Es una pregunta que muchas personas se hacen desde hace años: por qué no deja de subir el precio de la luz. Y no tiene una respuesta simple, porque el precio de la electricidad no depende de una sola causa, sino de una combinación de factores económicos, políticos y regulatorios. Aun así, para entender por qué la luz sigue encareciéndose en 2026, conviene mirar más allá de las explicaciones coyunturales y analizar cómo se ha configurado el sistema energético español en las últimas décadas.
Una primera clave está en el proceso de privatización y liberalización del sector eléctrico. A partir de los años ochenta y noventa, los sucesivos gobiernos fueron reduciendo el peso del sector público en la energía, y favoreciendo la consolidación de grandes empresas privadas. En el caso español, ese proceso quedó especialmente asociado a los gobiernos de Felipe González y José María Aznar, presentados en su momento como impulsores de una modernización económica, basada en la apertura al mercado y en la retirada progresiva del Estado de sectores estratégicos. Sin embargo, en la práctica, aquellas decisiones contribuyeron decisivamente a desmantelar el control público sobre la electricidad y a fortalecer un mercado fuertemente concentrado, en el que unas pocas compañías pasaron a ocupar una posición dominante en la generación, comercialización y distribución eléctrica.
Desde entonces, la electricidad ha dejado de gestionarse como un servicio público, en sentido fuerte, y ha pasado a organizarse principalmente bajo criterios de rentabilidad empresarial. Este punto es importante, porque la energía no es un bien cualquiera. La electricidad resulta imprescindible para la vida cotidiana, para el funcionamiento de la economía, para la industria, para los servicios públicos y para el bienestar básico de los hogares. Sin embargo, su precio final se fija dentro de un marco donde pesan cada vez más la lógica del mercado, la estructura oligopólica del sector y la necesidad de mantener beneficios elevados para grandes grupos empresariales y financieros. De este modo, cuando se producen tensiones en los mercados internacionales, cambios regulatorios o aumentos de costes, el impacto termina trasladándose con rapidez al consumidor.
En los últimos años se han añadido además factores internacionales muy relevantes. El precio del gas natural, las crisis geopolíticas, las alteraciones en las cadenas de suministro, la inflación global y el coste de los derechos de emisión han contribuido a encarecer la producción energética en Europa. También ha influido el propio diseño del mercado mayorista eléctrico, donde en muchos casos el precio final queda arrastrado por la tecnología más cara necesaria para cubrir la demanda. Aunque se trata de un mecanismo presentado como técnico, sus efectos sociales son evidentes: incluso cuando parte de la electricidad se produce a costes más bajos, el precio pagado por hogares y pequeñas empresas puede mantenerse elevado.
Pero limitarse a esta explicación técnica sería insuficiente. La subida de la luz no puede entenderse solo por el coste de las materias primas o por los movimientos internacionales. También influye el hecho de que el sistema esté dominado por grandes corporaciones con enorme capacidad de adaptación y presión. En un mercado tan concentrado, las empresas no son actores pasivos que simplemente sufren el contexto: tienen margen para proteger sus beneficios, condicionar inversiones, influir en el debate público y defender sus intereses ante las instituciones. Por eso, mientras muchas familias han visto deteriorarse su poder adquisitivo, las grandes eléctricas han seguido registrando resultados muy elevados.
En este sentido, resulta útil recuperar algunas ideas clásicas del pensamiento crítico marxista sobre la concentración del poder económico. Lenin, en El imperialismo, fase superior del capitalismo, describía una etapa de este, caracterizada por la concentración del dinero, en grandes monopolios y por la estrecha relación entre poder económico y poder político. Salvando las diferencias históricas, ese marco permite comprender por qué determinados sectores estratégicos tienden a quedar en manos de grupos cada vez más poderosos, capaces de influir no solo en los mercados, sino también en las decisiones regulatorias.
Precisamente aquí, es donde aparece con claridad la cuestión de las puertas giratorias. En España, este fenómeno no solo se ha manifestado de forma general, sino también de manera especialmente simbólica en figuras como las de Felipe González y José María Aznar. Ambos fueron protagonistas políticos de la transformación privatizadora del modelo económico español y, años después, acabaron vinculados a grandes empresas energéticas: González en el consejo de administración de Naturgy y Aznar en el de Endesa. Más allá de la valoración personal que merezcan esos casos, su fuerza simbólica es indudable, porque refuerzan la percepción de una continuidad entre decisiones políticas que favorecieron la privatización del sector, y la posterior integración de antiguos dirigentes en las estructuras de poder empresarial beneficiadas por aquel mismo proceso. Esa cercanía entre altas esferas políticas y grandes compañías, alimenta la idea de que la regulación energética no se desarrolla en un terreno neutral.
También puede recordarse aquí una observación bien conocida de Marx: el capital muestra una tendencia persistente a orientarse hacia la obtención de la mayor rentabilidad posible. Aplicado al sector energético, esto significa que, si un recurso básico se organiza principalmente como negocio, la presión por maximizar beneficios acaba ocupando un lugar central. No se trata necesariamente de una anomalía moral individual, sino de una lógica estructural: empresas que compiten, accionistas que exigen retornos crecientes y mercados financieros que premian la rentabilidad a corto y medio plazo. El problema aparece cuando esa lógica entra en conflicto con necesidades sociales básicas, como el acceso asequible a la electricidad.
A todo ello se suma la creciente financiación de la economía. Las grandes energéticas no actúan únicamente como suministradoras de un servicio esencial; también forman parte de circuitos financieros globales, responden a expectativas bursátiles y operan bajo la presión constante de sus inversores. Esto refuerza una dinámica en la que el suministro eléctrico deja de evaluarse prioritariamente por su función social, y pasa a medirse por su capacidad para generar valor para el accionariado. En ese contexto, la factura de la luz no solo refleja costes productivos, sino también una estructura económica en la que la energía funciona como espacio de acumulación de beneficios.
Por otra parte, la transición energética no ha resuelto por sí misma este problema. El desarrollo de las energías renovables constituye una necesidad evidente desde el punto de vista ambiental y estratégico, pero no garantiza automáticamente precios justos ni control democrático. Si el despliegue renovable queda igualmente subordinado a grandes operadores privados, existe el riesgo de que cambie la fuente de energía sin cambiar la lógica de fondo. Es decir, puede haber transición tecnológica sin verdadera transformación del modelo. Y en ese caso, la ciudadanía seguiría dependiendo de decisiones tomadas por actores cuya prioridad principal no es el acceso universal a la energía, sino la rentabilidad del negocio.
Las consecuencias sociales de todo esto son muy concretas. El encarecimiento de la luz golpea especialmente a las familias trabajadoras, a los pensionistas, a los jóvenes con salarios bajos y a los pequeños negocios. La llamada pobreza energética no es una abstracción: significa dificultades para calentar una vivienda en invierno, para refrigerarla en verano o para sostener gastos básicos sin renunciar a otros bienes igualmente necesarios. Cuando un suministro esencial se encarece de forma continuada, el problema deja de ser únicamente económico y pasa a ser también social y político.
Por eso, el debate de fondo no debería limitarse a si conviene introducir ajustes temporales, bonificaciones o rebajas fiscales puntuales, aunque algunas de esas medidas puedan aliviar situaciones inmediatas. La cuestión principal es si un recurso estratégico y de primera necesidad debe seguir dependiendo casi por completo de la lógica del mercado y de grandes operadores privados, o si conviene reforzar de manera sustancial el control público sobre el sector. Aquí reaparece una discusión de largo recorrido: la de si basta con regular mejor o si, en determinados ámbitos, resulta necesario avanzar hacia formas más profundas de intervención pública.
Quienes defienden una reforma estructural sostienen que no basta con crear instrumentos públicos marginales para competir dentro del mismo mercado, sino que habría que replantear la propiedad y el control de sectores estratégicos. Desde esta perspectiva, la nacionalización de grandes empresas energéticas se presenta como una vía para subordinar la energía al interés general y no al beneficio privado. Sus partidarios recuerdan además que el marco constitucional español contempla la posibilidad de intervención pública en función del interés social. Sus críticos, en cambio, advierten de riesgos de ineficiencia, burocratización o captura política. En cualquier caso, el hecho de que este debate siga abierto, muestra hasta qué punto la evolución del precio de la luz remite a una discusión más amplia sobre modelo económico y soberanía energética.
En definitiva, el precio de la luz no sube solo por accidentes externos ni por un automatismo técnico inevitable. Sube también porque la energía se inserta en una estructura económica donde predominan la concentración empresarial, la presión por la rentabilidad y una capacidad limitada de control social sobre un bien esencial. Entender esto permite situar mejor el problema y evita reducirlo a una simple suma de factores coyunturales. Si se quiere afrontar de verdad la cuestión, no basta con observar la factura final: hay que preguntarse quién controla la energía, con qué objetivos y al servicio de qué intereses.
