En septiembre de 1957, el Boletín Oficial del Estado publicó un decreto que condicionaba la entrada en Madrid a la posesión de vivienda en la ciudad. Ningún ciudadano español podía entrar si no podía acreditar domicilio. La norma se aplicó con celo burocrático y policial: en las estaciones ferroviarias se instalaban controles que devolvían a quienes no contaran con contrato y techo. Andaluces, extremeños y gallegos regresaban de inmediato a sus provincias; no había visados de oro, solo la necesidad de un techo que sirviera como salvoconducto. La medida no solo restringía la movilidad: determinaba quién podía formar parte de la vida urbana, construyendo un Madrid dividido entre residentes “legales” y habitantes ilegítimos según la ley.
Antes de la promulgación, el clima ya era tenso en la capital. El crecimiento urbano acelerado, la miseria del campo y la atracción de la ciudad desbordaban la capacidad de absorción de un espacio pensado para unos pocos. Las élites, hasta entonces discretas, dejaron de practicar la reserva: la incomodidad se volvió visible y palpable. Los grandes periódicos difundían reportajes que describían a los recién llegados con alarma, señalando supuestas inclinaciones al delito y la violencia. La pobreza se convirtió en amenaza moral; la necesidad, en peligro para la ciudad. Se construía un enemigo interno, convertido en chabolero, en peligroso, en otro.
La alarma social se alimentó de prejuicios. Se habló de invasión, de suciedad y de riesgo para la cultura y las costumbres. Se imprimieron columnas y editoriales que movilizaban el miedo y que encontraron eco en lectores dispuestos a organizar patrullas vecinales. Se alentaba a los hombres de la sociedad a armarse y “limpiar” los barrios, como si los desplazados fueran intrusos. El enemigo no venía de fuera: se construía dentro, en las chabolas levantadas con manos ajenas, en la precariedad de los techos de zinc y cartón, en la necesidad que el sistema no podía absorber.
El decreto convirtió el habitar precario en delito. Se denunciaba la ocupación de terrenos colindantes con vías de comunicación o incluidos en planes urbanísticos aprobados o en proyecto. La letra administrativa transformaba la necesidad en infracción, y la supervivencia en desorden. Los asentamientos debían ser “extinguidos”. Quienes llegaron desde las provincias fueron tratados como cuerpos sobrantes; para muchos, la etiqueta fue condena; para la memoria, una herida que tardaría décadas en cicatrizar.
El régimen actuó con eficacia: excavadoras y fuerzas de seguridad se desplegaron en los arrabales. Las chabolas cayeron una tras otra, sin consideración por los pocos enseres que contenían una vida entera. A las familias que habían levantado su vivienda sobre un terreno propio se les expropió la parcela. El suelo pasó a manos de promotoras que, durante los años sesenta y setenta, levantarían barrios enteros y harían fortuna. Los desalojados fueron deportados en vagones de mercancías de vuelta a sus provincias, al hambre que habían intentado dejar atrás. La operación fue celebrada como desinfección urbana y se conoció popularmente como la ley “anti jornaleros”.
Tras el barrido, Madrid descubrió el vacío que había creado: faltaban hortelanos, vaqueros, albañiles, poceros; faltaba mano de obra en el mercado laboral. Desaparecieron las nodrizas gallegas y asturianas que alimentaban a los hijos de la alta sociedad. Estas mujeres, elevadas a tópico literario por autores respetables, fueron cantadas con ternura sin que se advirtiera la condición material de sus cuerpos: la belleza celebrada ocultaba la servidumbre. No solo se expulsaba gente: se rompían redes de cuidado y de sostenimiento diario que la ciudad necesitaba para funcionar.
La economía dictó entonces una rectificación. El decreto se aplicó con menor rigor; el sistema productivo necesitaba brazos baratos y dóciles, trabajadores sin recursos ni herramientas culturales para reclamar. Se levantaron nuevas infraviviendas, algo menos precarias, que enriquecieron a constructores cuyos apellidos aún figuran en consejos de administración. Madrid abrió la puerta que había cerrado, no por compasión, sino por cálculo. El desarrollismo incorporó a los expulsados como engranajes y, con el tiempo, hasta les concedió aguinaldos por Navidad. La ciudad aprendió, tarde, que necesitaba de los mismos que había expulsado; la gratitud, sin embargo, no eliminó la memoria de la humillación.
Costó admitirlo, pero la capital terminó aceptando que aquellos extremeños, gallegos y andaluces eran necesarios. La integración fue desigual y tardía, forzada por la necesidad más que por la justicia. La ciudad creció sobre sus espaldas, y la memoria colectiva aprendió a olvidar el precio. El trauma social se transmitió de generación en generación: historias de expulsión, de hambre, de precariedad, de vigilancia constante, se convirtieron en relatos familiares que formaron parte de la identidad de quienes sobrevivieron.
Hoy, los estudios demoscópicos sugieren una paradoja amarga: la sangre de quienes fueron expulsados por ley parece haberse vuelto intolerante en apenas seis décadas. No hablamos de prehistoria: millones de personas en edad de votar vivieron aquella España segregacionista; más del quince por ciento del censo conoció en primera persona un régimen de apartheid interno. Ese segmento electoral apoya hoy opciones que promueven expulsión, aporofobia y crueldad. Entre ellas destacan Vox y el Partido Popular, partidos que han hecho del miedo y del resentimiento su programa central, normalizando discursos de odio y construyendo políticas de exclusión bajo la apariencia de orden y seguridad. La historia se repite con otras palabras, pero el patrón se mantiene: la exclusión produce miedo, el miedo genera violencia política, y la sociedad termina legitimando medidas que antes condenaba.
El debate público reciente ha vuelto a exhibir esa deriva. Ante la regularización de cientos de miles de trabajadores migrantes, líderes de Vox y del PP se apresuraron a reducir la medida a una supuesta compra de votos, ignorando que no habilita el sufragio en las próximas elecciones. El reflejo fue inmediato: hablar de números, no de personas; de cálculo, no de vidas. Niños, mujeres, ancianos y trabajadores mutilados quedaron fuera del encuadre. La narrativa vuelve a privilegiar la percepción sobre la realidad, la seguridad sobre la justicia, y los intereses económicos sobre la dignidad humana.
Ese empobrecimiento del lenguaje es un síntoma: el odio, además de repugnante, se vuelve peligroso cuando se sostiene sobre datos falsos y sobre el olvido selectivo. La desinformación amplifica la agresión y normaliza la exclusión. Cuando el debate se reduce a consignas, el pasado se cuela por la puerta de atrás con sus viejas soluciones. La memoria histórica no es un ejercicio académico: es una advertencia sobre lo que puede suceder si se ignoran las lecciones de quienes sobrevivieron.
La experiencia de 1957 debería servir de advertencia. Las ciudades no se ordenan expulsando a los que, las sostienen. La propiedad no puede erigirse en criterio de ciudadanía sin erosionar la cohesión social. Cada vez que se criminaliza la pobreza, se abre un ciclo de violencia que acaba reclamando más represión y más silencio. Madrid aprendió esa lección tarde y a golpes. La expulsión de los necesitados dejó cicatrices visibles y otras invisibles: desarraigo, resentimiento y un debilitamiento de la estructura social que tardaría décadas en reconstruirse.
Si nada lo remedia, la tentación de repetirla está ahí. El calendario electoral añade urgencia a un debate que exige memoria. Progresar no es pulir los mismos mecanismos con nuevas palabras, sino desactivar la lógica que convierte la necesidad en culpa. La ciudad vedada de 1957 no fue una anomalía: fue un espejo. Mirarlo hoy incomoda, pero evita que volvamos a confundir orden con exclusión y prosperidad con olvido.
Es hora de mirar al pasado, de recordar a quienes fueron expulsados y de actuar. No basta con conocer la historia: debemos impedir que la exclusión y el miedo definan de nuevo nuestra sociedad. Los barrios, los trabajos, la educación, la justicia y la política deben ser espacios de igualdad, no de privilegio heredado. Los que hoy gobiernan o buscan el poder bajo lógicas neoliberales, deben ser responsables ante la memoria de los que sufrieron.
Y nosotros, ciudadanos antisistema, debemos exigirlo. Solo actuando colectivamente podremos asegurarnos de que nunca más la necesidad sea criminalizada ni la pobreza un delito.
