Hay decisiones políticas cuyo verdadero alcance solo puede medirse con el paso del tiempo. En el momento en que se adoptan suelen suscitar dudas, debates e incluso críticas. Décadas después, sin embargo, los hechos hablan por sí solos. La creación de la Universidad de Castilla-La Mancha en 1985 pertenece a esa categoría de decisiones que terminan transformando la realidad mucho más de lo que sus impulsores podían imaginar. Cuarenta años después, resulta difícil entender la evolución económica, social y cultural de nuestra comunidad autónoma sin el papel desempeñado por su universidad pública.
No fue únicamente la creación de una nueva institución académica, sino una apuesta por la igualdad de oportunidades en una región que llegaba tarde a muchas conquistas del Estado del bienestar. Mientras otras comunidades contaban desde hacía siglos con universidades consolidadas, Castilla-La Mancha carecía de un sistema universitario propio, y miles de jóvenes tenían que abandonar su tierra para continuar sus estudios. Quien disponía de recursos podía marcharse a Madrid, Valencia, Salamanca o Murcia; quien no los tenía veía cómo sus aspiraciones quedaban condicionadas por la renta familiar.
La creación de la UCLM rompió esa dinámica. Por primera vez, miles de jóvenes pudieron estudiar una carrera sin abandonar su entorno. La universidad dejó de ser una posibilidad reservada a unos pocos para convertirse en una opción real para hijos e hijas de agricultores, obreros, comerciantes, empleados públicos y trabajadores autónomos. Ese cambio constituye, probablemente, el mayor éxito de la Universidad: mucho antes de hablar de rankings, la primera misión de una universidad pública consiste en garantizar el acceso al conocimiento en condiciones de igualdad.
No fue una iniciativa improvisada. La joven comunidad autónoma comprendió muy pronto que la construcción de un territorio moderno exigía mucho más que carreteras, hospitales o edificios administrativos: era necesario invertir en inteligencia, formar profesionales y crear una infraestructura científica capaz de sostener el desarrollo futuro. El Gobierno regional y su Consejería de Educación, a cargo del Dr. José María Barreda Fontes impulsó uno de los proyectos más ambiciosos de la autonomía, aunque sería injusto atribuir el mérito exclusivamente a un gobierno: la Universidad nació también del consenso institucional y de la convicción compartida de que Castilla-La Mancha no podía resignarse a depender siempre de otras comunidades para formar a sus médicos, ingenieros, juristas, maestros o investigadores.
Construir una universidad prácticamente desde cero exigió dotarla de identidad propia, atraer profesorado, organizar departamentos, poner en marcha laboratorios y servicios, y generar una cultura universitaria compartida entre provincias que hasta entonces habían vivido alejadas unas de otras. La Universidad no pertenecía únicamente a quienes trabajaban en ella; pertenecía a toda una sociedad que veía cómo el conocimiento dejaba de ser patrimonio exclusivo de los grandes centros urbanos.
La consolidación posterior fue posible gracias al trabajo continuado de quienes asumieron el Rectorado en las distintas etapas de la institución. Con Luis Arroyo Zapatero, la Universidad reforzó su estructura académica. Con Ernesto Martínez Ataz, afrontó la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior. Miguel Ángel Collado Yurrita dirigió la institución en años marcados por la crisis económica y la austeridad. Hoy, Julián Garde López-Brea encabeza una universidad consolidada, cuyos desafíos ya no pasan por crecer en tamaño, sino por fortalecer la excelencia científica y afrontar los cambios derivados de la inteligencia artificial.
Reducir cuarenta años de historia a la actuación de sus rectores sería injusto: la UCLM ha sido, ante todo, una obra colectiva. Miles de profesores e investigadores han formado generaciones de estudiantes; el personal técnico y de gestión ha sostenido silenciosamente su funcionamiento cotidiano; decanos y equipos de gobierno han asumido tareas que rara vez trascienden a la opinión pública. Y, por encima de todos, están los estudiantes, quienes dan sentido a la existencia de la universidad pública, generación tras generación.
El impacto de la UCLM se ha proyectado también sobre la economía regional. Ha sido motor de actividad en las ciudades donde se implantó, generando empleo directo e indirecto y dinamizando el comercio, los servicios y la vivienda. Allí donde se abrió una facultad no apareció solo un edificio, sino una comunidad de profesores, estudiantes, investigadores y familias que modificó la estructura económica y social del entorno. Ha contribuido, además, a cualificar el tejido productivo de la región, formando maestros, profesionales sanitarios, ingenieros, juristas y especialistas que han sostenido buena parte del desarrollo regional.
La investigación universitaria ha permitido, además, que buena parte del conocimiento generado en la región no tuviera que importarse de fuera, dando respuesta a problemas propios de Castilla-La Mancha: el agua, la agricultura, la energía, el patrimonio, el medio rural, la despoblación y la salud. Una universidad pública no debe vivir encerrada en sí misma; debe poner la inteligencia colectiva al servicio del bien común.
El impacto social ha sido igualmente decisivo. La UCLM ha democratizado las expectativas vitales de varias generaciones: en muchas familias, significó que el primer hijo o hija con estudios superiores no tuviera que marcharse definitivamente. Esa transformación se mide en conversaciones familiares, en aulas donde coincidieron estudiantes de orígenes sociales distintos, en mujeres que encontraron en la educación superior una vía de emancipación, y en jóvenes del medio rural que accedieron a profesiones antes lejanas.
La universidad cambió la estructura material de Castilla-La Mancha, pero también su autoestima. Una región sin universidad propia corre el riesgo de depender de otros para formar a sus profesionales, producir conocimiento e interpretar su realidad. La UCLM ayudó a romper esa dependencia: Castilla-La Mancha dejó de ser solo objeto de estudio para convertirse también en sujeto que piensa, investiga y decide.
Su contribución cultural merece consideración especial. La Universidad ha generado espacios de debate, publicaciones, congresos y proyectos de recuperación del patrimonio, conectando nuestras ciudades con redes académicas nacionales e internacionales.
En una comunidad extensa y marcada por desequilibrios territoriales, la UCLM ha desempeñado además una función de cohesión. Su modelo multicampus fue una decisión política de enorme importancia: llevar la universidad a distintas provincias y reconocer que la región solo podía construirse como proyecto compartido. Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Toledo, Talavera de la Reina y Almadén han funcionado como nodos de una red regional que ha unido realidades diversas y ha permitido que la idea de Castilla-La Mancha dejara de ser una abstracción para convertirse en una experiencia vivida.
Esa dimensión territorial es especialmente relevante hoy, cuando la despoblación amenaza la igualdad real. La presencia universitaria ayuda a fijar población joven, atrae actividad y ofrece razones para quedarse. Allí donde hay universidad, hay futuro organizado alrededor del conocimiento.
Desde una perspectiva de izquierdas, la historia de la UCLM ofrece una enseñanza clara: los derechos no se proclaman únicamente en las leyes, se construyen mediante instituciones públicas fuertes y orientadas a la igualdad. La universidad pública no es un gasto prescindible, sino una inversión colectiva en libertad y justicia social. Defenderla significa defender que el talento no puede depender del código postal ni de la cuenta corriente, y que la igualdad de oportunidades no existe si el Estado se retira o si la precariedad castiga a quienes enseñan e investigan.
La izquierda debe mirar a la universidad pública no con nostalgia, sino con ambición: hay que garantizar financiación estable, reforzar plantillas, rejuvenecer el profesorado y ampliar las becas, asegurando que la digitalización y la inteligencia artificial no abran nuevas brechas de desigualdad. La universidad del futuro debe ser más pública, más democrática y más territorial.
Durante cuarenta años, la UCLM ha demostrado que la igualdad no empobrece, sino que multiplica capacidades; que llevar servicios públicos al territorio no es dispersar recursos, sino sembrar futuro; y que invertir en educación transforma de manera profunda la vida de un pueblo, aunque no produzca resultados inmediatos para una estadística electoral.
Por eso, al mirar hacia atrás, la conclusión es evidente: la Universidad de Castilla-La Mancha cambió Castilla-La Mancha. La cambió porque permitió estudiar a quienes antes no podían, porque formó profesionales imprescindibles, porque generó conocimiento, cultura, empleo, autoestima y cohesión, y porque hizo más densa la democracia y más real la igualdad.
Pero la conmemoración de estos cuarenta años no debe ser un ejercicio complaciente: la mejor manera de honrar aquella decisión fundacional no consiste en convertirla en estatua, sino en prolongar su impulso. Hoy los desafíos son otros: la revolución tecnológica, la crisis climática, la despoblación y la defensa de la ciencia frente al ruido y la mentira. Castilla-La Mancha necesita más universidad pública, no menos.
La UCLM nació para corregir una injusticia histórica. Su tarea en las próximas décadas debe ser impedir que aparezcan nuevas injusticias bajo formas distintas: que ningún joven quede fuera por falta de recursos, y que ninguna generación tenga que elegir entre marcharse para aprender o quedarse renunciando a sus aspiraciones.
Hace cuarenta años, Castilla-La Mancha decidió que sus hijos y sus hijas tenían derecho a aprender sin pedir permiso a la geografía ni a la renta; decidió levantar aulas donde antes había distancia y bibliotecas donde antes había resignación. Hoy corresponde renovar aquel compromiso, porque una región que cuida su universidad pública cuida su porvenir. Cada beca, cada plaza docente, cada proyecto de investigación y cada estudiante que cruza la puerta de una facultad son una forma concreta de decir que la igualdad merece ser defendida. Y Castilla-La Mancha solo será verdaderamente libre si el conocimiento sigue siendo de todos.
