La concesión de la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a Estados Unidos por parte de Isabel Díaz Ayuso no es un gesto protocolario más. Es una toma de posición. Cuando la presidenta madrileña define a Estados Unidos como “el principal faro del mundo libre”, fija un marco ideológico nítido: identifica poder global con autoridad moral y hegemonía con ejemplo político. Esa equivalencia, presentada como evidencia indiscutible, merece algo más que un aplauso automático como catódico.
La independencia de 1776 suele invocarse como origen luminoso de la democracia moderna. Sin embargo, aquel proceso respondió a intereses muy concretos: la consolidación de una élite colonial que buscaba autonomía económica y política respecto a la metrópoli británica. No fue una revolución social en sentido amplio. La nueva república mantuvo la esclavitud durante décadas y expandió su territorio a costa de pueblos indígenas desplazados o exterminados. La construcción institucional fue relevante; el contexto material, también.
El siglo XX ofrece una perspectiva menos épica y más áspera. En 1945, el uso de armas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki marcó el inicio de una era dominada por la disuasión atómica. Más allá de su impacto en el desenlace de la guerra, aquel acto consolidó una jerarquía geopolítica basada en la supremacía tecnológica y militar. La posguerra no fue únicamente reconstrucción y prosperidad; fue también configuración de un orden bipolar sustentado en la amenaza permanente.
Las intervenciones en Corea y Vietnam evidenciaron hasta qué punto la política exterior estadounidense se articuló en torno a la contención del bloque socialista. En Vietnam, el empleo de napalm y otros agentes incendiarios dejó una huella física y moral imborrable. La retórica de la defensa del “mundo libre” contrastó con el elevado coste humano de aquellas campañas. No fue un episodio aislado, sino parte de una estrategia de alcance global.
En América Latina, la implicación de Washington en procesos que desembocaron en dictaduras militares —como las de Argentina y Chile— mostró otra faceta de esa estrategia. Cuando determinados gobiernos impulsaron reformas que afectaban a intereses económicos relevantes, la estabilidad deseada no siempre coincidió con la continuidad democrática. El resultado fue una región atravesada por la represión y la violencia política durante años.
Con el final de la Guerra Fría, lejos de diluirse, la capacidad de intervención se mantuvo. Las guerras de Irak y Afganistán se justificaron en nombre de la seguridad internacional y la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, sus consecuencias fueron Estados debilitados, conflictos prolongados y un equilibrio regional frágil. La promesa de democratización no compensó la magnitud de la destrucción generada.
Llegados al presente, el respaldo estadounidense a la ofensiva israelí en Gaza ha generado una fuerte controversia internacional. Las imágenes de devastación han intensificado el debate sobre la coherencia entre discurso y práctica en materia de derechos humanos. La política exterior de cualquier potencia se somete, inevitablemente, a este tipo de escrutinio.
Tampoco la política interna estadounidense escapa a tensiones profundas. El asalto al Capitolio en enero de 2021, alentado por sectores vinculados a Donald Trump, puso de relieve fracturas institucionales y sociales significativas. Aquel episodio evidenció que incluso sistemas con larga tradición constitucional pueden experimentar episodios de inestabilidad severa.
Nada de lo anterior invalida los avances producidos en Estados Unidos en ámbitos como los derechos civiles, la jurisprudencia constitucional o la innovación científica. Pero esas conquistas han sido resultado de luchas sociales intensas y prolongadas. Movimientos obreros, organizaciones feministas y activistas por la igualdad racial forzaron transformaciones que no surgieron espontáneamente del poder establecido. La historia estadounidense es también la historia de esos conflictos internos.
Por eso, resulta problemático presentar al país como un símbolo unidimensional de libertad. Toda potencia combina aportaciones y responsabilidades, luces y decisiones discutibles. La simplificación impide comprender esa complejidad. Y cuando la simplificación se convierte en homenaje institucional, el riesgo es sustituir el análisis por la adhesión.
El gesto de Ayuso proyecta una identidad política concreta: alineamiento explícito con la principal potencia occidental y reivindicación de su liderazgo global sin matices visibles. Esa elección puede ser legítima dentro del pluralismo democrático, pero no está exenta de debate. Las relaciones internacionales no son un terreno moral neutro; están atravesadas por intereses económicos, estratégicos y de seguridad.
Identificar hegemonía con ejemplaridad supone aceptar que el orden internacional vigente es, en esencia, el mejor posible. Sin embargo, el capitalismo global produce desigualdades estructurales, tensiones geopolíticas y conflictos recurrentes.
Estados Unidos ha desempeñado un papel central en ese sistema, tanto en su expansión como en su regulación. Evaluar ese papel exige distancia crítica.
La política simbólica tiene efectos reales. Las condecoraciones y declaraciones públicas construyen imaginarios colectivos y orientan percepciones. Cuando se exalta a una potencia como referencia incuestionable, se refuerza una determinada lectura del mundo. La cuestión no es negar la importancia histórica de Estados Unidos, sino evitar que esa importancia se traduzca en idealización.
Quizá el debate debería centrarse en qué valores concretos se quieren reconocer y promover. Si se habla de derechos, conviene recordar las luchas que los hicieron posibles. Si se habla de libertad, conviene precisar para quién y en qué condiciones. Las categorías abstractas adquieren sentido cuando se vinculan a realidades materiales.
La medalla concedida por la Comunidad de Madrid es, en última instancia, una declaración política. Puede interpretarse como afirmación de alianza estratégica o como gesto de afinidad ideológica. En cualquier caso, merece un examen sereno. Las democracias maduras no temen la crítica; la consideran parte esencial de su funcionamiento.
El poder internacional no necesita ser demonizado, pero tampoco sacralizado. La historia demuestra que las potencias actúan movidas por intereses y que esos intereses pueden entrar en conflicto con principios proclamados. Mantener esa conciencia crítica no es un ejercicio de hostilidad, sino de responsabilidad intelectual.
Reducir la complejidad de Estados Unidos a la imagen de un faro permanente implica ignorar los claroscuros que han acompañado su trayectoria. Reconocerlos no debilita el análisis; lo fortalece. La política debería aspirar a esa claridad, incluso cuando resulte incómoda.
Porque gobernar no es oficiar ceremonias simbólicas, sino asumir la densidad de la historia y las consecuencias de cada posicionamiento. Y en ese terreno, las metáforas luminosas ayudan poco si no van acompañadas de memoria y rigor.Principio del formulario
