crítica del sistema que lo produce. No basta con lamentar que ciertos programas premien la provocación o normalicen discursos reaccionarios. Hay que preguntarse quién posee esos medios, qué empresas los financian, qué intereses de clase expresan y por qué la reacción encuentra allí una autopista mientras las luchas obreras aparecen fragmentadas, caricaturizadas o directamente silenciadas. La televisión privada no es un ágora democrática: es propiedad capitalista orientada al beneficio y a la reproducción ideológica.
A su vez, resulta imprescindible no caer en la trampa de discutir cada provocación como si fuera un hecho aislado. La reacción lanza escándalos sucesivos para impedir que se piense estratégicamente. Hoy blanquea a un corrupto, mañana relativiza el franquismo, pasado ridiculiza a una víctima o convierte a un racista en tertuliano simpático. Si la izquierda responde siempre en el terreno emocional que le marca el adversario, llegará tarde a todas partes. La tarea consiste en revelar el patrón: cada provocación busca normalizar un poco más la violencia de clase, patriarcal y racista.
Finalmente, el límite de lo aceptable se desplaza cuando el odio sirve a los intereses correctos. La absolución mediática de figuras reaccionarias no pretende ampliar la democracia, sino estrecharla hasta que solo quepan las voces funcionales al capital y a sus alianzas autoritarias. Frente a esa deriva, no basta con indignarse. Es necesario construir una cultura política de clase, antifascista, feminista y popular, capaz de disputar el sentido común en los barrios, en los centros de trabajo, en las redes y en las instituciones sin subordinarse a ellas. Porque cuando la infamia se vuelve espectáculo, la respuesta no puede ser solo apagar la televisión: hay que organizar la fuerza social capaz de apagar el régimen que la alimenta.
