El 12 de marzo de 1986 el Reino de España celebró el referéndum sobre la permanencia en la OTAN, una consulta que con el paso del tiempo se ha convertido en uno de los episodios más reveladores para comprender la evolución política del país desde la Transición. La victoria del Sí se produjo por un margen relativamente estrecho y en un contexto social profundamente dividido, en el que amplios sectores de la sociedad manifestaban una clara oposición a la integración plena en la estructura militar del bloque atlántico. Recordar aquella jornada no consiste únicamente en recuperar una efeméride, sino en analizar un proceso político que permite observar con claridad las dinámicas de poder que han marcado el desarrollo del régimen político surgido tras la Constitución de 1978.
La incorporación de España a la OTAN fue, en realidad, una pieza clave dentro del proceso de inserción definitiva del Estado español en el sistema geopolítico, económico y militar del bloque occidental liderado por Estados Unidos. Aquel movimiento no puede entenderse como una decisión coyuntural ni como el simple resultado de un debate estratégico interno, sino como parte de una reconfiguración más amplia del capitalismo occidental en el último tramo de la Guerra Fría, momento en el que las potencias centrales buscaban reforzar la cohesión política y militar del bloque atlántico mientras se abría paso un nuevo paradigma económico marcado por la expansión del neoliberalismo.
España ingresó formalmente en la OTAN el 30 de mayo de 1982 bajo el gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo, culminando así un proceso que había comenzado durante el mandato de Adolfo Suárez. Para las élites políticas y económicas del país, la integración en la Alianza Atlántica formaba parte del mismo itinerario histórico que, conduciría poco después, al ingreso en la Comunidad Económica Europea. Ambos procesos respondían a la voluntad de consolidar la plena inserción del Estado español en el bloque occidental después de décadas de aislamiento relativo durante el franquismo. La adhesión a la OTAN se presentó como una garantía de estabilidad política, de modernización institucional y de alineamiento con las democracias liberales europeas.
Sin embargo, aquella decisión se tomó en un contexto de fuerte contestación social y política. Amplios sectores de la izquierda, del movimiento obrero y de los movimientos pacifistas denunciaron que la integración militar en el bloque atlántico implicaba una subordinación directa a la estrategia geopolítica de Estados Unidos y suponía un obstáculo para el desarrollo de una política exterior independiente orientada hacia la paz y la cooperación internacional.
En aquel momento el Partido Socialista Obrero Español se encontraba en la oposición y adoptó formalmente una posición crítica con la incorporación a la OTAN. La consigna que sintetizaba su postura —“OTAN, de entrada, no”— se convirtió rápidamente en uno de los lemas políticos más conocidos de la época.
Aquella formulación, sin embargo, encerraba una ambigüedad que, con el paso del tiempo, resultaría significativa. Más que un rechazo categórico a la pertenencia a la Alianza Atlántica, el lema dejaba abierta la posibilidad de una futura reconsideración en función de las circunstancias políticas. Con la perspectiva que ofrecen las décadas transcurridas, resulta evidente que aquella ambigüedad anticipaba el giro que el propio PSOE protagonizaría pocos años después. Tras su victoria electoral en octubre de 1982, el partido encabezado por Felipe González accedió al gobierno con una mayoría absoluta que generó enormes expectativas entre amplios sectores de la clase trabajadora y de las capas populares que aspiraban a una profunda transformación política y social tras la larga noche de la dictadura.
Sin embargo, el ejercicio del poder reveló rápidamente los límites de aquel proyecto. La cuestión de la OTAN se convirtió en uno de los primeros terrenos en los que el nuevo gobierno socialista mostró su disposición a adaptarse a las exigencias estratégicas del bloque occidental.
Durante los primeros años de mandato, el ejecutivo de Felipe González fue abandonando progresivamente su oposición inicial a la Alianza Atlántica hasta asumir abiertamente la defensa de la permanencia de España en la organización. Este cambio no fue únicamente el resultado de presiones externas, aunque estas existieron y fueron significativas. Estados Unidos y otros aliados occidentales ejercieron una intensa presión diplomática para garantizar que el nuevo gobierno español no cuestionara la integración militar del país. El giro respondía también a una evolución interna del propio PSOE, que desde mediados de los años setenta había iniciado un proceso de transformación ideológica orientado a convertir al partido en una fuerza plenamente integrada en el marco político y económico del capitalismo occidental.
Ese proceso de transformación tuvo uno de sus momentos decisivos en el Congreso de Suresnes de 1974, donde Felipe González emergió como principal dirigente del socialismo español. A partir de entonces el PSOE inició una profunda reorientación que culminaría con el abandono formal del marxismo como referencia ideológica en el congreso extraordinario de 1979. Este cambio simbolizaba la adaptación definitiva del partido al modelo de la socialdemocracia europea que, en aquellos años, comenzaba también a asumir los principios básicos del nuevo paradigma neoliberal que se abría paso en las principales economías occidentales. La llegada al gobierno en 1982 consolidó este proceso y situó al PSOE como uno de los pilares centrales del nuevo sistema político español.
El referéndum sobre la OTAN de 1986 fue el instrumento elegido para legitimar políticamente el cambio de posición del gobierno. La consulta se convocó tras un intenso debate interno en el seno del PSOE y después de que el propio Felipe González lograra imponer su criterio en el congreso del partido celebrado meses antes. La pregunta planteada a la ciudadanía no se limitaba a formular de manera directa la cuestión de la permanencia en la Alianza Atlántica, sino que incorporaba una serie de condiciones que pretendían presentar esa permanencia como una opción compatible con ciertos límites a la integración militar.
Entre esas condiciones figuraban la no incorporación a la estructura militar integrada de la OTAN, la prohibición de instalar armas nucleares en territorio español y la reducción progresiva de la presencia militar estadounidense. Este planteamiento permitía al gobierno defender el voto afirmativo como una opción supuestamente moderada y realista, capaz de conjugar la pertenencia a la Alianza con determinados márgenes de autonomía política.
A pesar de ello, la campaña del referéndum estuvo marcada por una fuerte polarización social. Durante los meses previos se desarrolló un amplio movimiento ciudadano de oposición a la OTAN que movilizó a sindicatos, organizaciones políticas de izquierda, colectivos pacifistas y numerosos movimientos sociales. Las manifestaciones contra la Alianza Atlántica reunieron a cientos de miles de personas en diversas ciudades del país y reflejaron la existencia de una corriente de opinión muy significativa contraria a la subordinación militar a los intereses estratégicos de las potencias occidentales.
La campaña del gobierno, por su parte, contó con el respaldo explícito de los principales medios de comunicación y de buena parte del establishment político y económico.
El resultado final del referéndum confirmó la existencia de una sociedad profundamente dividida en torno a esta cuestión. Aunque el Sí terminó imponiéndose, lo hizo con un apoyo limitado que reflejaba la fragilidad del consenso construido por el gobierno. Aquel episodio evidenció también el papel desempeñado por el PSOE dentro del sistema político surgido de la Transición. Lejos de constituir una fuerza orientada a cuestionar las estructuras fundamentales del poder económico y geopolítico, el socialismo español actuó como uno de los principales garantes de la estabilidad del nuevo régimen. Su capacidad para canalizar las aspiraciones de cambio de amplios sectores sociales y, al mismo tiempo, integrarlas dentro de los límites del sistema existente fue uno de los factores que explican la consolidación del modelo político que caracterizó a España durante las décadas posteriores.
Cuarenta años después de aquel referéndum, el contexto internacional es muy distinto. El orden global que se configuró tras el final de la Guerra Fría, basado en la hegemonía de Estados Unidos y en la expansión del neoliberalismo como paradigma económico dominante, atraviesa una crisis profunda. El ascenso de nuevas potencias, el aumento de las tensiones geopolíticas y el desgaste interno de las democracias liberales occidentales han puesto en cuestión la estabilidad de un sistema que durante décadas se presentó como el horizonte definitivo de la organización política y económica del mundo.
Este proceso de transformación tiene también consecuencias directas en Europa, donde las instituciones comunitarias y los gobiernos nacionales se enfrentan a crecientes dificultades para sostener el modelo social y político construido en el último tercio del siglo XX.
En España estas tensiones se manifiestan en un escenario político cada vez más fragmentado y polarizado. El actual gobierno encabezado por Pedro Sánchez se mueve en un contexto marcado por la emergencia de fuerzas de extrema derecha que cuestionan abiertamente algunos de los consensos básicos del periodo democrático. Al mismo tiempo, la crisis económica prolongada y el deterioro de las condiciones de vida de amplias capas de la población han reabierto debates sobre el papel del Estado, la distribución de la riqueza y el modelo de desarrollo económico. En este marco, el PSOE continúa ocupando una posición central dentro del sistema político, desempeñando una función de mediación entre las demandas sociales y los límites estructurales del modelo económico vigente.
Desde la perspectiva de la izquierda transformadora comunista y del movimiento obrero organizado, esta situación plantea un desafío estratégico de primer orden. La defensa de los derechos sociales y de las libertades democráticas frente al avance de la extrema derecha es una tarea imprescindible, pero no puede convertirse en el único horizonte político. La experiencia histórica demuestra que la subordinación de la izquierda a proyectos socialdemócratas que aceptan los fundamentos del sistema económico dominante, termina por limitar las posibilidades de transformación real.
Es por ello, que resulta necesario reconstruir un proyecto político propio capaz de articular una alternativa basada en la justicia social, la soberanía popular y la democratización profunda de las estructuras económicas y políticas del país.
La cuestión de la política exterior y de defensa forma parte de este debate estratégico. La pertenencia de España a la OTAN sigue condicionando de manera significativa su margen de actuación en el escenario internacional. Las alianzas militares dominadas por grandes potencias responden inevitablemente a los intereses estratégicos de estas últimas, lo que limita la capacidad de los Estados miembros para desarrollar políticas verdaderamente autónomas orientadas hacia la cooperación internacional y la resolución pacífica de los conflictos.
Recuperar una reflexión crítica sobre el papel de España en estas estructuras resulta imprescindible si se pretende avanzar hacia un modelo de relaciones internacionales basado en la paz, el desarme y la cooperación entre los pueblos.
Al mismo tiempo, cualquier proyecto de transformación social requiere fortalecer la capacidad de organización y de intervención política de la clase trabajadora y de los sectores populares. Los avances democráticos y sociales no han sido nunca el resultado de concesiones espontáneas por parte de las élites, sino el fruto de largas luchas colectivas impulsadas desde abajo. La reconstrucción de una izquierda con vocación transformadora exige, por tanto, reforzar los instrumentos de organización social, sindical y política capaces de articular esas luchas y convertirlas en fuerza material de cambio.
La conmemoración del referéndum de 1986 permite recordar hasta qué punto las decisiones estratégicas que afectan al futuro del país se han tomado a menudo al margen de las aspiraciones mayoritarias de la sociedad. Pero también recuerda la existencia de una tradición de movilización social y de resistencia política que forma parte del patrimonio democrático del movimiento obrero y de la izquierda española.
En un momento histórico marcado por la crisis del orden neoliberal y por la incertidumbre sobre el futuro del sistema internacional, recuperar esa tradición de lucha y de organización resulta más necesario que nunca.
La historia no se repite de manera mecánica, pero ofrece enseñanzas valiosas para comprender el presente.
El episodio del referéndum sobre la OTAN muestra con claridad cómo los proyectos políticos que se presentan como inevitables suelen ser en realidad el resultado de decisiones tomadas por actores concretos dentro de un determinado equilibrio de fuerzas. Comprender esas dinámicas es un paso indispensable para construir alternativas.
En un mundo que atraviesa una fase de profundas transformaciones, la izquierda tiene ante sí la tarea de elaborar un proyecto político capaz de responder a los desafíos de nuestro tiempo y de abrir la posibilidad de una sociedad más justa, más democrática y más solidaria.
