Hay una noticia que explica mejor que muchos discursos la hipocresía que atraviesa la crisis de Ceuta: un migrante escondido en un trastero, sin luz, sin ventilación adecuada y sin condiciones mínimas para vivir, pagando hasta 500 euros a la semana por un lugar donde nadie debería dormir. No es una metáfora ni una exageración retórica; es lo que ha destapado la Cadena SER estos días. Mientras una parte del país escucha hablar de invasiones, avalanchas y amenazas a la seguridad nacional, otra ha entendido perfectamente dónde está el negocio: cobrar a los mismos migrantes que públicamente se presentan como un peligro.
Desde una perspectiva marxista-leninista, este hecho no puede leerse como una simple muestra de crueldad individual. Es la expresión concreta de un sistema basado en la explotación, en la propiedad privada y en la conversión de toda necesidad humana en mercancía. El techo, incluso cuando no es techo sino trastero; la seguridad, incluso cuando consiste en esconderse; la noche, incluso cuando se pasa entre paredes indignas, todo puede venderse si hay alguien suficientemente desesperado para pagar. El capitalismo no solo produce pobreza: organiza las condiciones para que otros puedan enriquecerse con ella.
La contradicción es obscena. Quienes gritan contra el extranjero, quienes hablan de patria como si la patria fuera una consigna de tertulia o una bandera colgada en el balcón, no siempre tienen problema en aceptar el dinero de ese extranjero cuando llega la ocasión. El migrante es amenaza cuando aparece en la playa, en la calle o en el debate político; sin embargo, se convierte en cliente cuando lleva 500 euros en el bolsillo y necesita un agujero donde ocultarse. Ahí se revela la moral real de los patriotas de pandereta: la nación les importa mucho menos que la caja registradora.
Además, la noticia de la Cadena SER señala un elemento fundamental: muchos de estos migrantes pagan cantidades desorbitadas porque tienen miedo a ser descubiertos y expulsados. No buscan lujo, comodidad ni privilegio. No buscan una vivienda digna en condiciones de igualdad. Buscan pasar la noche sin ser vistos, sobrevivir unas horas más, evitar que la maquinaria institucional los devuelva al punto de partida. Y precisamente ese miedo, esa vulnerabilidad extrema, es lo que algunos han decidido convertir en renta. El miedo tiene precio; la clandestinidad, también.
Por eso, resulta tan miserable el discurso que reduce la crisis de Ceuta a una cuestión de orden público. Las imágenes de las playas, los dispositivos policiales, las declaraciones políticas y los vídeos difundidos en redes sociales forman parte del relato visible, pero no agotan la realidad. También forma parte de Ceuta quien alquila un trastero inhabitable a precio de palacio. También forma parte de Ceuta quien transforma la angustia de otros en ingreso semanal. También forma parte de Ceuta esa economía moral podrida que condena al migrante en público y lo exprime en privado.
Ahora bien, la hipocresía no pertenece solo a unos cuantos individuos sin escrúpulos. Tiene una base material. El racismo, en una sociedad capitalista, cumple una función política: divide a la clase trabajadora y desplaza la rabia social hacia los sectores más vulnerables. Al trabajador empobrecido se le dice que su enemigo es quien llega sin nada, no quien especula con la vivienda, precariza el empleo, privatiza servicios públicos o convierte los derechos básicos en negocios. Así, el malestar legítimo de las mayorías se desvía contra quienes menos poder tienen, mientras los responsables reales permanecen intactos.
En consecuencia, hablar de migración sin hablar de clase es aceptar el marco de quienes quieren ocultar la explotación. Las personas que llegan a Ceuta no aparecen de la nada. Llegan desde un mundo ordenado por relaciones desiguales entre centro y periferia, por saqueos históricos, dependencia económica, guerras, pobreza estructural y fronteras diseñadas para proteger privilegios. El imperialismo no solo extrae recursos de los territorios subordinados; también produce desplazamientos humanos. Primero se empobrece a pueblos enteros y después se criminaliza a quienes huyen de las consecuencias de ese empobrecimiento.
De ahí, que el lenguaje sea tan importante. La deshumanización empieza cuando dejamos de decir personas y empezamos a decir ilegales; cuando dejamos de decir migrantes y empezamos a decir invasores; cuando dejamos de preguntarnos qué les ha ocurrido y empezamos a preguntarnos cómo librarnos de ellos. Ese desplazamiento no es inocente. Sirve para que una sociedad pueda mirar a alguien durmiendo en el suelo, escondido en un trastero o tirado en una playa, y pensar que el problema es su presencia, no las condiciones materiales que lo han llevado hasta ahí.
Asimismo, el discurso de la invasión permite que muchos se sientan moralmente autorizados a negar derechos. Si el migrante es una amenaza, entonces su sufrimiento deja de importar. Si es un invasor, su hambre se vuelve sospechosa. Si es un ilegal, su explotación parece menos grave. El sistema necesita esas palabras porque necesita justificar una jerarquía de vidas: unas protegidas, otras toleradas, otras desechables. Y cuando una vida se considera desechable, siempre aparece alguien dispuesto a hacer negocio con sus restos.
Sin embargo, la crisis de Ceuta revela algo todavía más profundo: el capitalismo no rechaza realmente al migrante; rechaza sus derechos. Lo quiere vulnerable, silencioso, barato, disponible y atemorizado. Lo necesita en el campo, en la obra, en los cuidados, en los trabajos peor pagados y en las habitaciones más indignas. Lo necesita sin papeles suficientes para reclamar, sin estabilidad suficiente para organizarse y sin reconocimiento suficiente para ser tratado como parte de la clase trabajadora. Por eso el migrante pobre es perseguido como sujeto político, pero aprovechado como fuerza económica.
Desde una posición marxista-leninista, la respuesta no puede limitarse a la compasión abstracta ni al humanitarismo superficial. La compasión sin análisis de clase corre el riesgo de quedarse en gesto moral; el humanitarismo sin confrontación política puede denunciar el síntoma y dejar intacta la causa. Esta realidad exige organización, conciencia y lucha contra las estructuras que producen explotación: regularización, derechos laborales efectivos, vivienda pública, persecución de quienes se lucran con la infravivienda, servicios públicos robustos y unidad de la clase trabajadora frente a quienes viven de dividirla.
Por consiguiente, la pregunta no es si caben más banderas en los balcones, sino cuánta dignidad cabe en una sociedad que permite cobrar 500 euros a la semana por un trastero. No es patriotismo odiar al migrante mientras se acepta su dinero. No es defensa de la nación convertir la desesperación ajena en negocio. No es amor al pueblo enfrentar al trabajador nacido aquí con el trabajador que llegó de fuera. Eso no es patria: es mercado con bandera, racismo con coartada y explotación con himno de fondo.
En resumen, la noticia destapada por la Cadena SER nos obliga a mirar donde el ruido político no quiere que miremos. La crisis de Ceuta no habla solo de fronteras; habla de propiedad, de clase, de racismo y de un sistema que convierte cada grieta de la vida en oportunidad de beneficio. Los patriotas de pandereta gritaban aquello de “si tanto te gustan, mételos en tu casa”. Ahora algunos han descubierto una fórmula más rentable: meterlos en zulos a precio de palacio. Y ahí se derrumba todo su discurso. Porque cuando la miseria se alquila, cuando el miedo se cobra y cuando la dignidad se subarrienda, el problema no es quien llega buscando vivir; el problema es una sociedad que ha aprendido a vender hasta el derecho a esconderse.
