(A mi amiga, Manoli Parra,
tan necesitada de consuelo
espiritual como yo).
La visita de un papa a España difícilmente puede considerarse un acontecimiento inocente. Bajo la apariencia de un evento espiritual se despliega, en realidad, una maquinaria política, mediática y logística de gran escala. Miles de agentes de seguridad, masas organizadas de fieles trasladados en autobuses y una clase política que pugna por aparecer en la foto adecuada conforman un escenario donde la fe parece más un pretexto que el verdadero motor de lo que ocurre. La llegada de León XIV responde exactamente a ese patrón: un espectáculo cuidadosamente diseñado en el que lo religioso sirve de envoltorio para dinámicas mucho más terrenales.
Pero reducirlo a una cuestión de instrumentalización política sería quedarse corto. Lo que se pone en juego en una visita papal no es solo la capacidad de movilización de la Iglesia, sino la persistencia de un marco mental basado en lo sobrenatural en sociedades que, al menos en apariencia, han avanzado hacia formas de pensamiento más racionales. El papa no solo representa una institución; representa una cosmovisión que sitúa lo divino como explicación última de la realidad. Y esa cosmovisión, lejos de ser inocua, ha sido históricamente funcional a estructuras de poder profundamente desiguales.
España ya no es un país creyente en sentido estricto, aunque arrastre todavía los restos culturales de siglos de hegemonía católica. La secularización ha avanzado lo suficiente como para que la religión haya dejado de ser un eje central en la vida cotidiana de la mayoría, especialmente entre los más jóvenes. Sin embargo, ese proceso no ha supuesto una ruptura completa, sino más bien una transformación ambigua: la religión pierde fuerza como práctica, pero conserva una presencia simbólica que sigue siendo útil para determinados intereses.
Ese residuo simbólico no es neutro. Funciona como una especie de infraestructura ideológica que puede ser activada en momentos concretos para reforzar discursos conservadores, legitimar jerarquías o apelar a una supuesta identidad nacional. Por eso la visita papal no desaparece del calendario: porque sigue funcionando como herramienta de legitimación, como escenario donde se mezclan tradición, poder y nostalgia. La fe, en este contexto, no es tanto una convicción personal como un recurso político.
El hecho de que el pontífice se aloje en la Nunciatura Apostólica no es un detalle menor. Esa residencia, que actúa como embajada del Vaticano, representa con claridad la naturaleza híbrida de la institución: una organización religiosa que opera como actor político global. El Vaticano no es solo un centro espiritual; es un Estado con intereses, alianzas y estrategias. Su influencia no se basa únicamente en la fe de los creyentes, sino en su capacidad para intervenir en asuntos internacionales, negociar con gobiernos y posicionarse como interlocutor en conflictos.
Nada en este tipo de visitas es casual. Desde la austeridad escenificada hasta los gestos cuidadosamente medidos, todo forma parte de una narrativa que busca proyectar autoridad moral mientras mantiene intactas sus estructuras de poder. La imagen del papa como figura humilde contrasta con la complejidad y opacidad de la institución que representa. Se construye así una paradoja funcional: una autoridad que se presenta como moralmente superior mientras evita someterse a los mismos criterios de transparencia y responsabilidad que exige a otros.
Esa autoridad, sin embargo, resulta cada vez más cuestionada. La cuestión de género es uno de los puntos donde la distancia entre la Iglesia y la sociedad se hace más evidente. En un contexto donde la igualdad entre hombres y mujeres se considera un principio básico, la persistencia de jerarquías exclusivamente masculinas y roles tradicionales no se percibe como una opción respetable, sino como una reliquia de otro tiempo. No es solo una cuestión doctrinal: es una evidencia de cómo una institución que pretende hablar de moral sigue anclada en esquemas profundamente desiguales.
Desde una perspectiva atea, esta contradicción resulta aún más evidente. La autoridad de la Iglesia no se sostiene sobre argumentos verificables, sino sobre dogmas que escapan a cualquier forma de contrastación empírica. La exclusión de las mujeres del sacerdocio no responde a una necesidad racional, sino a interpretaciones teológicas construidas en contextos históricos donde la desigualdad era la norma. Mantener esas estructuras en el presente implica no solo ignorar los avances sociales, sino reivindicar implícitamente una visión del mundo donde la jerarquía se presenta como voluntad divina.
A todo esto, se suma el contexto político español, que atraviesa una fase de tensión constante. La confrontación entre bloques ha alcanzado niveles que desbordan lo razonable, con un poder judicial cada vez más implicado en la disputa y una sensación generalizada de deterioro institucional. En este clima, la visita del papa no puede escapar a la lógica de la instrumentalización. Cualquier palabra, cualquier gesto, será reinterpretado en función de intereses partidistas.
El discurso que el pontífice pueda pronunciar en el Congreso, si llega a producirse, no será evaluado por su contenido, sino por su utilidad política. La derecha más combativa buscará apropiarse de cualquier elemento que refuerce su relato, mientras el Gobierno tratará de evitar daños en un terreno donde suele moverse con dificultad. El resultado es previsible: un mensaje diluido, absorbido por el ruido y convertido en munición para una batalla que poco tiene que ver con la espiritualidad.
Conviene decirlo claramente: la Iglesia ha perdido gran parte de su capacidad para presentarse como referente moral fuera de sus propios círculos. No porque hayan desaparecido los dilemas éticos, sino porque la institución que pretende abordarlos arrastra un historial que genera desconfianza. Hablar de dignidad, justicia o bien común desde una estructura que ha estado históricamente ligada al poder y que ha protagonizado episodios difíciles de justificar provoca, como mínimo, escepticismo.
Pero el problema no es solo histórico; es estructural. La moral religiosa se basa en la obediencia a una autoridad trascendente, no en la deliberación racional ni en el consenso democrático. Desde una perspectiva atea, esto supone una limitación fundamental: sustituir el debate por el dogma, la argumentación por la fe. En lugar de construir normas a partir de la experiencia y el análisis crítico, se recurre a textos sagrados y tradiciones que se presentan como inmutables.
Esta forma de entender la moral tiene consecuencias políticas. Cuando se introduce en el espacio público, tiende a imponer límites que no pueden ser discutidos en términos racionales. Cuestiones como el aborto, la eutanasia o los derechos LGTBI se convierten en campos de batalla donde los argumentos científicos y sociales compiten con creencias que, por definición, no pueden ser refutadas. El resultado es un debate desequilibrado, donde una parte juega con reglas que la otra no puede aceptar sin renunciar a la racionalidad.
Hay, sin embargo, un ámbito donde el discurso papal podría conectar con preocupaciones reales: el impacto de la inteligencia artificial en la concentración de poder global. Aquí no hace falta recurrir a argumentos religiosos para entender la gravedad del problema. Basta observar cómo el control de los datos y los algoritmos se concentra en manos de unas pocas corporaciones que operan con escasa transparencia y una rendición de cuentas limitada.
La inteligencia artificial se presenta como un avance inevitable, casi como una nueva etapa del progreso humano. Pero esa narrativa oculta una cuestión fundamental: quién controla esas herramientas y con qué objetivos. Cuando sistemas opacos condicionan decisiones económicas, sociales y políticas, el equilibrio democrático se resiente. No es una amenaza futura, sino una realidad que ya está tomando forma.
Desde un enfoque marxista, el problema no es la tecnología en sí, sino las relaciones de poder que la atraviesan. La inteligencia artificial no surge en el vacío; es producto de un sistema económico que prioriza la acumulación de capital y la concentración de recursos. En este contexto, los algoritmos no son neutrales: reflejan y amplifican las desigualdades existentes.
En este terreno, la intervención de la Iglesia plantea una paradoja evidente. Una institución jerárquica, acostumbrada a gestionar el conocimiento desde estructuras cerradas, pretende advertir sobre los riesgos de la concentración de poder. La crítica puede ser válida, pero no deja de resultar contradictoria. El problema de fondo no es moral en abstracto, sino político: cómo se distribuye el poder y quién tiene capacidad para controlarlo.
Mientras tanto, la visita seguirá su curso con la habitual coreografía: misas multitudinarias, vigilias, encuentros institucionales y una sucesión de imágenes diseñadas para transmitir unidad y trascendencia. Todo ello en un país donde la religión ha dejado de ser una referencia central para la mayoría, pero donde su aparato simbólico sigue funcionando como herramienta de influencia.
Desde el punto de vista de la emancipación atea, esta escenografía adquiere un carácter casi teatral. Los rituales, los símbolos, las palabras solemnes… todo contribuye a construir una atmósfera que apela a la emoción más que a la razón. No se trata de convencer mediante argumentos, sino de generar una experiencia colectiva que refuerce la sensación de pertenencia y legitimidad. Es, en cierto modo, una forma de poder blando basado en la sugestión.
Esa dimensión simbólica no debe subestimarse. A lo largo de la historia, la religión ha sido una de las herramientas más eficaces para organizar sociedades y legitimar jerarquías. La idea de un orden divino ha servido para justificar desigualdades que, de otro modo, habrían sido difíciles de aceptar. Aunque ese poder ha disminuido, no ha desaparecido. Se ha adaptado, se ha reconfigurado, pero sigue presente.
Quizá ese sea el verdadero significado de este tipo de eventos: no tanto la expresión de una fe compartida como la persistencia de una estructura que se resiste a desaparecer. La Iglesia ya no organiza la vida social como lo hacía en el pasado, pero sigue intentando ocupar un espacio en ella, adaptándose lo justo para sobrevivir sin renunciar a sus fundamentos.
Y esos fundamentos para el ateísmo, entendido como la simple inexistencia de cualquier Dios, plantean un problema de base: la sustitución del conocimiento por la creencia. En un mundo donde la ciencia ha demostrado su capacidad para explicar la realidad de forma consistente, recurrir a lo sobrenatural no solo resulta innecesario, sino potencialmente regresivo. No se trata de negar el valor cultural o histórico de la religión, sino de cuestionar su papel como fuente de verdad.
Al final, lo que queda es una pregunta incómoda: qué papel puede desempeñar una institución basada en creencias sobrenaturales en sociedades que, en gran medida, han aprendido a explicarse sin recurrir a ellas. La respuesta, por ahora, parece inclinarse hacia lo simbólico, hacia lo escenográfico, hacia ese terreno donde la religión funciona más como tradición que como convicción.
Pero incluso ese papel simbólico tiene implicaciones. Mantener la religión en el espacio público como elemento legitimador implica aceptar, aunque sea de forma implícita, que lo irracional puede convivir con lo racional en la toma de decisiones colectivas. Desde una perspectiva crítica, esto no es un equilibrio deseable, sino una concesión que limita el desarrollo de una sociedad plenamente basada en el conocimiento y la deliberación.
En última instancia, la visita del papa no revela tanto la fuerza de la fe como la capacidad de una institución para adaptarse y sobrevivir. Es un recordatorio de que las estructuras de poder no desaparecen fácilmente, incluso cuando pierden su base original. Se transforman, se reinventan, encuentran nuevas formas de influencia.
Y en ese proceso, la religión deja de ser una cuestión de creencias para convertirse en una cuestión de poder. Un poder que ya no se ejerce únicamente desde los púlpitos, sino también desde los escenarios mediáticos, las instituciones políticas y las narrativas culturales.
En este sentido, lo que realmente importa no es la fe, sino la capacidad de movilización, de influencia, de intervención. Y esa capacidad, aunque menguante, sigue siendo lo suficientemente relevante como para convertir cada visita papal en algo más que un acto religioso: en un recordatorio de que, incluso en sociedades que se consideran modernas y racionales, las viejas estructuras siguen encontrando la manera de hacerse presentes.
La cuestión, entonces, no es si la religión desaparecerá, sino qué espacio se le permitirá ocupar. Y esa es una decisión que no depende de lo divino, sino de lo humano: de la capacidad colectiva para construir un marco social basado en la razón, la igualdad y la crítica, en lugar de en la fe, la tradición y la autoridad incuestionable.
