(A mi amiga, Pilar Espadas Alcázar,
a la que, la pantomima del Golpe
y las tontadas de Juan Carlos,
le jodieron su sexto cumpleaños)
El 23 de febrero de 1981 ocupa un lugar casi sagrado en la memoria política española. Durante décadas se nos ofreció un relato compacto y tranquilizador: unos militares nostálgicos irrumpen en el Congreso, el país contiene la respiración y, finalmente, el rey comparece uniformado para salvar la democracia. La escena quedó fijada como mito fundacional del régimen surgido tras 1978. Sin embargo, cuando se desmonta esa narrativa pieza a pieza y se observa el proceso en su conjunto —antecedentes, actores, tiempos y consecuencias— emerge una interpretación mucho más inquietante. No la de un monarca sorprendido por la traición, sino la de un jefe de Estado que alentó activamente una operación de presión política y que sólo la desactivó cuando escapó a su control.
Para entender esa hipótesis hay que retroceder al origen. Juan Carlos I no accedió al trono por una ruptura democrática, sino por designación directa de Francisco Franco. Juró fidelidad a las Leyes Fundamentales del Régimen y heredó una arquitectura estatal prácticamente intacta: un Ejército formado en la cultura del mando autoritario, unos cuerpos de seguridad moldeados en la represión política y un entramado económico concentrado en las mismas familias que habían prosperado bajo la dictadura. La Transición fue un proceso de reforma desde arriba, no una quiebra del poder anterior.
La Constitución de 1978 amplió derechos y abrió el sistema electoral, pero no alteró de raíz la estructura de poder. El rey quedó consagrado como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y símbolo de unidad y permanencia. Esa posición no era ceremonial. En una sociedad donde el Ejército había sido columna vertebral del régimen anterior, la figura del monarca operaba como garante de continuidad para los sectores que temían una transformación profunda.
Desde los primeros años de la Transición, la amenaza militar funcionó como telón de fondo. El ruido de sables no era metáfora. Hubo conspiraciones, informes, reuniones discretas. Cada avance en el proceso autonómico o cada concesión a la oposición era observado con recelo en los cuarteles. En ese contexto, la monarquía actuaba como bisagra: debía legitimar el cambio sin perder el apoyo de los que, por muchos años, habían conservado y conservaban la capacidad coercitiva.
En este contexto, a finales de 1980, el gobierno de Adolfo Suárez estaba políticamente erosionado. La UCD se fragmentaba, la inflación castigaba a amplias capas sociales y el desempleo crecía. La violencia de ETA intensificaba la sensación de desorden. Las élites económicas reclamaban estabilidad. La Transición, diseñada para conducir una apertura controlada, parecía desbordada por su propia dinámica.
Es en ese clima, donde se consolidó la idea de una “solución de autoridad”: un gobierno de concentración que sustituyera a Suárez y restaurara la disciplina institucional. El nombre que articulaba esa propuesta era el del general de división y segundo jefe de Estado Mayor, Alfonso Armada Comín. No era un conspirador periférico. Había sido secretario general de la Casa del Rey y mantenía un vínculo personal y político estrechísimo con Juan Carlos. Su proximidad no era anecdótica; era estructural.
Armada no improvisó su plan el 23 de febrero. Elaboró una lista de ministros con presencia de distintas fuerzas políticas, incluidos socialistas, comunistas y centristas. Esa ingeniería política buscaba dotar de apariencia constitucional a una intervención que nacía bajo presión militar. No se trataba de instaurar una junta, sino de forzar una reconfiguración de un Gobierno bajo el amparo de la Corona.
Y aquí se sitúa el núcleo de la implicación activa y directa del rey. Resulta inverosímil que un general de su máxima confianza diseñara durante meses un gobierno alternativo sin compartirlo con él. Más aún cuando la operación requería que el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas avalara, explícita o implícitamente, la intervención. La cultura jerárquica del Ejército español hacía impensable una maniobra de esa envergadura sin la expectativa de respaldo real.
El asalto al Congreso por parte del Teniente Coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero Molina -implicado años antes en la ”Operación Galaxia”, proporcionó la imagen de ruptura que justificaba la excepcionalidad. La declaración de estado de guerra en Valencia por parte del Capitán General de la Tercera Región Militar, Jaime Milans del Bosch, reforzó la sensación de crisis nacional. Pero el elemento decisivo no era la ocupación armada, sino la aparición prevista del llamado “Elefante Blanco”: la autoridad superior que debía presentarse ante los diputados para ofrecer la salida política diseñada. Ese Elefante Blanco era debía ser Armada. Y su autoridad emanaba del vínculo con el rey.
La secuencia temporal revela mucho más que la versión oficial. Tras la toma del Congreso, el rey no compareció de inmediato para condenar la asonada. Durante horas mantuvo conversaciones con mandos militares y evaluó escenarios. Ese margen de espera no fue un simple lapso administrativo. Fue el tiempo en el que aún podía prosperar la solución Armada.
Sólo cuando la operación se fracturó —porque Tejero rechazó el gobierno de concentración y rompió el guion previsto— el monarca intervino públicamente.
El discurso televisado fue eficaz. Reordenó la cadena de mando y desactivó el despliegue militar. Pero su eficacia no borra la hipótesis de que el rey había permitido que la crisis alcanzara ese punto, para forzar un cambio político. La estrategia parecía clara: generar una situación límite que justificara la sustitución del Ejecutivo bajo la autoridad arbitral de la Corona. El error fue confiar en que todos los actores aceptarían el plan pactado.
La implicación, igualmente, de los Servicios de Inteligencia refuerza esa lectura. El CESID disponía de información sobre movimientos conspirativos. Armada no operaba en la oscuridad total. Si la operación llegó hasta el hemiciclo fue porque no se activaron mecanismos para neutralizarla a tiempo. En un Estado donde el mando supremo recae en el rey, esa omisión difícilmente puede interpretarse como simple negligencia.
Desde una perspectiva de análisis estructural, el 23-F fue una operación de disciplina del sistema político. No buscaba destruir la democracia, sino marcar sus límites. La advertencia era inequívoca: la apertura tenía un perímetro definido por las élites económicas y militares. La Corona, lejos de ser ajena a ese perímetro, era su eje.
Las consecuencias lo demuestran. La figura del rey quedó blindada durante décadas. El relato del “salvador” se convirtió en escudo simbólico frente a cualquier cuestionamiento. La monarquía, cuya legitimidad inicial provenía del franquismo, pasó a presentarse como garante indispensable de la democracia. El capital político acumulado aquella noche sostuvo a la institución durante años.
El 23-F también consolidó un aprendizaje colectivo: la estabilidad prevalece sobre la deliberación cuando el sistema se percibe amenazado. El desarrollo autonómico se ralentizó temporalmente. La cultura política interiorizó que existía una instancia superior capaz de intervenir en última instancia. La democracia sobrevivió, pero bajo tutela.
Asimismo, atribuir a Juan Carlos un papel activo no implica imaginarlo dirigiendo cada movimiento táctico. Significa reconocer que alentó una maniobra concebida para reconfigurar el poder bajo su arbitraje. Su proximidad con Armada, el conocimiento del diseño gubernamental alternativo y la gestión calculada de los tiempos apuntan en esa dirección.
El fracaso de la operación no invalida su impulso inicial. Al contrario, explica la necesidad de una intervención pública para cerrar la crisis. Cuando el instrumento —Tejero— se volvió imprevisible y amenazó con desbordar el marco previsto, el rey actuó para preservar su posición y la estabilidad del régimen.
El 23-F no fue una anomalía aislada. Fue la expresión más visible de los límites con los que nació la democracia española. La Transición no desmontó el poder heredado; lo recondujo. Y cuando ese equilibrio se tambaleó, la Corona utilizó su ascendiente militar para forzar una corrección.
Revisar aquel episodio implica asumir que los mitos fundacionales pueden ocultar zonas de sombra. La imagen del monarca como héroe democrático fue eficaz, pero no necesariamente completa. Bajo esa fotografía existe otra historia: la de una operación concebida desde las alturas para reafirmar la centralidad de la Corona y delimitar el campo de juego político.
¿Amparó Juan Carlos al Elefante Blanco? Más que ampararlo, lo impulsó como herramienta para rediseñar el tablero. Cuando el plan se fracturó, lo sacrificó para preservar la institución. Esa doble dinámica —instigación y neutralización— explica tanto la crisis como su desenlace.
El 23-F consolidó el régimen del 78. Pero lo hizo dejando una lección persistente: el poder real no desaparece con la proclamación de una Constitución. Se adapta, se reconfigura y, llegado el caso, interviene. Entender ese mecanismo es imprescindible para comprender la historia política reciente de España.
La madrugada del 24 de febrero no fue el nacimiento de una democracia blindada por la monarquía. Fue el momento en que la monarquía consolidó su legitimidad a través de una crisis que ella misma contribuyó a activar. Ese matiz cambia por completo la lectura del episodio. Y obliga a mirar más allá del uniforme y el discurso para analizar las estructuras de poder que, desde entonces, han condicionado la vida política del país.
