Vivimos un tiempo en el que la apariencia ha dejado de ser necesaria para ocultar la lógica real del poder, un tiempo en el que el orden internacional se muestra cada vez más como lo que siempre ha sido: un campo de fuerzas donde la ley cede ante la dominación y donde los principios solo sobreviven si no interfieren con los intereses de las grandes potencias. Aquello que hace apenas unos años podía parecer exageración distópica —gobiernos autoritarios emergiendo en democracias liberales, guerras prolongadas sin horizonte de resolución, violaciones flagrantes del derecho internacional sin consecuencias— hoy se presenta como normalidad, no como desviación sino como expresión descarnada del propio sistema; y es precisamente en este escenario donde cobra sentido recuperar la advertencia de Lenin cuando señalaba que “el imperialismo es la fase superior del capitalismo”, no como consigna retórica sino como clave analítica para entender un presente en el que la acumulación y la dominación se entrelazan hasta hacer indistinguibles la economía y la violencia.
No asistimos a una crisis coyuntural, sino a una fase de reconfiguración del sistema mundial en la que las tensiones acumuladas durante décadas emergen de forma simultánea y desordenada. La guerra en Europa del Este se cronifica sin horizonte de resolución, las tensiones en Oriente Medio se intensifican hasta el límite de la guerra abierta, las disputas entre potencias se trasladan al terreno comercial, tecnológico y energético, y las instituciones multilaterales muestran una incapacidad creciente para mediar en conflictos que, en muchos casos, desbordan sus propios marcos de actuación.
En este contexto, el lenguaje del derecho internacional persiste, pero su eficacia se erosiona: las normas siguen existiendo, pero su aplicación se vuelve selectiva, condicionada por la correlación de fuerzas y no por principios universales.
Como señalaba Immanuel Wallerstein, el sistema-mundo capitalista no es un espacio homogéneo, sino una estructura jerárquica en la que centro, periferia y semiperiferia ocupan posiciones diferenciadas en función de su capacidad de acumulación y de su inserción en las cadenas globales de valor. Desde esta perspectiva, resulta imposible analizar la situación de países como Cuba sin tener en cuenta su posición estructural en ese sistema, una posición marcada por la dependencia, la vulnerabilidad y la presión constante de los centros de poder.
Ante este panorama, el caso de Cuba adquiere una relevancia que trasciende su propia geografía. No se trata simplemente de un modelo político con contradicciones internas —inevitables en cualquier formación social—, sino de la persistencia de un mecanismo de coerción externa que condiciona de manera decisiva su desarrollo material y su vida cotidiana; un bloqueo económico, comercial y financiero que no puede entenderse como una anomalía ni como una reliquia de la Guerra Fría, sino como una herramienta activa de presión destinada a disciplinar a un pueblo mediante la asfixia sostenida.
Como advertía Rosa Luxemburgo, “el capitalismo necesita un medio no capitalista para su expansión”, y cuando ese espacio no se somete voluntariamente, la coerción se convierte en norma; el bloqueo es, en ese sentido, una forma contemporánea de esa coerción, una guerra sin bombas que se libra en los circuitos del comercio, en las redes financieras, en las cadenas de suministro, en el acceso a la tecnología y a los recursos básicos. No es una medida puntual ni una sanción limitada: es un sistema integral que afecta a todos los niveles de la vida económica y social.
Sus efectos no se limitan a indicadores macroeconómicos ni pueden medirse únicamente en cifras acumuladas de pérdidas, aunque estas sean astronómicas. Se encarnan en la vida concreta de millones de personas: en hospitales que no pueden adquirir medicamentos por restricciones vinculadas a patentes o por la negativa de proveedores internacionales a comerciar con la isla, en transferencias bloqueadas por el miedo de bancos internacionales a sanciones, en rutas comerciales distorsionadas que encarecen productos esenciales, en empresas que renuncian a operar en el país para no perder acceso al mercado estadounidense.
Se manifiestan también en apagones derivados de la dificultad para acceder a combustibles, en la imposibilidad de modernizar infraestructuras energéticas, en la obsolescencia de equipos que no pueden ser sustituidos con normalidad, en la incertidumbre permanente que atraviesa la reproducción cotidiana de la vida. Cada restricción, cada obstáculo, cada demora tiene un impacto acumulativo que se traduce en menor capacidad productiva, en menor disponibilidad de bienes, en mayores costes y en una presión constante sobre la población.
Así, como toda forma de violencia estructural, su impacto es profundamente desigual. Recae con mayor dureza sobre las clases populares, sobre los que, de otra manera, dependen de servicios públicos, sobre quienes no tienen acceso a divisas ni capacidad de escapar a las limitaciones del mercado interno, sobre quienes no pueden sortear las restricciones mediante redes informales o recursos externos. En otras palabras, el bloqueo no solo afecta a la economía en abstracto: configura una estructura de desigualdad que atraviesa la sociedad.
Recae, de manera especialmente cruel, sobre la infancia. Sobre los que ven restringido su acceso a medicamentos, alimentos o condiciones básicas de bienestar sin haber tenido jamás capacidad de decidir sobre el conflicto que determina sus vidas. Las dificultades para importar fármacos pediátricos, equipos médicos o alimentos básicos no son daños colaterales inevitables: son consecuencias previsibles de un sistema diseñado para restringir al máximo las capacidades de abastecimiento de un país.
En este punto, la cuestión deja de ser una disputa ideológica para convertirse en un problema ético de primer orden. Porque cuando una política exterior se traduce en dificultades reales para garantizar derechos fundamentales, deja de ser una herramienta diplomática para convertirse en castigo colectivo. Y ningún castigo colectivo puede reconciliarse con una noción mínima de derechos humanos.
Como escribió Marx, “entre derechos iguales decide la fuerza”, y es precisamente esa fuerza la que hoy se impone sobre cualquier principio jurídico cuando las grandes potencias actúan al margen de las normas que dicen defender. El resultado es el vaciamiento del derecho internacional, su transformación en un instrumento selectivo, aplicable solo cuando no incomoda al poder.
La reiterada condena del bloqueo en la Asamblea General de Naciones Unidas pone de manifiesto una paradoja central de nuestro tiempo: existe un consenso formal sobre la injusticia de determinadas prácticas, pero ese consenso carece de mecanismos efectivos para traducirse en cambios reales. La legalidad internacional se convierte así en un espacio de legitimación simbólica sin capacidad coercitiva frente a quienes detentan el poder material.
Esta situación no es accidental. Responde a la propia estructura del sistema internacional, donde las instituciones multilaterales están condicionadas por la influencia de las grandes potencias. Como señalaba Gramsci, “la hegemonía no se ejerce únicamente mediante la coerción, sino también mediante el consentimiento, mediante la construcción de un sentido común que naturaliza determinadas relaciones de poder”.
En este caso, la normalización del bloqueo forma parte de ese sentido común: se presenta como una política más, como una herramienta legítima, invisibilizando sus efectos reales.
Lo que está en juego, por tanto, no es únicamente la situación de Cuba, sino la propia idea de soberanía, la posibilidad de que un pueblo decida su futuro sin coerción externa, la vigencia de unas reglas que, de no aplicarse universalmente, dejan de ser reglas para convertirse en privilegios. Aceptar la continuidad de este bloqueo implica aceptar un mundo en el que la fuerza sustituye al derecho, en el que la dignidad humana se convierte en variable dependiente de intereses geopolíticos, en el que la vida de millones puede ser condicionada durante décadas sin consecuencias para quienes imponen esas condiciones.
Pero el problema no termina ahí. Porque la normalización de este tipo de prácticas no solo afecta a quienes las sufren directamente, sino que redefine los límites de lo aceptable a nivel global. Si se acepta que un país puede ser sometido durante décadas a una asfixia económica sin consecuencias reales para el que la impone, se está sentando un precedente. Se está estableciendo una forma de intervención que puede ser replicada en otros contextos, contra otros pueblos, en función de intereses coyunturales.
Se está, en definitiva, institucionalizando la ley del más fuerte como principio organizador del sistema internacional. Y frente, a eso no cabe la equidistancia ni el cinismo analítico.
Porque la equidistancia, en contextos de dominación, no es neutralidad: es alineamiento con el poder. Es la forma más cómoda de complicidad, la que permite mantener una apariencia de objetividad mientras se legitiman, de facto, relaciones profundamente desiguales.
Como recordaba Frantz Fanon, “cada generación debe descubrir su misión, cumplirla o traicionarla”. La nuestra no puede alegar desconocimiento. Las evidencias están ahí, visibles, acumuladas, documentadas. Sabemos cómo funcionan estas dinámicas. Sabemos cuáles son sus consecuencias. Sabemos quién las sufre y quién se beneficia de ellas.
Sin embargo, persiste una tendencia a diluir responsabilidades, a presentar los conflictos como fenómenos complejos donde “todos tienen parte de culpa”, a evitar posicionamientos claros en nombre de una supuesta prudencia que no es más que miedo a confrontar el poder.
Pero hay momentos en los que la ambigüedad deja de ser una opción legítima. Y este es uno de ellos. Porque ya no se trata de interpretar los hechos, ni de matizarlos, ni de esconderlos tras un lenguaje diplomático que neutralice su gravedad. Se trata de nombrarlos con precisión y asumir sus consecuencias. Mantener durante décadas un cerco económico que limita el acceso a medicamentos, alimentos, energía y desarrollo no es una “política exterior firme”: es una forma de violencia prolongada. No es presión legítima: es coerción sistemática. No es defensa de la democracia: es castigo colectivo.
Y quien lo sabe —y hoy nadie puede alegar ignorancia— y decide callar, justificar o mirar hacia otro lado, no ocupa una posición neutral. Ocupa una posición política clara.
Aceptar este estado de cosas es aceptar que el derecho internacional no vale nada cuando se enfrenta al poder. Es aceptar que los derechos humanos son un instrumento selectivo. Es aceptar que hay pueblos cuya dignidad puede ser negociada, asfixiada o sacrificada en nombre de intereses estratégicos.
Todo eso no es solo una injusticia contra Cuba, sino más bien, una advertencia para el sistema-mundo; es decir para todos y cada uno de los habitantes del planeta.
Porque cuando se normaliza que un país, pueda ser sometido durante décadas sin consecuencias, se está estableciendo una norma. Se está diciendo que cualquiera puede ser el siguiente si deja de ser funcional a los intereses dominantes. Pero sobre todo, se está enviando un mensaje claro: la soberanía es condicional, los derechos son relativos, la dignidad es negociable. No cabe ambigüedad posible ante eso.
O se rechaza de raíz esa lógica y se denuncia como lo que es —una forma de dominación que debe ser combatida sin concesiones—, o se participa en su consolidación. No con grandes discursos, sino con el silencio, con la tibieza, con la falsa equidistancia que siempre termina alineándose con el poder. Porque al final, el problema no es solo el bloqueo, es el mundo que lo permite.
Quien se adapta a ese mundo sin cuestionarlo, quien lo justifica, quien lo maquilla o lo minimiza, no está siendo prudente ni realista. Está siendo cómplice activo de una violencia que no necesita bombas para destruir, pero que destruye igual. Con todo, esa complicidad, aunque se disfrace de análisis o moderación, tiene nombre, tiene responsabilidad. Y más pronto que tarde, también tendrá consecuencias.
