El pleno del Ayuntamiento de Guadalajara ha aprobado este viernes una moción que regula el acceso a dependencias municipales en los casos en los que los usuarios acudan con el rostro cubierto.
La iniciativa, presentada por Vox y modificada por una enmienda transaccional del Partido Popular, ha salido adelante con los 13 votos del equipo de Gobierno (PP y Vox) y el rechazo de los 12 concejales de la oposición (PSOE y Aike). El texto establece que los ciudadanos podrán acceder a edificios municipales con el rostro cubierto, pero deberán descubrirlo cuando sea necesario para proceder a su identificación en trámites administrativos o actuaciones que así lo requieran.
Durante el debate, el concejal de Vox, Víctor Morejón, ha defendido la propuesta como una medida «estrictamente administrativa» y ha asegurado que «no pretende valorar creencias ni extenderse a la vía pública». Morejón ha subrayado que «la clave no es la prenda, sino la imposibilidad de identificación» y ha insistido en que se trata de «una decisión de sentido común: en los edificios municipales, el rostro debe ser visible para garantizar la identificación, la seguridad y la igualdad de todos los ciudadanos».
Ha recalcado que «no hablamos de ideología, hablamos de orden administrativo y de asegurar el correcto funcionamiento de los servicios públicos».
Por su parte, el concejal del PP, Armengol Engonga, ha explicado que la enmienda transaccional presentada por su grupo «mantiene el fondo de la moción» pero elimina cualquier interpretación ideológica o religiosa. «No se trata de cómo viste nadie, sino de cómo debe funcionar la administración», ha afirmado Engonga, quien ha precisado que la identificación se exigirá «de forma puntual, proporcional y respetuosa» y solo cuando sea necesaria.
«Si no hace falta identificar a una persona, no se hará, pero cuando sea necesario, el Ayuntamiento debe poder comprobar la identidad», ha añadido.
Desde la oposición, la concejal y portavoz del Grupo Municipal Aike, Susana Martínez, ha criticado duramente la iniciativa, al considerar que puede generar discriminación hacia colectivos vulnerables. «Quieren señalar a mujeres por llevar burka y generar más barreras en servicios públicos», ha advertido, preguntándose si se pretende «poner un policía en cada equipamiento municipal».
En la misma línea, el concejal del PSOE, Ignacio de la Iglesia, ha asegurado que la moción «no responde a ningún problema real» en la ciudad y ha acusado al equipo de Gobierno de introducir «un discurso de odio». «Las instituciones están para garantizar derechos, no para dificultarlos», ha afirmado, criticando además el «blanqueamiento» de la propuesta por parte del PP. La propuesta incluye posibles excepciones por motivos de salud o seguridad laboral.
El pleno de marzo también ha aprobado la revisión anual del padrón municipal, que sitúa la población de Guadalajara en 94.176 habitantes a fecha 1 de enero de 2026, lo que supone un incremento de 706 personas respecto al ejercicio anterior. El equipo de Gobierno ha destacado el crecimiento sostenido de la ciudad y su diversidad demográfica, subrayando el papel del padrón como herramienta clave para la planificación de los servicios públicos.
En la misma sesión, se ha debatido la modificación de la Ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), cuya tramitación fue incluida por la vía de urgencia con el respaldo de PP y Vox. La propuesta, finalmente aprobada, contempla la ampliación de la moratoria en la aplicación de sanciones hasta el 31 de diciembre de 2027.
Desde el Gobierno municipal han defendido que se trata de una medida «responsable y basada en datos objetivos», apostando por un modelo más flexible que active las restricciones solo cuando los niveles de contaminación lo requieran. Por el contrario, los grupos de la oposición han criticado la urgencia del trámite, atribuyéndola a una falta de planificación y gestión.
Asimismo, el pleno ha aprobado una moción del Grupo Popular para instar a la paralización del cierre de la oficina de Correos situada en la avenida Eduardo Guitián.
El equipo de Gobierno ha denunciado la falta de información y ha reclamado alternativas para evitar la pérdida de este servicio. Por su parte, el PSOE ha cuestionado la iniciativa al considerar que responde más a una estrategia de confrontación política que a una solución efectiva, si bien ha coincidido en exigir garantías para que el eventual cierre no afecte a la calidad del servicio postal en la ciudad.
