En 2015, Julio Anguita concedió una entrevista que, más allá del momento concreto en que fue pronunciada, sigue siendo una de esas piezas que no envejecen porque describen una estructura, no una coyuntura. Cuando Anguita afirmaba que “el poder económico maneja la política”, no estaba formulando una consigna retórica ni una denuncia moralista, sino una constatación de fondo: en las sociedades capitalistas, la democracia formal convive con una correlación de fuerzas profundamente desigual, donde el poder real no siempre reside en las instituciones visibles, sino en quienes controlan la riqueza, el crédito, los medios de comunicación y los resortes materiales de la vida colectiva. Esa idea, tan incómoda para el discurso oficial, continúa siendo clave para comprender el presente de la sociedad española. Asimismo, la corrupción no aparece entonces como una desviación accidental o como un fallo de algunos individuos especialmente codiciosos, sino como una consecuencia lógica de un sistema en el que la acumulación privada de poder económico termina colonizando la esfera pública. Cuando el dinero manda, la política deja de ser representación del interés común y se convierte en administración de privilegios.
Anguita insistía en algo todavía más importante: la ciudadanía no puede esperar soluciones caídas del cielo ni confiar en la buena voluntad de los que ocupan el poder. Mientras la población no se organice, no fiscalice y no ejerza presión real sobre las instituciones, nada sustancial cambiará. Esa advertencia conserva toda su vigencia en una época en la que muchas personas, desengañadas por la precariedad, la inflación, la vivienda imposible y la degradación de los servicios públicos, sienten que votar no basta y que la distancia entre la política institucional y la vida cotidiana se ha vuelto insoportable. Pero ahí precisamente aparece el riesgo: cuando la frustración no encuentra una salida organizada desde la izquierda, ese descontento puede ser capturado por discursos reaccionarios que prometen orden, identidad y castigo al otro.
En ese vacío se afianza la extrema derecha, y en España ese fenómeno tiene un nombre concreto: VOX.
VOX no es una anomalía ni una rareza surgida por generación espontánea. Es el producto político de una crisis social mal resuelta, de una descomposición de los vínculos colectivos y de la incapacidad de las fuerzas transformadoras para construir una alternativa convincente para las mayorías. Donde la izquierda se dispersa, se acomoda o se limita a gestionar lo existente, la derecha extrema ocupa el terreno de la indignación con una mezcla de simplificación, nostalgia, autoritarismo y nacionalismo excluyente. No ofrece soluciones reales, pero sí un relato fácil. No resuelve problemas estructurales, pero señala enemigos. No cuestiona las causas de la desigualdad, pero convierte el malestar en odio. Y así, lo que debería convertirse en conciencia de clase y en organización popular termina degradándose en resentimiento identitario. Esa es una de las derrotas políticas más graves de nuestro tiempo: que la rabia de abajo no se traduzca en emancipación, sino en obediencia a quienes desean conservar intacto el orden social.
Por eso, Anguita insistía en que la izquierda debe repensarse desde la raíz. No basta con sumar siglas, pactar listas o improvisar alianzas tácticas cuando llegan las elecciones. La unidad, si ha de tener algún valor histórico, no puede ser la suma mecánica de aparatos que se reparten espacios institucionales.
La unidad auténtica exige un programa, una lectura de la realidad y una voluntad de transformación que no se agote en la supervivencia electoral. Un partido no puede sustituir a la sociedad organizada. Esa frase, en apariencia simple, encierra una crítica demoledora a buena parte de la política contemporánea: la izquierda no puede convertirse en una maquinaria de representación desvinculada de la calle, de los sindicatos, de los barrios, de los centros de trabajo y de los espacios de formación política.
Cuando eso ocurre, la política se profesionaliza hasta volverse estéril. La militancia se debilita. La intervención popular se reduce. Y la democracia queda vacía de contenido.
En este contexto, Anguita entendía que la izquierda no debe limitarse a administrar mejor el sistema, sino a disputarlo. Y disputar el sistema no significa solamente conquistar un gobierno; significa disputar el sentido común, la distribución de la riqueza, la legitimidad de las instituciones y la relación misma entre poder y ciudadanía. Cambiar de gobierno sin cambiar las estructuras de poder es, como él mismo sugería en una formulación que sigue siendo memorable, equivalente a mover los muebles de una cárcel: cambia la disposición del espacio, pero no la condición de encierro. Ese diagnóstico es especialmente pertinente en el capitalismo español, donde grandes fortunas, sectores financieros, oligopolios energéticos, monopolios mediáticos y redes clientelares condicionan fuertemente la acción del Estado.
En esas condiciones, las promesas de regeneración democrática se convierten con demasiada frecuencia en promesas vacías si no van acompañadas de una reorganización real del poder social.
Esa es la gran cuestión: ¿quién manda de verdad? La respuesta no se encuentra solo en el Boletín Oficial del Estado ni en el resultado de las urnas. Se encuentra en la capacidad de las élites para fijar límites a lo posible, en su poder para imponer marcos de debate, en su control sobre el crédito, el trabajo, la vivienda y la información. Julio Anguita veía con claridad que la corrupción política visible era solo la parte más burda de un fenómeno más amplio: la subordinación de la democracia a los intereses del capital.
En otras palabras, el problema no es simplemente que algunos políticos roben; el problema es que existe una arquitectura social que favorece la apropiación privada de lo común. Si no se corrige esa estructura, la corrupción mutará de forma, pero no desaparecerá.
De ahí que su crítica a la monarquía tuviera una dimensión más profunda que la discusión institucional habitual. Según la percepción de Anguita, la monarquía funcionaba como un escudo simbólico y político de las élites, una garantía de continuidad de un orden nacido de la Transición y diseñado para preservar equilibrios favorables a los mismos sectores que habían dominado durante la dictadura y que siguieron influyendo con fuerza en la etapa democrática. No se trata solo de una cuestión de preferencias republicanas o monárquicas, sino de entender qué función cumple la Corona dentro del régimen: servir como elemento de legitimación, de estabilidad y de tutela por encima del conflicto social.
En ese sentido, la monarquía no es un adorno; es una pieza del edificio. Y mientras ese edificio no se cuestione, los cambios profundos seguirán topando con un techo invisible pero real.
También por eso, Julio daba tanta importancia a la organización popular. La política, decía en esencia, no es solo depositar un voto cada cuatro años, sino intervenir de forma sostenida en la vida pública, construir conciencia, defender derechos y controlar el poder. La pasividad ciudadana es el mejor fertilizante para el autoritarismo. Cuando la gente se acostumbra a delegar todo en representantes profesionales, cuando abandona los espacios de deliberación y se resigna a contemplar la política como un espectáculo ajeno, entonces crece el terreno para la manipulación. Los discursos simplistas prosperan allí donde falta tejido social. La extrema derecha necesita precisamente ese desarraigo: individuos aislados, frustrados, desinformados, incapaces de traducir sus problemas en acción colectiva.
Frente a eso, la izquierda no puede contentarse con denunciar. Tiene que organizar, educar, acompañar y dar forma a una cultura política distinta.
Esa cultura política implica recuperar una idea básica que en muchas ocasiones se ha perdido entre la velocidad mediática y el electoralismo: los derechos no se regalan, se conquistan. Nada de lo que hoy se presenta como normal —la jornada laboral, la sanidad pública, la escuela pública, las pensiones, la protección frente al despido, el derecho a la huelga— fue entregado generosamente por las élites por un impulso de generosidad democrática.
Todo eso nació de luchas, de organización, de conflicto y de acumulación histórica de fuerzas populares. Olvidarlo es desarmarse. Y olvidar la historia es dejar que se repitan los mismos mecanismos de exclusión, explotación y sometimiento con nuevos envoltorios. Anguita era consciente de ello y por eso insistía en que la memoria no es un lujo cultural, sino una herramienta política.
En esta época de precariedad extendida, el capitalismo español muestra su rostro más descarnado. La vivienda se ha convertido en un lujo, los salarios pierden valor frente al coste de la vida, el empleo es inestable y muchos jóvenes comprueban que estudiar no garantiza una existencia digna. Mientras tanto, se multiplica el discurso de la meritocracia, como si el éxito o el fracaso dependieran exclusivamente del esfuerzo individual. Anguita habría visto en esta narrativa una forma refinada de violencia ideológica: convertir una estructura de desigualdad en un problema de voluntad personal.
Cuando una sociedad naturaliza que trabajar no alcance para vivir, que emanciparse sea imposible y que la movilidad social sea cada vez más estrecha, el terreno está preparado para dos salidas perversas: la resignación o la rabia canalizada por la derecha.
En ese contexto, la fragmentación de la izquierda resulta especialmente grave. No porque la unidad sea un fetiche en sí mismo, sino porque la dispersión debilita la capacidad de dar respuesta a un enemigo que sí actúa de manera coordinada: el capital, sus medios, sus redes económicas y sus aliados políticos.
Una izquierda desunida transmite impotencia; una izquierda sin programa transmite confusión; una izquierda sin base social transmite lejanía. Anguita defendía una unidad basada en contenido, no en marketing. Una unidad que no renuncie a la crítica, pero que sea capaz de formular objetivos concretos: redistribución de la riqueza, defensa de los servicios públicos, democratización de la economía, control de los sectores estratégicos, ampliación de derechos y fortalecimiento de la participación ciudadana. Sin esas bases, la unidad se vuelve una etiqueta vacía.
Los medios de comunicación desempeñan aquí un papel fundamental. En manos de grandes conglomerados económicos, la información no solo describe la realidad: la ordena, la selecciona y la interpreta desde intereses específicos. La desigualdad puede presentarse como inevitable. La precariedad puede normalizarse. La protesta puede criminalizarse. Y la extrema derecha puede aparecer, en determinados momentos, como una fuerza antisistema cuando en realidad actúa como un dique de contención contra cualquier transformación de fondo.
El poder mediático no inventa la desigualdad, pero la legitima. No crea por sí solo la frustración, pero la encauza. Y si la izquierda renuncia a disputar ese terreno, entonces deja a millones de personas a merced de una pedagogía del miedo.
Por eso conviene volver a Anguita no como a una figura de museo, sino como a un referente de lucidez política. Su legado no consiste en una nostalgia de tiempos pasados ni en una idealización de su trayectoria, sino en una forma de mirar la realidad con severidad y sin adornos. Anguita no invitaba a la complacencia. Invitaba a la responsabilidad. No pedía a la izquierda que se presentara como más simpática o más moderna, sino más útil para la mayoría social. Y ser útil para la mayoría social significa hablar claro, señalar las estructuras de dominación, no ocultar los conflictos y no traicionar el horizonte de transformación en nombre de la gobernabilidad.
En última instancia, la advertencia de Anguita sigue siendo esta: la política solo sirve si transforma la sociedad. Si no lo hace, se degrada en representación vacía, en teatro institucional, en administración del cansancio colectivo. Y cuando eso ocurre, la extrema derecha encuentra campo libre para presentarse como respuesta a la frustración de los de abajo, aunque en realidad defienda a los de arriba. Por eso el problema no es solo VOX, sino el vacío que le permite crecer. No es solo la corrupción, sino el sistema que la hace funcional. No es solo la monarquía, sino el régimen que la blinda. No es solo la fragmentación de la izquierda, sino la ausencia de una estrategia de clase capaz de organizar el descontento.
Frente a todo ello, el reto sigue siendo el mismo que Anguita dejó planteado con una claridad excepcional: construir una izquierda que no se limite a gestionar la derrota, sino que organice la esperanza. Una izquierda que vuelva a conectar con la vida real de la gente, con sus trabajos, sus barrios, sus problemas y sus luchas. Una izquierda que no tema nombrar al capital como lo que es: una relación de poder que concentra riqueza, condiciona la democracia y deteriora la vida de la mayoría. Una izquierda que entienda que sin organización no hay emancipación, sin conciencia no hay estrategia y sin pueblo activo no hay cambio posible. Esa es la urgencia. Y si no se corrige, seguirá siendo la misma.
