Que en este país pasan cosas cada vez más raras hace tiempo que dejó de ser una exageración para convertirse en una evidencia. Y que esas rarezas no son neutrales, ni fruto del azar, sino parte de una deriva cada vez más reconocible hacia el control selectivo, tampoco debería sorprender a quien se moleste en observar cómo funcionan realmente las cosas más allá del discurso oficial. No hay desorden: hay un orden que se afirma. Y ese orden necesita señalar, clasificar y disciplinar.
En ese marco encaja la detención y el encarcelamiento temporal de Serigne Mbayé, exdiputado en la Asamblea de Madrid, activista y antiguo portavoz del Sindicato de Manteros. Fue parado por la Policía Nacional a las puertas de su casa y requerido para identificarse sin motivo alguno. No hubo delito, ni indicio, ni contexto que justificara la intervención. Solo su presencia. Solo su cuerpo. Solo lo que representa a ojos de quien decide a quién se le pide explicaciones por existir.
Mbayé se negó. No como gesto impulsivo, ni como provocación, sino como ejercicio consciente de un derecho. El de no someterse a una identificación arbitraria. Y ahí se activó el mecanismo. Detención, comisaría, paso por prisión. Rápido, limpio, eficaz. No tanto para resolver un problema inexistente como para dejar claro que hay conductas que no se toleran, aunque sean legales.
La secuencia no es nueva. Identificación sin causa, negativa, respuesta coercitiva. No es un exceso puntual. Es un procedimiento que se repite. Una forma de actuar que convierte la excepción en rutina. Y que se sostiene sobre una idea muy simple: hay cuerpos que deben estar disponibles para el control.
Ese “deben” no aparece en ninguna ley, pero atraviesa muchas prácticas. Porque el problema no es únicamente jurídico, es material. El derecho formal a no ser identificado arbitrariamente existe en abstracto, pero en la práctica queda condicionado por relaciones de poder concretas. No todos los cuerpos ocupan el mismo lugar frente a la autoridad. Algunos son considerados ciudadanos plenos; otros, potenciales infractores en espera de confirmación.
Aquí es donde el análisis debe ir más allá del caso concreto y entrar en la lógica estructural. El control policial no se distribuye al azar porque tampoco lo hacen la riqueza, la estabilidad o la protección institucional. Existe una correspondencia clara entre vulnerabilidad social y exposición al control. No se vigila más donde hay más delito probado, sino donde hay menos capacidad de defensa. La intervención no responde solo a la prevención, sino a la gestión de poblaciones.
Para entenderlo hay que mirar la trayectoria. Mbayé llegó en patera desde Senegal en 2006. Desde entonces, su vida ha estado marcada por la precariedad, la economía informal, la persecución constante. Venta ambulante, redadas, huidas. No es una historia individual, es una posición social. Una posición que el sistema produce y necesita: mano de obra barata, fácilmente disciplinable, siempre en el límite de la legalidad.
Ese “límite” no es accidental. Es funcional. Permite activar sanciones, controles y expulsiones cuando conviene, y tolerar la actividad cuando resulta útil. La irregularidad no es solo una condición jurídica, es un instrumento de gobierno. Mantener a una parte de la población en una zona gris facilita su control permanente.
Esa posición no desaparece con la política ni con la nacionalidad. Porque Mbayé fue nacionalizado sin saberlo. Se enteró tras una identificación en Lavapiés, en 2010. El Estado no le comunicó su nueva condición, pero sí lo siguió tratando como sospechoso. Primero te ignora, luego te controla. Y cuando te organizas, te vigila.
Ese episodio deja algo claro. La ciudadanía formal no cambia el trato material. Porque el criterio no es jurídico. Es visual. Color de piel, rasgos, apariencia. Lo que decide quién es identificado no está en un papel, está en una mirada. Y esa mirada no es individual: está socialmente producida, institucionalmente reforzada y operativamente normalizada.
No se trata de prejuicios aislados, sino de una racionalidad práctica. La policía aprende, reproduce y aplica patrones. Sabe a quién parar porque el sistema le ha enseñado dónde mirar. Y ese aprendizaje se refuerza con estadísticas internas, con objetivos implícitos, con la ausencia de sanción frente a prácticas discriminatorias.
Y esa mirada es sistemática. Las identificaciones continuaron. Como continúan para miles de personas. El perfil racial no es una anomalía, es una práctica instalada. Negada en público, aplicada en la calle. Convertida en herramienta cotidiana de gestión del espacio urbano.
Los vecinos de Mbayé lo han denunciado por escrito. Ningún otro vecino blanco ha sido identificado en el edificio. Ninguno. No hay matices. No hay interpretaciones posibles. Hay una diferencia clara. Y cuando esa diferencia se repite una y otra vez, deja de ser sospecha para convertirse en patrón.
Y no es un caso aislado. Es una dinámica extendida. En barrios, en transportes, en espacios cotidianos. Siempre los mismos. Siempre bajo sospecha. Eso desgasta. Genera miedo. Acaba colocando a quien lo sufre en una posición de inferioridad constante. Una forma de control que no necesita violencia explícita permanente, porque se interioriza y condiciona la conducta.
Se modifica la forma de moverse, de vestir, de hablar, de ocupar el espacio. Se aprende a evitar ciertas zonas, ciertos horarios, ciertas miradas. El control no termina en la intervención policial: continúa en la autolimitación cotidiana de quienes saben que pueden ser interpelados en cualquier momento.
Que varias vecinas hayan firmado esa denuncia con nombres y teléfonos dice mucho del momento. Saben lo que implica. Porque hay toda una red dispuesta a activarse contra quien señala estas prácticas. Pseudomedios, campañas de señalamiento, difusión de datos. No es espontáneo. Hay recursos, hay intereses, hay una maquinaria que convierte la mentira en arma y el acoso en método. No se trata solo de disciplinar a quien sufre el control, sino también a quien lo cuestiona.
La dimensión mediática es clave. No solo se controla en la calle; también se construye relato. Se legitima la sospecha, se exagera la amenaza, se naturaliza la intervención. El resultado es un clima donde determinadas prácticas dejan de parecer problemáticas porque encajan en una narrativa previa.
Mientras tanto, el marco legal sigue ahí. La ley mordaza continúa vigente. Permite sancionar, permite ampliar la intervención policial, permite que todo esto ocurra sin demasiados obstáculos. No es un fallo del sistema. Es el sistema funcionando. La legalidad no actúa como límite, sino como cobertura.
Conviene recordar que el argumento de la “seguridad” opera aquí como justificación general. Una categoría lo suficientemente ambigua como para legitimar casi cualquier intervención. Pero esa seguridad no se distribuye de forma homogénea. Para unos significa tranquilidad; para otros, vigilancia constante. Para unos, protección; para otros, sospecha.
El resultado es un orden donde la legalidad sirve para cubrir la arbitrariedad. Donde el control se ejerce de forma desigual. Donde hay quien puede moverse sin ser molestado y quien debe justificar su presencia constantemente. Un orden que produce ciudadanía de distinta intensidad.
Este tipo de prácticas tiene además un efecto político profundo. Fragmenta. Divide. Establece fronteras invisibles dentro del propio espacio social. Genera desconfianza, rompe solidaridades potenciales y dificulta la construcción de respuestas colectivas. Porque quien no sufre el control tiende a percibirlo como ajeno o necesario.
El caso de Mbayé no es una excepción. Es un ejemplo claro. Si alguien con visibilidad pública puede ser tratado así, la regla para el resto es fácil de imaginar. Porque la visibilidad no protege: a veces, solo expone.
Lo preocupante no es solo que ocurra. Es que se asuma. Que se convierta en paisaje. Que deje de escandalizar. Que se naturalice la idea de que hay personas a las que se puede parar, identificar, registrar o detener sin más razón que su encaje en una categoría sospechosa.
Ahí es donde se consolida el mecanismo. Cuando la arbitrariedad deja de percibirse como tal. Cuando el abuso se normaliza. Cuando el derecho se vacía de contenido práctico y queda reducido a formulación abstracta.
Pero hay algo aún más profundo en juego. Porque cuando una parte de la población asume que debe identificarse siempre, que debe dar explicaciones constantes, que su mera presencia es motivo suficiente para ser interpelada, lo que se está erosionando no es solo un derecho concreto, sino la propia idea de igualdad ante la ley. Y cuando otra parte acepta esa situación como lógica o necesaria, lo que se está produciendo es una fractura política que beneficia exactamente a quien ejerce ese control.
No se trata solo de quién puede negarse a enseñar el DNI. Se trata de quién puede existir sin tener que justificarse.
Porque el problema nunca fue la identificación en sí, sino su carácter selectivo. Nunca fue la seguridad, sino a quién se le exige garantizarla con su propia docilidad. Nunca fue la ley, sino cómo se aplica y sobre quién cae con más peso.
Y ahí es donde el caso deja de ser individual para convertirse en síntoma. Porque lo que revela no es un error puntual ni una mala práctica corregible, sino una forma de funcionamiento que distingue entre sujetos plenos y sujetos condicionados. Entre quienes tienen derechos efectivos y quienes solo tienen obligaciones constantes.
Aceptar eso implica asumir que hay ciudadanos de primera y de segunda. Implica aceptar que el espacio público no pertenece a todos por igual. Implica aceptar que la sospecha puede convertirse en criterio político.
Y cuando eso ocurre, ya no estamos ante una anomalía democrática, sino ante su transformación.
Por eso lo verdaderamente preocupante no es solo que se identifique sin motivo, que se detenga sin causa o que se castigue la negativa a colaborar con una arbitrariedad. Lo verdaderamente preocupante es que todo eso pueda ocurrir sin coste político real, sin reacción suficiente, sin ruptura del consenso.
Porque ahí es donde el poder deja de necesitar justificarse. Cuando la ley se invoca solo para obedecerla, pero no para cuestionarla, cuando el derecho existe, pero no protege, cuando la excepción… Pero, sobre todo, cuando la obediencia se convierte en la única forma segura de estar en el mundo.
