La discapacidad no es una tragedia individual ni un problema médico aislado. Es, ante todo, una cuestión social, económica y política. El modo en que una sociedad organiza la producción, el trabajo, el tiempo, los espacios y los cuidados determina qué cuerpos pueden participar plenamente y cuáles encuentran barreras constantes. En el capitalismo, esa organización se construye en torno a la rentabilidad y la eficiencia, y esto tiene consecuencias directas para las personas con discapacidad. No se trata de una anomalía del sistema, sino de una expresión coherente de su lógica interna.
Desde la óptica marxista, el punto de partida es claro. Karl Marx explicó que en el capitalismo la fuerza de trabajo se convierte en mercancía. El cuerpo humano deja de ser simplemente un cuerpo que vive y se relaciona, y pasa a ser evaluado en función de su capacidad para producir valor. El tiempo, la energía y las capacidades se subordinan a la generación de plusvalía. En este marco, los cuerpos no se reconocen por su diversidad, sino que se clasifican según su utilidad económica.
Esta lógica tiene efectos profundos sobre cómo se construye socialmente la discapacidad. El sistema no pregunta qué necesitan las personas para participar en igualdad, sino qué cuerpos se ajustan mejor a los ritmos y exigencias del mercado. Cuando una persona no encaja en esos parámetros, el problema no se atribuye a la organización social, sino al propio cuerpo. Así, la discapacidad se presenta como una desviación, cuando en realidad es el resultado del choque entre la diversidad humana y un modelo productivo rígido.
El capitalismo necesita cuerpos disponibles, previsibles, intercambiables. Necesita jornadas largas o intensas, tiempos homogéneos, movimientos repetibles, atención constante. Por eso la diversidad corporal, sensorial o cognitiva se percibe como una dificultad a gestionar y no como una realidad a integrar. El problema no es la discapacidad; el problema es un sistema que define la normalidad desde las necesidades del capital y no desde las necesidades de las personas.
En este punto resulta fundamental distinguir entre discapacidad y diversidad funcional. Este concepto, desarrollado desde el activismo y la teoría crítica, subraya que no existen cuerpos incorrectos, sino formas distintas de funcionar. Sin embargo, el capitalismo tolera mal la diferencia. Para explotar necesita medir, comparar y estandarizar. Necesita convertir la vida en unidades de rendimiento. Todo aquello que cuestiona esa homogeneización es percibido como un obstáculo.
Los espacios productivos reflejan esta lógica. La fábrica industrial, la oficina contemporánea y la plataforma digital están diseñadas para un tipo muy concreto de cuerpo y de mente. Quienes no se ajustan a ese modelo encuentran barreras arquitectónicas, organizativas y culturales. La inaccesibilidad no es un accidente: es la consecuencia de priorizar la eficiencia económica sobre la inclusión social.
El modelo social de la discapacidad, formulado por autores como Mike Oliver, ofrece una herramienta clave para entender este proceso. Según este enfoque, la discapacidad no reside en el cuerpo, sino en el entorno social que no se adapta a la diversidad. Las barreras no son naturales, sino políticas. Rampas inexistentes, horarios inflexibles, sistemas de comunicación excluyentes, mercados laborales cerrados. Todo ello responde a decisiones colectivas que benefician a unos cuerpos frente a otros.
Estas decisiones no son neutras. Están atravesadas por relaciones de clase. El capitalismo organiza la sociedad para maximizar beneficios, no para garantizar derechos. Por eso las adaptaciones necesarias para que las personas con discapacidad participen plenamente suelen presentarse como costes, concesiones o excepciones, y no como obligaciones estructurales. La accesibilidad se convierte en un añadido, no en un principio básico.
Al mismo tiempo, el capitalismo mantiene una relación profundamente contradictoria con la discapacidad. Por un lado, excluye a muchas personas con discapacidad del empleo estable y bien remunerado, empujándolas hacia la precariedad, el subempleo o la dependencia de sistemas de protección limitados. Por otro, convierte la discapacidad en un campo de negocio. Ayudas técnicas privatizadas, servicios externalizados, residencias gestionadas por grandes empresas, seguros, terapias mercantilizadas. La necesidad de apoyo se transforma en oportunidad de acumulación.
Esta mercantilización no mejora necesariamente la vida de las personas con discapacidad. Al contrario, subordina sus necesidades a criterios de rentabilidad. Los servicios se fragmentan, los apoyos se condicionan y los cuidados se precarizan. El derecho se convierte en producto, y la persona en cliente cautivo de un mercado que decide qué apoyos son viables y cuáles no.
Marx analizó cómo el capitalismo necesita un ejército industrial de reserva: una parte de la clase trabajadora que permanece parcial o totalmente excluida del empleo, presionando a la baja las condiciones laborales del conjunto. Las personas con discapacidad forman parte de esta realidad estructural, no por una falta de capacidades, sino porque el sistema no garantiza las condiciones materiales para su inclusión. Su situación cumple una función de disciplina: recuerda al resto de la clase trabajadora que la seguridad y los derechos están siempre condicionados al rendimiento.
Este mecanismo se refuerza mediante el discurso de la superación individual. El capitalismo celebra a las personas con discapacidad que logran adaptarse a sus exigencias y alcanzar el éxito en términos convencionales. Estas historias se presentan como prueba de que “todo es posible”, ocultando las barreras estructurales que enfrentan la mayoría. Se individualiza el problema y se despolitiza la discapacidad, transformando una cuestión colectiva en un relato moral.
El Estado, en las sociedades capitalistas, desempeña un papel ambivalente. Ofrece ayudas, pensiones y servicios, pero casi siempre desde una lógica asistencial. No se trata de garantizar autonomía y derechos plenos, sino de gestionar la exclusión de la forma menos costosa posible. Las personas con discapacidad son tratadas como destinatarias de políticas, no como sujetos políticos con capacidad de decisión. Esto encaja con la función que Marx atribuía al Estado burgués: administrar los conflictos sin cuestionar las bases económicas que los generan.
Desde una perspectiva marxista, la emancipación de las personas con discapacidad no puede separarse de la transformación de las condiciones materiales de vida. No basta con ajustes individuales ni con reconocimiento simbólico. Es necesario reducir la jornada laboral, garantizar ingresos suficientes, desvincular la supervivencia del empleo, socializar los cuidados y diseñar entornos accesibles desde el inicio. No como medidas excepcionales, sino como principios organizadores de la sociedad.
El movimiento de vida independiente ha sido clave en esta reivindicación. Activistas como Javier Romañach insistieron en que la autonomía no significa hacerlo todo sin ayuda, sino tener control sobre la propia vida con los apoyos necesarios. Esta idea choca frontalmente con un sistema que privatiza los cuidados y los relega a la esfera doméstica o precarizada. El capitalismo necesita que el cuidado sea invisible y barato; por eso penaliza tanto a quienes requieren apoyos como a los queq los proporcionan.
La discapacidad también pone en cuestión el mito del individuo autosuficiente. El capitalismo se sostiene sobre la idea de sujetos independientes, productivos y competitivos. Sin embargo, la realidad material demuestra lo contrario. Todos los cuerpos son vulnerables. Todos dependemos, en distintos momentos de la vida, de redes de apoyo y cuidado. La discapacidad no es una excepción marginal, sino una expresión visible de una condición humana general.
Reconocer esta realidad es profundamente subversivo. Obliga a replantear la organización del trabajo, del tiempo y de los cuidados. Obliga a desplazar el centro desde la productividad hacia la vida. La máxima marxista “de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades” adquiere aquí un sentido concreto y material. No se trata de igualar cuerpos ni de imponer una norma única, sino de organizar la sociedad para que todas las personas puedan vivir con dignidad y participar plenamente.
Hablar de discapacidad y capitalismo no es un ejercicio académico ni un debate sectorial. Es una cuestión política central. La forma en que una sociedad trata a las personas con discapacidad revela sus prioridades reales. Allí donde el capitalismo ve coste, una política emancipadora debe ver derecho. Y donde el mercado exige rendimiento, una sociedad justa debe responder con accesibilidad, integración y normalización garantizada.
