Hay catástrofes que dejan de ser excepcionales, cuando se repiten con la frecuencia suficiente como para ordenar la vida cotidiana. Los incendios forestales, las inundaciones repentinas, las olas de calor y las sequías prolongadas ya no pertenecen al territorio de la fatalidad imprevisible. Forman parte de un nuevo régimen climático en el que millones de personas viven expuestas a riesgos crecientes, mientras las instituciones continúan reaccionando como si cada desastre fuera una anomalía administrativa.
La cuestión no es solamente ambiental. Es política, económica y, sobre todo, social. El cambio climático, no golpea por igual porque la sociedad tampoco está organizada en condiciones de igualdad. Quien posee una segunda residencia, un seguro amplio, ahorros y capacidad de desplazamiento afronta una inundación o un incendio de forma radicalmente distinta a quien vive de alquiler, depende de un salario mensual o carece de redes familiares y recursos para rehacer su vida. La emergencia climática revela, con una crudeza cada vez mayor, la estructura de clase de nuestras sociedades.
Por eso resulta insuficiente hablar de “adaptación” sin preguntar quién la paga, quién recibe la protección pública y quién soporta los costes de la destrucción. Cuando una riada arrasa barrios obreros, polígonos industriales o campos de cultivo, no solo destruye infraestructuras: interrumpe salarios, expulsa a familias de sus viviendas, deteriora servicios públicos y multiplica la precariedad. Cuando un incendio obliga a evacuar pueblos enteros, no se limita a quemar monte; amenaza los medios de vida de trabajadores forestales, agricultores, ganaderos, pequeños comercios y cuidados comunitarios que sostienen territorios ya debilitados por décadas de abandono.
La catástrofe climática no ha llegado a una España neutra ni a una Europa homogénea. Ha llegado a territorios vaciados, a servicios de emergencias sometidos a externalizaciones, a sistemas de salud tensionados y a un mundo rural convertido demasiadas veces en periferia política. También ha llegado a unas ciudades donde la vivienda se trata como activo financiero y no como derecho, de modo que una inundación, una ola de calor o el encarecimiento del seguro pueden convertirse en el último empujón hacia la expulsión residencial.
En ese sentido, el problema no consiste únicamente en que los fenómenos meteorológicos sean más intensos. El problema es que el modelo económico dominante ha construido una sociedad vulnerable y ha normalizado esa vulnerabilidad. El capitalismo contemporáneo no solo extrae valor del trabajo y de los recursos naturales; también convierte la inseguridad colectiva en oportunidad de negocio. La reconstrucción se privatiza, los seguros se encarecen, la vivienda se especula, los contratos de emergencia se reparten y las empresas obtienen beneficios incluso allí donde la población pierde su casa, su empleo o su paisaje.
No es una acusación abstracta. Basta observar cómo se distribuye el gasto público. Durante años, la prevención de incendios, la conservación de montes, la gestión de cuencas, la limpieza forestal, el mantenimiento de infraestructuras hidráulicas y el refuerzo de los servicios de emergencias han padecido una lógica presupuestaria de corto plazo. Se ahorra en prevención porque sus resultados no se fotografían con facilidad; después se gasta con urgencia en extinción, reparación y compensaciones cuando el daño ya es irreversible.
Sin embargo, la prevención no es un gasto accesorio. Es una forma de protección social. Mantener brigadas forestales durante todo el año, recuperar el pastoreo extensivo, impulsar trabajos silvícolas, reforzar la vigilancia y garantizar plantillas estables no son caprichos sectoriales. Son políticas públicas de seguridad colectiva. Del mismo modo, restaurar cauces, proteger humedales, ordenar el territorio, limitar la construcción en zonas inundables y diseñar sistemas de alerta eficaces, equivale a defender la vida de quienes no pueden comprar una salida privada ante el desastre.
La expresión, tantas veces repetida de: “los incendios se apagan en invierno” resume una evidencia que las administraciones, han tratado mucho tiempo como una consigna sindical interesada. Los incendios no comienzan el día en que aparece la primera columna de humo. Empiezan mucho antes: en el abandono de masas forestales, en la precarización de las cuadrillas, en la desaparición de actividades rurales, en los recortes de personal, en la fragmentación de competencias y en la subordinación de la planificación pública a las exigencias inmediatas del mercado.
Además, existe una dimensión laboral que no debe ocultarse. Quienes combaten el fuego, limpian los montes, mantienen carreteras, atienden emergencias sanitarias o reconstruyen infraestructuras son trabajadores y trabajadoras que desempeñan tareas esenciales. No puede exigírseles disponibilidad permanente mientras se les ofrece temporalidad, salarios insuficientes y condiciones de empleo desiguales entre territorios. Un Estado que reconoce el carácter estratégico de la prevención debe traducir ese reconocimiento en empleo público estable, formación continua, medios materiales adecuados y derechos laborales efectivos.
La contradicción es evidente: se presenta la seguridad como una prioridad, pero se debilitan los cuerpos y servicios que hacen posible esa seguridad. Se invoca la resiliencia de las comunidades, aunque se recortan los recursos que permiten a esas comunidades resistir. Se llama a la responsabilidad individual, mientras las decisiones estructurales se toman al margen de la ciudadanía y a favor de intereses económicos privados. Se pide a la población que se adapte, pero no se modifica el modelo que multiplica el riesgo.
Mirada desde una perspectiva marxista, la crisis climática debe entenderse como una crisis de reproducción social. No afecta solo a la producción de bienes y beneficios; altera las condiciones materiales que permiten vivir, trabajar, cuidar, alimentarse y habitar un territorio. Cuando el agua escasea, cuando la temperatura se vuelve insoportable o cuando un incendio destruye una comarca, se resquebrajan las bases mismas de la vida cotidiana. Y, como ocurre siempre, la carga de sostener esa vida recae de manera desigual sobre las clases populares y, dentro de ellas, de forma especialmente intensa sobre las mujeres, las personas mayores, la infancia y quienes viven en situación de pobreza extrema, exclusión o desarraigo.
Por tanto, no basta con una transición ecológica concebida como sustitución tecnológica. Cambiar vehículos, instalar placas solares o electrificar parte del consumo puede ser necesario, pero no resolverá por sí solo la desigualdad climática. Una transición justa exige decidir democráticamente qué se produce, para quién, con qué recursos y bajo qué condiciones laborales. Exige limitar actividades que destruyen territorio, pero también garantizar empleo, transporte público, vivienda digna y servicios comunes para que la transformación no se convierta en una nueva forma de castigo sobre quienes ya tienen menos.
La alternativa al desastre administrado no es la austeridad verde ni la culpabilización moral de los hogares. No se trata de trasladar a cada individuo la responsabilidad de salvar el planeta mediante decisiones de consumo, mientras grandes corporaciones y fondos de inversión siguen organizando la economía según la rentabilidad más inmediata. La responsabilidad principal debe recaer en quienes concentran capacidad de decisión, propiedad y beneficio. Esto implica regulación, fiscalidad progresiva, inversión pública y control democrático sobre sectores estratégicos como la energía, el agua, el suelo, la vivienda y las infraestructuras.
También obliga a revisar una cultura política, demasiado habituada a inaugurar obras y demasiado poco dispuesta a sostener servicios. El hormigón ofrece titulares; el mantenimiento, no. La emergencia espectacular moviliza cámaras; la prevención sostenida exige presupuestos, planificación y trabajo silencioso. Pero la política democrática, no puede consistir en administrar la visibilidad. Debe consistir en anticipar los daños previsibles y organizar los recursos comunes para evitarlos o reducirlos.
En consecuencia, los presupuestos públicos se han convertido en un terreno central de disputa climática. No es suficiente declarar prioridades: hay que comprobar dónde se asigna el dinero, qué partidas crecen, cuáles se recortan y qué intereses se benefician de cada decisión. Cada euro detraído de la prevención para alimentar redes clientelares, privatizaciones o gastos superfluos representa una elección política. Cada servicio externalizado sin garantías, cada brigada temporal, cada monte abandonado y cada urbanización autorizada en zona de riesgo expresa una jerarquía de prioridades que coloca el beneficio por encima de la seguridad colectiva.
El cambio climático obliga, en definitiva, a discutir qué Estado necesitamos. No uno que aparezca únicamente cuando el daño ya está hecho, repartiendo ayudas insuficientes y prometiendo reconstrucciones tardías. Necesitamos un Estado con capacidad de planificar, intervenir, cuidar y redistribuir; un Estado que no entregue la protección de la vida a la capacidad de pago de cada familia; un Estado que entienda los bosques, los ríos, la vivienda y los servicios públicos como bienes comunes y no como simples espacios de extracción privada.
Arderá. Se inundará. Habrá nuevas olas de calor, nuevas sequías y nuevos episodios de destrucción. La incertidumbre ya no reside en si ocurrirá, sino en cuándo y con qué intensidad. Lo que aún puede decidirse es otra cosa: qué sociedad estará preparada para responder, quién quedará protegido y qué recursos se habrán puesto a disposición de la mayoría.
La verdadera normalidad, no puede ser aprender a convivir con la devastación. Tampoco puede ser contemplar la catástrofe desde la distancia hasta que alcanza nuestro municipio, nuestra casa o nuestro trabajo. La normalidad democrática debería consistir en prevenir, redistribuir y proteger. No hace falta inventar una épica de la emergencia: hace falta situar el dinero donde toca, fortalecer lo común y reconocer que defender el territorio es, antes que nada, defender la vida de los que habitan.
