Ceuta vuelve a irrumpir en la conversación pública como si cada episodio de entradas masivas fuera una anomalía, un accidente o un desorden repentino que exige respuestas de emergencia. Pero no hay nada verdaderamente excepcional en lo que sucede cuando miles de personas se lanzan al agua, bordean un espigón o desafían una frontera militarizada para alcanzar territorio europeo. Lo excepcional, en todo caso, es la capacidad de los poderes políticos y mediáticos para fingir sorpresa ante una realidad que ellos mismos contribuyen a fabricar. Cada vez que la frontera estalla, se repite el mismo libreto: apelaciones al control, retórica sobre la seguridad, invocaciones a las mafias y llamadas a la serenidad institucional. Sin embargo, bajo ese lenguaje administrativo se oculta una verdad más áspera: Ceuta no es el lugar donde el sistema falla, sino el lugar donde el sistema se muestra desnudo.
La entrevista a Mauricio Valiente, en El Diario.es, resulta útil porque desmonta, con prudencia y sentido jurídico, algunas de las coartadas más groseras del discurso oficial. No hay base seria para presentar la situación como consecuencia directa de una sentencia del Tribunal Supremo, ni para convertir a unas mafias abstractas en explicación universal de todo desplazamiento humano. Esa simplificación no busca comprender, sino blindar al poder. Cuando un gobierno necesita reducir procesos históricos, sociales y económicos a un relato policial, lo que está haciendo no es diagnosticar una crisis, sino ocultar responsabilidades.
Mirada desde una óptica marxista, la cuestión migratoria no puede analizarse como un problema de orden público ni como un simple desafío de gestión fronteriza. La migración es una expresión del desarrollo desigual del capitalismo global; mejor dicho, es una de sus consecuencias más visibles y más violentamente administradas. El capital produce riqueza en un polo y desposesión en otro; concentra oportunidades en determinados centros y expulsa vidas enteras desde las periferias hacia los centros neurálgicos de primer orden. Después, cuando esa población desplazada llama a las puertas de Europa, las élites fingen descubrir un problema exterior, como si la historia colonial, la dependencia económica, los tratados desiguales y la explotación de recursos no tuvieran nada que ver con el movimiento de los cuerpos.
Por eso conviene decirlo con claridad: las personas que llegan a Ceuta no son una amenaza para el orden democrático; son víctimas de un orden económico internacional profundamente antidemocrático. Huyen de la pobreza, de la falta de expectativas, del desempleo estructural, de la represión y de un sistema mundial que necesita territorios subordinados para sostener el confort relativo de las metrópolis. La frontera, en ese contexto, cumple una función precisa. No bloquea realmente la movilidad -eso sería imposible-, sino que la selecciona, la encarece, la criminaliza y la convierte en mecanismo de disciplina. La mercancía circula; el capital financiero se mueve; las élites también. Los que no poseen nada más que su fuerza de trabajo, solo pueden deambular bajo sospecha, entre alambradas, patrullas y expedientes.
Ceuta, entonces, no es solo una frontera geográfica: es una tecnología política de clase. Sirve para distinguir entre vidas valiosas y vidas desechables, entre movilidad legítima y movilidad perseguida, entre ciudadanía blindada y humanidad sobrante. En esa operación se cruzan el racismo institucional, la gestión neoliberal de la precariedad y la vieja lógica colonial que sigue estructurando la relación entre Europa y su vecindad del Sur. Nada de esto es nuevo; lo nuevo, quizá, es la obscenidad con la que ya se verbaliza.
En ese tablero ocupa un lugar central la monarquía marroquí, la dictadura sátrapa de Mohamed VI, presentada demasiadas veces por las cancillerías europeas como un socio fiable cuando actúa, en realidad, como un poder autoritario al servicio de un equilibrio regional útil para Occidente. Marruecos no es un aliado democrático incomprendido: es un régimen que reprime, vigila, mercantiliza la pobreza de su propia población y utiliza la cuestión migratoria como instrumento de presión diplomática. Su papel en la frontera no puede entenderse al margen de esa naturaleza política. Cuando interesa, contiene; cuando conviene, afloja; cuando negocia, convierte a seres humanos en mensaje geopolítico. Y Europa, lejos de escandalizarse, acepta el chantaje porque le resulta funcional.
Ese régimen, además, opera inserto en una red de subordinaciones internacionales que conviene nombrar sin rodeos. El vasallaje a Donald Trump y a Benjamín Netanyahu no es una exageración retórica, sino una forma de describir alineamientos materiales y simbólicos que se han hecho evidentes en los últimos años. La normalización con Israel, el acomodo a los intereses estratégicos de Washington y la utilización de ese marco para reforzar legitimidad exterior forman parte de una misma ecuación: obediencia hacia arriba, dureza hacia abajo. Como tantos otros regímenes autoritarios periféricos, la monarquía marroquí busca protección internacional ofreciendo estabilidad, control territorial y contención migratoria; a cambio, obtiene indulgencia frente a sus abusos internos y margen para proseguir sus políticas represivas.
La Unión Europea no puede fingir inocencia en este diseño. La externalización de fronteras no es un error de cálculo ni una desviación circunstancial: es una política consciente. Bruselas y las capitales europeas subcontratan el trabajo sucio a Estados que violan derechos, ocupan territorios o persiguen disidencias, siempre que cumplan con la función de gendarmes del Sur. Después, las instituciones europeas se envuelven en el lenguaje de los valores, la legalidad y la cooperación. Es la hipocresía estructural del liberalismo imperial: predicar derechos humanos en casa mientras se financia su demolición en la frontera expandida.
Ahora bien, el fracaso de esa estrategia es doble. Fracasa humanamente, porque multiplica el dolor, las muertes y la degradación de miles de personas. Y fracasa políticamente, porque no elimina los movimientos migratorios, solo los vuelve más peligrosos y más rentables para quienes administran la seguridad como negocio y la xenofobia como capital electoral. Cada nueva restricción produce rutas más mortales; cada nueva barrera genera más clandestinidad; cada nuevo pacto con un régimen autoritario aplaza el problema para reintroducirlo después con mayor violencia.
En España, el debate se mueve casi siempre dentro de un marco estrecho. La derecha y la extrema derecha explotan la situación para sembrar miedo, fracturar a las clases populares y presentar al migrante como competidor, amenaza cultural o enemigo interno. El objetivo es transparente: desplazar la atención de la crisis de vivienda, la precarización laboral, el deterioro de lo público y la concentración obscena de riqueza hacia el cuerpo vulnerable del recién llegado. Así opera toda política reaccionaria eficaz: convierte el conflicto vertical en hostilidad horizontal.
Por su parte, el progresismo institucional suele responder defendiendo la legalidad, la gestión ordenada y las capacidades del sistema de acogida. Esa defensa es necesaria, pero insuficiente. Necesaria, porque frente al furor punitivo conviene recordar que toda persona tiene derechos, que las devoluciones sumarias son incompatibles con un Estado de Derecho y que Ceuta no puede convertirse en un gran espacio de confinamiento humano. Insuficiente, porque si no se discute el marco profundo -la ley de extranjería, el paradigma de seguridad, la subordinación a la política fronteriza europea-, la izquierda queda atrapada en una administración más decente del mismo dispositivo.
La insistencia en trasladar personas a la península y en evitar que Ceuta funcione como un campo de internamiento ampliado apunta, al menos, en la dirección correcta. No porque resuelva la raíz del problema, sino porque rompe la lógica del embudo punitivo. También pone en evidencia otra mentira recurrente: la del colapso inevitable. A menudo no faltan recursos en términos absolutos; falta voluntad política para organizar una respuesta basada en derechos y no en castigo ejemplarizante. El colapso es muchas veces una decisión, o al menos la consecuencia previsible de una gestión diseñada para producir alarma.
Entretanto, la xenofobia avanza porque no nace solo del prejuicio espontáneo, sino de una pedagogía de Estado y de mercado. Se enseña a temer al pobre extranjero mientras se absuelve al especulador inmobiliario, al empresario explotador o al fondo de inversión que captura barrios enteros. Se enseña a sospechar del menor migrante mientras se naturaliza la violencia económica que deja a millones de trabajadores al borde del desahucio o del agotamiento. El migrante funciona así como pantalla: tapa a los responsables reales del deterioro material de la vida.
Una política verdaderamente emancipadora debería invertir por completo ese enfoque. Debería defender vías legales y seguras de entrada, sí; pero también denunciar que la movilidad humana seguirá siendo traumática mientras persistan las estructuras que la hacen necesaria en estos términos. Debería confrontar la frontera no solo como un problema humanitario, sino como una institución al servicio de la acumulación y de la segmentación de la fuerza de trabajo. Y debería reconstruir un internacionalismo material capaz de unir a quienes hoy son separados por pasaportes, alambradas y campañas de odio.
Ceuta, en suma, no interpela únicamente a la política migratoria; interpela al proyecto de sociedad que Europa y España están dispuestas a sostener. O se acepta que la democracia termine en la playa, frente al espigón y bajo el foco policial, o se asume que los derechos valen precisamente cuando más incómodos resultan para el poder. La disyuntiva real no es entre caos y control; es entre barbarie administrada y justicia social. Y quien no quiera verlo seguirá llamando crisis a lo que en realidad es el espejo brutal de un orden profundamente injusto.
