El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros una renovación completa del sistema de seguimiento telemático de maltratadores, que afectará a todo el país, incluidas comunidades como Castilla-La Mancha. Entre las novedades, destaca que los nuevos dispositivos —principalmente tobilleras— estarán fabricados con materiales antivandálicos, tendrán baterías de mayor duración, sensores avanzados y podrán ser instalados en menos de 24 horas en cualquier punto del territorio nacional.
Así lo ha anunciado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo, en la que ha subrayado la importancia de reforzar un sistema que “tiene que funcionar con precisión y fiabilidad” para proteger a las víctimas de violencia de género y violencia sexual.
El nuevo contrato, que tendrá una duración inicial de tres años, contempla una inversión de más de 71 millones de euros, aunque podría alcanzar los 111 millones si se aplican las dos prórrogas previstas, lo que alargaría el servicio hasta cinco años. La contratación autoriza así el nuevo sistema integral de control telemático de medidas judiciales de alejamiento.
Más seguridad, mayor tecnología y nuevos protocolos
El acuerdo incluye la adquisición de hasta 17.660 dispositivos, con 2.000 unidades en stock permanente que deberán estar disponibles para su instalación en cualquier lugar del país —incluida Castilla-La Mancha— en menos de 24 horas. La ministra ha asegurado que con este margen de respuesta «esto nos va a permitir cambiar aquellos dispositivos que tengan manipulación o cualquier tipo disfunción en tiempo récord, un máximo de 24 horas».
Además de incorporar tarjetas eSIM no extraíbles, los nuevos dispositivos estarán equipados con pantallas reforzadas, sensores de movimiento y temperatura, y sistemas de geoposicionamiento independientes para evitar que el seguimiento se interrumpa si el agresor deja el teléfono móvil en casa. Las tobilleras, según ha destacado Redondo, son más fiables y menos manipulables que los brazaletes usados hasta ahora.
“Según nos indican los técnicos, es un dispositivo mucho más fiable, menos manipulable”, ha explicado la ministra. También se incluyen mecanismos de alerta por bluetooth entre el dispositivo del agresor y el de la víctima, añadiendo una capa de detección directa a las alertas de proximidad actuales.
Fortalecimiento de la estructura técnica y humana
El contrato prevé la creación de nuevos puestos especializados para reforzar el sistema Cometa, la plataforma que monitoriza los dispositivos. Entre las novedades, habrá una línea 900 exclusiva para víctimas, dos psicólogos para atender llamadas especializadas y un plan de contingencia ante cualquier fallo en el sistema.
También se incorporan puestos jurídicos y técnicos, y se duplicarán los coordinadores en la sala Cometa, con un equipo mínimo de 151 personas en plantilla. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género contará con acceso a los datos del sistema en tiempo real, además de asegurar la conexión con otras plataformas como VioGén o Lexnet.
Críticas por fallos y exigencia de responsabilidades
Este nuevo contrato se impulsa tras los fallos señalados por la Fiscalía General del Estado en su memoria de 2024, donde se advertía de disfunciones en el anterior sistema Cometa, que habrían derivado en sobreseimientos provisionales o sentencias absolutorias por falta de seguimiento adecuado.
Frente a estas críticas, Redondo ha recalcado que el Ministerio puso en marcha dos investigaciones —interna y externa— y pidió al CGPJ y a la Fiscalía General del Estado el envío de las sentencias implicadas, pero ha denunciado la falta de respuesta: “A fecha de hoy seguimos esperando esas sentencias, por lo tanto, creo que es importante tener en cuenta que han transcurrido unos meses y a fecha de hoy todavía estamos a la espera de esas sentencias absolutorias o esos sobreseguimientos”.
Impacto en Castilla-La Mancha
En comunidades como Castilla-La Mancha, donde el sistema de protección de víctimas de violencia de género es clave en zonas rurales con menor acceso a recursos inmediatos, las mejoras anunciadas supondrán un refuerzo crucial. La garantía de que los dispositivos podrán instalarse en 24 horas, independientemente del punto geográfico, o que las tobilleras resistirán mejor la manipulación, puede mejorar sustancialmente la protección a las víctimas en la región.
Además, el nuevo sistema incluye requisitos de control más estrictos para la empresa adjudicataria, que deberá remitir partes de intervención a juzgados, fiscalías y cuerpos policiales en menos de un día, y mantener un alto nivel de disponibilidad del servicio, bajo penalizaciones en caso de incumplimiento.
Transición y calidad
La empresa adjudicataria estará obligada a presentar, tres meses antes de la finalización del contrato, un plan de migración de usuarios y dispositivos, con supervisión de la Delegación del Gobierno. También se pondrá en marcha un sistema de control de calidad y un plan de contingencia integral, para garantizar que incluso en caso de caídas del sistema, el seguimiento a los maltratadores no se interrumpa.
Con este nuevo contrato, Igualdad busca responder con mayor eficacia y rapidez ante una de las violencias más graves y persistentes, asegurando que herramientas como estas sean una garantía real de protección para las víctimas.
