La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha trasladado este miércoles a las comunidades autónomas en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que la adscripción al nuevo modelo de financiación autonómica será voluntaria.
Esto supone que las comunidades podrán decidir libremente si aplican el nuevo modelo o se quedan con el rendimiento que ofrece el vigente, según han explicado fuentes del Ministerio de Hacienda.
Según el Departamento que dirige María Jesús Montero, esa prerrogativa no es nueva y ya aparece en la actual Ley de Financiación aprobada en 2009 (disposición transitoria tercera).
Asimismo, la vicepresidenta del Gobierno también ha comunicado a los consejeros autonómicos presentes en el encuentro que se iniciará una ronda de reuniones bilaterales de carácter técnico para profundizar en un modelo que ya ha provocado el rechazo tanto en las regiones gobernadas por el PP como entre algunos dirigentes socialistas por haberse negociado previamente con ERC.
Tras esas reuniones con las comunidades, el Gobierno sacará a audiencia pública la ley orgánica y, posteriormente, en segunda vuelta, la volverá a aprobar el Consejo de Ministros y se remitirá al Congreso de los Diputados, donde espera contar con apoyo de la Cámara para que el nuevo modelo pueda entrar en vigor en 2027.
En conjunto, las comunidades autónomas contarán en el nuevo modelo con cerca de 21.000 millones de euros más que en el modelo vigente de cara al año 2027. Ese año, cuando se prevé que entre en vigor, el modelo aportará unos recursos de 224.507 millones de euros.
Aunque en un principio solo se había avanzado la voluntariedad en cuanto a la recepción de una parte del IVA que generen las pymes en los territorios, ahora las comunidades podrán decidir libremente si aplican por completo el nuevo modelo o se quedan con el rendimiento que ofrece el vigente -que fue aprobado en 2009-.
Los gobiernos regionales del PP han advertido de que el nuevo sistema de financiación autonómica está «precocinado», definiéndolo como «modelo Junqueras», en relación con el líder de ERC, y han llegado a amenazar con acudir a la Justicia en el caso de que este planteamiento se convierta en una ley orgánica.
También desde Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE, han calificado el modelo como «un chantaje de los independentistas catalanes, que lo único que buscan son privilegios», y han avisado de que el principio de ordinalidad que defiende Cataluña es «una línea roja» para el Gobierno castellanomanchego.
Sobre este asunto, la consejera de Economía y Finanzas de la Generalitat de Cataluña, Alicia Romero (PSC), ha admitido que el nuevo modelo de financiación beneficia a la región porque venía de una situación de «infrafinanciación», si bien ha recalcado que, con la nueva propuesta, «todo el mundo gana», por lo que ha negado que se trate de un acuerdo de «insolidaridad» o «desigualdad».
